Juicio de los Cuadernos: revelan las maniobras de empresarios para extraer efectivo de la obra pública
El juicio de los Cuadernos de las Coimas expuso este jueves los mecanismos que habrían utilizado algunos de los empresarios investigados para extraer dinero en efectivo de los fondos destinados a la obra pública. Empleados de la ex-AFIP, hoy ARCA, declararon ante la fiscalía y describieron inconsistencias contables y la utilización de proveedores «no confiables» para blanquear salidas de dinero.
Uno de los testimonios clave fue el de Verónica Iglesias, una empleada de ARCA que trabajó sobre las anomalías en las firmas de contratistas del Estado durante el kirchnerismo. Iglesias, quien fue trasladada de jefa a asesora tras sus pesquisas, respondió a la fiscal Fabiana León sobre las implicancias de su cambio de puesto: “¿Implicó un retroceso en su carrera?”, indagó la fiscal. “Para mí…sí”, contestó Iglesias, dejando entrever las consecuencias de su labor.
El objetivo de la fiscalía, al citar a Iglesias y otros testigos, es iluminar las estrategias presuntamente diseñadas por empresarios como Juan Carlos de Goycoechea (Isolux), Carlos Wagner (Esuco), Angelo Calcaterra (SACDE, ex IECSA) o Juan Carlos Lascurain (Fainser), para disponer libremente del efectivo asignado a proyectos de infraestructura.
Las empresas, que a menudo conformaban Uniones Transitorias de Empresas (UTE) para obras específicas —como la Usina Termoeléctrica de Río Turbio adjudicada a Isolux en 2007 por más de 2000 millones de pesos, equivalentes a unos 670 millones de dólares—, recibían adelantos o pagos parciales del Estado. Posteriormente, contrataban a proveedores o subcontratistas que, según ARCA, eran «contribuyentes no confiables», emitiendo facturas de dudosa consistencia.
Los empleados de ARCA detectaron salidas de dinero sin contraprestación comprobada. Esto permitía a los empresarios reflejar en sus registros contables y fiscales estos movimientos como si fueran pagos comerciales ordinarios vinculados a la obra en curso, validando así el desvío de fondos.
María Marta Criscuolo, otra empleada de la ex-AFIP que participó en las pesquisas, relató un caso específico: “Nos informaron que la plata había sido derivada a través de un intermediario en Nueva York a la Banca Privada de Andorra. Hasta ahí llegó nuestra labor investigativa”. Criscuolo se refería a información del banco Santander Río sobre SACDE, la ex IECSA S.A., entonces propiedad de Angelo Calcaterra. Esta UTE estuvo a cargo del soterramiento del tren Sarmiento.
Criscuolo también detalló movimientos de compra de dólares en efectivo: “Nosotros lo que pudimos ver, a través de bases informáticas del organismo, es que la UTE -de IECSA- que en ese periodo había realizado operaciones de compra de dólares para tenencia. Nosotros circularizamos a la empresa y nos informaron que los dólares habían sido entregados a apoderados de la UTE en efectivo”. Y agregó: “Creo que había adquirido tres millones de dólares. No me acuerdo si habían sido en dos o tres operaciones de compra de dinero para tenencia”.
La ruta europea y la conexión Muñoz
El Principado de Andorra emerge como un punto recurrente en el expediente Cuadernos. La Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en la causa y representada por Mariano Galpern, reconstruyó que el fallecido exsecretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, creó una estructura societaria en este país para canalizar su fortuna.
Se acreditó que en septiembre de 2013, desde una cuenta en la Banca Privada de Andorra a nombre de Todisco (vinculada a Muñoz), se transfirió 1.000.000 de dólares a una cuenta de un estudio jurídico en Miami. Este dinero se utilizó posteriormente para la adquisición de un departamento en el exclusivo edificio Turnberry Ocean, evidenciando la ruta del dinero ilícito a través de paraísos fiscales.
