Conflicto en SanCor: acreedores buscan frenar la venta, anular la quiebra y apartar al juez Gelcich

Un importante consorcio de acreedores de SanCor, la histórica cooperativa láctea, lanzó una «ofensiva legal, institucional y social» con el objetivo de paralizar la venta de los activos de la empresa, solicitar la nulidad de la quiebra y lograr la remoción del juez que entiende en la causa. El grupo, que aglutina a 1066 productores, proveedores y extrabajadores, propone un plan de salvataje alternativo que busca transformar deudas en participación accionaria.

La presentación judicial incluye un pedido de juicio político ante la Corte Suprema de Santa Fe contra el juez en lo Civil y Comercial de Rafaela, Marcelo Gelcich, a cargo del concurso. El consorcio, representado por el Estudio Jurídico Dr. Regali & Asociados, denuncia diversas irregularidades en el proceso.

Apelación a la quiebra y plan de salvataje

Como primera medida, el consorcio interpuso una Medida Cautelar Autónoma de Prohibición de Innovar para frenar de inmediato el llamado a licitación forzada de las seis plantas industriales y el portafolio de marcas de SanCor. Recientemente, el juez Gelcich había establecido un precio mínimo de US$ 52,1 millones para la liquidación de estos bienes, que serían vendidos a través de licitaciones separadas.

Además, tramitan un Recurso Directo ante la Sala II de la Cámara de Apelaciones de Rafaela. En esta instancia, denuncian que el magistrado «clausuró arbitrariamente el tratamiento del Plan de Salvataje en la misma jornada en que dictó la quiebra, violando de forma flagrante las reglas de cómputo por una diferencia de apenas 14 minutos en el sistema informático», según explicó Aldo Regali, titular del estudio jurídico.

Regali argumenta que, bajo el esquema de quiebra actual, «el 87% de los acreedores no cobraría nada, y el restante cobraría entre un 20 y un 25% de su acreencia». El abogado señaló que esto dejaría «un hueco económico grosero en la zona y en la cadena de pago», afectando a productores con deudas de hasta $700 millones y proveedores con montos de $200 y $300 millones.

El consorcio sostiene que hubo un mal proceder en la declaración de la quiebra, ya que el artículo 230 de la Ley de Quiebras establece que, si el auto de quiebra está cuestionado, el síndico debería suspender las acciones liquidatorias. Al no obtener respuesta en el juzgado de Gelcich, debieron recurrir en queja ante la Cámara de Apelaciones.

La propuesta alternativa del consorcio, denominada «SanCor S.A.», plantea que «la salida no es el remate a precio vil». Este plan propone una nueva empresa con un 51% de capital privado, abierto a inversores nacionales y extranjeros para inyectar «dinero fresco destinado exclusivamente a capital de trabajo y encendido de calderas». El 49% restante estaría en manos de un Fideicomiso de Recuperación Productiva, donde «los trabajadores, tamberos y proveedores transforman sus deudas en participación accionaria, garantizando que la empresa quede en manos de quienes la forjaron». Regali enfatizó que, «caída la quiebra, la única presentación formal de rescate de la empresa es la nuestra, no hay otra».

Pedido de jury contra el juez Gelcich

Paralelamente, el estudio jurídico presentó un pedido de jury de enjuiciamiento para el juez Marcelo Gelcich ante la Corte Suprema de Santa Fe, aduciendo «irregularidades en el proceso».

«En la quiebra, la propia coadministradora, en una reunión que tuvimos hace un mes, según los números de ella, el 87% de los acreedores no cobraría nada, y el restante cobraría entre un 20 y un 25% de su acreencia. O sea, la quiebra deja el tendal de acreedores sin cobrar», sostuvo Aldo Regali en diálogo con Clarín Rural.

Entre los principales puntos de la denuncia, Regali acusa al magistrado de permitir una «tasación totalmente discrecional» de los bienes de SanCor, con una «subvaluación de activos» al omitir la intervención de peritos especializados. También denunció la supuesta operación de la firma SanCor Seguros utilizando la marca sin contratos de licencia o pago de regalías, lo que podría representar una suma millonaria y que no fue considerado por el juez.

Otro punto de relevancia es el incendio ocurrido hace dos semanas en la planta de Sunchales, que podría haber sido intencional y que, según el consorcio, derivó en una baja del 20% en la tasación de la fábrica. Finalmente, el pedido de jury incluye el rechazo arbitrario al plan de salvataje, violación a la Ley de Cooperativas, falta de transparencia en el proceso e «irracionalidad jurídica».