RIGI minero: la Nación exige un 20% de compre local, pero las provincias piden hasta el 90%
El Gobierno nacional impulsa el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como motor para concretar ambiciosos proyectos mineros en Argentina. Sin embargo, esta herramienta se encuentra con un escollo significativo: las legislaciones provinciales, que imponen requisitos mucho más exigentes en materia de compre y empleo local, generando una superposición de normativas que dificulta su aplicación.
Mientras el RIGI establece un plan con un mínimo del 20% de compras nacionales, las provincias donde se desarrollarían estas inversiones —estimadas en más de 50.000 millones de dólares en cobre, oro y litio hasta 2035— exigen pisos que oscilan entre el 50% y el 90% para proveedores y mano de obra local. Esta disparidad plantea una discusión de fondo sobre quién se beneficia de la enorme “torta” económica que representa el sector.
El mapa de exigencias provinciales
El panorama provincial es heterogéneo y muestra la complejidad del conflicto:
Santa Cruz: La provincia patagónica es un caso extremo con su Ley 90/10, aprobada por unanimidad el año pasado. Esta norma exige que el 90% de la mano de obra en industrias estratégicas sea de residentes provinciales con al menos seis años de antigüedad. Para proveedores, el piso es del 50% del monto anual total, y el gobierno de Claudio Vidal implementó el Registro Único de Proveedores de Actividades Económicas (RUPAE) para supervisar el cumplimiento. La paradoja es que estas reglas se aplican principalmente a proyectos maduros, protegiendo lo existente pero sin atraer nuevas inversiones de gran escala.
Mendoza: En el otro extremo, el gobierno de Alfredo Cornejo no tiene ley de compre local, argumentando que las cuotas de empleo o proveedores crean “fronteras artificiales” inconstitucionales. Aunque no tiene minas metalíferas en producción y su proyecto más relevante, San Jorge, es de menor volumen, su capital radica en una robusta red de pymes metalmecánicas y de servicios, desarrollada durante décadas por la industria petrolera, que podría volcarse hacia San Juan.
El “triángulo del litio” (NOA): Salta, Jujuy y Catamarca, provincias clave en la producción de litio, imponen exigencias significativas. Salta, con su Ley 8.164 de 2019, pide que los proveedores estén inscriptos en un registro provincial y establece umbrales de empleo local del 40% al 70%. Jujuy, bajo el gobierno de Carlos Sadir, creó el “Registro Provincial de Proveedores Locales de Productores Mineros” (Decreto-Acuerdo 290/24), exigiendo domicilio real en la provincia y porcentajes de empleo progresivos (40% al 70%). Catamarca, pionera en estas regulaciones, fijó a través de la Resolución 498/2014 un piso del 70% para bienes, obras y servicios con proveedores inscriptos localmente, y un 70% de empleo para originarios o residentes con al menos dos años de antigüedad.
San Juan: El gobernador Marcelo Orrego envió el 9 de junio a la Legislatura la “Ley de Desarrollo Local Minero”, que reemplaza una norma anterior que, según admiten en la provincia, nunca se aplicó. La nueva ley busca que el 80% de los trabajadores sean residentes sanjuaninos y el 60% de las compras anuales se destinen a proveedores locales, sin imponer cupos obligatorios, pero exigiendo planificación y rendición de cuentas. Un caso testigo que impulsó la urgencia fue la adjudicación de la ampliación del campamento Batidero del proyecto Vicuña (2.000 camas y 200 millones de dólares) a un consorcio liderado por la china PowerChina, junto a Beijing Chengdong y la santafesina RAFA S.A., lo que generó fuertes cuestionamientos de cámaras y proveedores locales.
El RIGI y la búsqueda de “armonización”
Frente a este complejo entramado de exigencias, el RIGI se presenta con un requisito más laxo: un plan de desarrollo de proveedores locales que contemple un mínimo de contratación nacional del 20%. Este porcentaje es de alcance nacional, no provincial, lo que las mineras interpretan como una oportunidad. Argumentan que no todas las provincias disponen de los proveedores necesarios, que las pymes locales no siempre cumplen los estándares internacionales exigidos por sus casas matrices y que hay dificultades para encontrar trabajadores capacitados. El pedido al sector político es unánime: un gran pacto entre gobernadores para unificar y bajar los criterios.
La palabra “armonización” cobró fuerza a fines de mayo en un congreso sobre la competitividad de la cadena de valor minera. Allí, la Unión Industrial Argentina (UIA) solicitó “armonizar las normas de compre local con el marco normativo que da el RIGI”, advirtiendo que la fragmentación “juega en contra” y encarece los proyectos. La UIA propone no solo bajar los pisos, sino generar condiciones para que los proveedores argentinos sean competitivos. En esta línea, la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN) sugiere un régimen similar al RIGI para el sector, que “permita la competencia y favorezca el entramado productivo del país”.
La presión también llegó al debate del “Super RIGI” en Diputados. Para conseguir el dictamen, el oficialismo aceptó incorporar una cláusula de “Compre Local” con al menos el mismo porcentaje (20%) que tiene el RIGI original, al que ya accedieron once proyectos mineros.
