Caso $LIBRA: dos entidades piden indagar a Milei por negociaciones incompatibles con la función pública
Horas después de que el lobista Mauricio Novelli solicitara la exclusión de los inversores afectados de la “causa $LIBRA”, dos entidades reconocidas como “amicus curiae” en el expediente penal pidieron al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que cite a indagatoria al presidente Javier Milei. La solicitud se basa en la presunta comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) argumentaron que la Justicia debe avanzar sobre la actuación presidencial, incluso si persisten medidas de prueba pendientes relacionadas con la trazabilidad del dinero. Estas últimas se encuentran demoradas por limitaciones técnicas y presupuestarias del Ministerio Público Fiscal.
“A fin de evitar la prolongación de demoras innecesarias, se solicita que se deslinde el objeto procesal, a fin de preservar la investigación penal relacionada con la eventual participación del Sr. Presidente de la Nación ante la hipótesis de configuración del delito de negociaciones incompatibles con la función pública”, señalaron Inecip y Cipce en un escrito firmado por sus directores, Julián Alfie y Pedro Biscay.
El planteo de las entidades se apoya en estándares de celeridad procesal y en compromisos internacionales de Argentina en la lucha contra la corrupción, que imponen una “debida diligencia reforzada” para evitar dilaciones que puedan llevar a la impunidad. Según Inecip y Cipce, se han reunido “múltiples elementos probatorios sobre la razonabilidad de citar a prestar declaración indagatoria” al jefe de Estado, evidencias que, afirman, sostienen la hipótesis de un interés directo del Presidente en negocios privados vinculados a tecnologías de criptoactivos.
La postura de los querellantes y la defensa
La presentación de los “amicus curiae” deberá ser evaluada por el fiscal federal Eduardo Taiano y el juez Martínez de Giorgi. Este pedido surge luego de que Novelli solicitara la exclusión del expediente de los inversores que habían sido aceptados como querellantes. Argumentó que, transcurridos más de 15 meses desde el inicio de la investigación, no lograron acreditar una estafa ni su condición de víctimas.
Novelli planteó una “excepción de falta de acción”, al afirmar que la investigación judicial “se ha convertido en un intento vano de transformar ex post una pérdida especulativa en una maniobra defraudatoria, sin identificar una falsedad concreta, un error típico o una víctima afectada patrimonialmente mediante engaño”. Según el lobista, durante el último año y medio no se logró identificar “una sola afirmación objetivamente falsa” atribuible a él, a Hayden Davis, Manuel Terrones Godoy o al presidente Milei, entre otros.
Para Inecip y Cipce, sin embargo, esa interpretación es incompatible con la evidencia reunida hasta el momento, que —indicaron— surge de informes técnicos, peritajes sobre dispositivos electrónicos, registros de comunicaciones y otras fuentes incorporadas al expediente.
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El tuit de Milei con Hayden Davis del 30 de enero de 2025, 15 días antes del lanzamiento de $LIBRA
Evidencias que complican al Presidente
Los amicus curiae argumentaron que la intervención del Presidente en la gestación y lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, el 14 de febrero de 2025, mediante un posteo en su cuenta de la red social X, “no se habría limitado a la mera reproducción de información de acceso público, sino que podría haber implicado un grado de vinculación o conocimiento previo que debe ser esclarecido en el marco de la presente investigación”.
Entre los elementos mencionados figura un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Datip). Este analizó metadatos de una imagen hallada en el teléfono de Novelli con la frase en inglés “hola muchachos, este es el acuerdo final tal como se discutió con H.””. Según los amicus, ese texto detallaba un acuerdo por unos US$ 5 millones que incluía un pago atado a que Milei anunciara como su asesor a Hayden Davis en la red social X y otro por la firma del presidente y el estadounidense de un contrato de asesoramiento en blockchain e inteligencia artificial para el Gobierno.
Otro informe mencionado por los “amicus curiae” es de la Superintendencia de Investigaciones Federales (Dirección General de Cibercrimen) de la Policía Federal, que concluyó que $LIBRA tuvo “un origen único” en la red Solana, con una asignación inicial concentrada en una sola dirección. Esto, según las entidades, evidenciaría un “control primario absoluto” por parte de un actor no identificado.
A partir de ese dato, Inecip y Cipce sostuvieron que la dirección del contrato difundida por Milei el 14 de febrero no se encontraba disponible previamente en circuitos públicos. Esto, según plantearon, constituye un indicio de acceso anticipado a información relevante, lo que refuerza la necesidad de avanzar sobre las responsabilidades del presidente y, en otras palabras, llamarlo a indagatoria.
