Jorge Macri apeló la cautelar que frenó los desalojos en la Ciudad y apuntó contra el legislador “Pitu” Salvatierra
La política de “ley y orden” impulsada por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, encontró un freno la semana pasada luego de que la Justicia dictara una medida cautelar que ordena suspender los operativos de desalojo que lleva a cabo la Policía de la Ciudad. La administración macrista rechazó la resolución y ya apeló el fallo, anticipando que continuará con su estrategia para recuperar propiedades tomadas.
El martes pasado, el juez Roberto Gallardo, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°2, dictó una medida cautelar colectiva. Esta resolución intima al gobierno porteño a “abstenerse de adoptar o ejecutar medidas materiales o administrativas de evacuación, clausura material, tapiado, desocupación, restricción de acceso o impedimento de reingreso respecto de inmuebles de uso habitacional efectivo”.
El litigio se originó por un amparo individual tras el desalojo de una propiedad en la calle Montes de Oca al 1700. Sin embargo, la demanda fue ampliada con presentaciones de los legisladores porteños de Fuerza por Buenos Aires (PJ), Victoria Freire y Alejandro “Pitu” Salvatierra, junto con la Asociación Civil Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad. Ambos diputados solicitaron que se concediera carácter colectivo al proceso y se declarara la ilegitimidad de los desalojos impulsados por el jefe de Gobierno.
Tras la cautelar, Jorge Macri apuntó directamente contra Salvatierra y el juez Gallardo. “Para sorpresa de nadie, el juez Gallardo y el Pitu Tomatierras se pusieron de acuerdo para defender a los okupas y atacar la propiedad privada”, expresó el titular de Pro porteño en sus redes sociales. En el mismo mensaje, anticipó que mantendrá su política de desalojos, considerándola un activo de su gestión.
Para sorpresa de nadie, el juez Gallardo y el Pitu Tomatierras se pusieron de acuerdo para defender a los okupas y atacar la propiedad privada.
Si especulan que con este fallo absurdo van a frenar la política de recuperación de propiedades, les aviso que no entendieron nada y… pic.twitter.com/sgtG8zqEhp
— Jorge Macri (@jorgemacri) June 20, 2026
“Si especulan que con este fallo absurdo van a frenar la política de recuperación de propiedades, les aviso que no entendieron nada y están mirando otra película”, continuó Macri. La Procuración General de la Ciudad ya apeló el fallo y presentó un recurso de nulidad absoluta contra la resolución del juez, buscando el levantamiento urgente de toda prohibición sobre la política de desalojos.
Argumentos del Gobierno porteño y el rechazo a la cautelar
Desde la administración macrista, se considera que la decisión del juez Gallardo es “arbitraria y violatoria de principios constitucionales y de orden público”. Afirman que el fallo contradice el principio de propiedad privada, al paralizar los operativos de “devolución de inmuebles a sus legítimos propietarios”. “No nos da lo mismo que alguien usurpe y ocupe lo que no le pertenece, por más que un juez lo apoye con un fallo absurdo”, sostuvo Macri.
Según cifras oficiales, desde el inicio de su gestión en diciembre de 2023, el Gobierno de la Ciudad recuperó 840 inmuebles. Esta política de restitución de propiedades privadas es un pilar de la agenda de “ley y orden” que impulsa Macri, buscando reforzar una impronta más estricta de cara a los comicios de 2027, donde buscará su reelección.
La política de desalojos quedará en suspenso hasta una sentencia definitiva o una nueva resolución judicial. No obstante, el Gobierno de la Ciudad podrá intervenir en casos de riesgo edilicio inminente que pongan en peligro la vida o integridad física de los residentes.
Requisitos adicionales y la crítica a la “colectivización” del amparo
Además de suspender los desalojos, el fallo del juez Gallardo establece que, antes de cualquier operativo policial, el gobierno porteño deberá informar al tribunal en lo contencioso administrativo y tributario de turno sobre una serie de requisitos burocráticos. Entre ellos, se exige un informe técnico que especifique los riesgos advertidos, los sectores edilicios comprometidos y los motivos de la evacuación.
También se solicita un relevamiento socio habitacional individualizado y la intervención obligatoria del Ministerio Público Tutelar cuando el operativo involucre a menores de edad. “Estas exigencias desconocen los límites de la división de poderes y transforman a la Justicia en un órgano de auditoría operativa permanente sobre las políticas públicas”, señalaron desde la gestión de Jorge Macri.
En la sede de gobierno porteño también se rechaza la legitimidad de la decisión del juez de conceder carácter colectivo a un amparo individual. La defensa técnica de la administración macrista denunció que el reclamo de los residentes del inmueble de la calle Montes de Oca al 1700 se colectivizó “de forma irregular”.
“El magistrado [Gallardo] admitió de forma irregular la incorporación de agrupaciones civiles y legisladores identificados con el kirchnerismo como Victoria Freire y Alejandro ‘Pitu’ Salvatierra. Esto transformó un reclamo particular en una acción colectiva abstracta sobre la práctica de los desalojos”, indicaron.
El cruce entre Macri y Salvatierra en redes
Salvatierra, uno de los dirigentes más críticos de los operativos de desalojo del Gobierno porteño, ya se había cruzado en redes sociales con Jorge Macri por el operativo policial en un edificio de la calle Cochabamba al 2600, ocupado desde hace 20 años. Este fin de semana, tras el fallo judicial, volvieron a enfrentarse en la plataforma X.
Luego de que el jefe de Gobierno lo acusara de “defender a los okupas”, el legislador de Fuerza por Buenos Aires arremetió contra Macri. “Lo que dice la Justicia es que no puede actuar como juez y desalojar a las familias usando la excusa de riesgos de derrumbe”, afirmó. Puntualizó que, en caso de peligro edilicio, se deben presentar informes técnicos y protocolos que avalen la intervención, y que, “si hay un conflicto con la tenencia de un inmueble, tiene que solicitar la intervención judicial”.
¿Usted se cree Emperador?
La justicia dice que no lo es.Señor Jefe de Gobierno: Acá los que se ponen de acuerdo con los jueces son los Macri, sino su primo estaría preso por contrabando y usted por lavado de dinero (causa que esta pisada por la justicia cómplice).
— Pitu Salvatierra (@SalvatierraPitu) June 20, 2026
Y agregó: “Ley y orden es que en democracia cada funcionario cumpla su rol. Usted no es un Emperador, es un jefe de gobierno y debe respetar la división de poderes”.
