Conflicto de poderes: la Suprema Corte suspendió el freno a los aumentos de sueldo en General Alvear
Un escándalo político que involucra aumentos de sueldo, vetos y decretos en el municipio de General Alvear, en el interior de la provincia de Buenos Aires, escaló hasta la Suprema Corte bonaerense. El máximo tribunal provincial aceptó un recurso por “conflicto de poderes” presentado por el intendente Ramón «Tito» Capra y, como primera medida, suspendió la ordenanza que frenaba los incrementos salariales para él, su gabinete y los concejales.
La controversia se originó en marzo, cuando el intendente radical Capra acordó un aumento del 10% en cuatro tramos para los 519 empleados municipales, incluyendo a los doce concejales. Tras efectuarse los dos primeros pagos del 2,5% cada uno, un grupo de nueve concejales —cinco peronistas, tres de Nuevos Aires y uno de Potencia—, superando a los tres ediles radicales, aprobó la Ordenanza N°2685.
La ordenanza de la polémica y el veto del intendente
La normativa sancionada establecía que «El intendente municipal, los concejales y todos los funcionarios de planta política no alcanzados por la Ley 14656 no recibirán incremento alguno», congelando sus salarios hasta octubre. Además, la ordenanza fijaba topes para los sueldos de los cargos del gabinete, estableciendo que los Secretarios de Hacienda, Gobierno, Salud y Obras y Servicios Públicos percibirían un 40% del sueldo del intendente municipal.
También se determinaba que el contador del municipio cobraría el 35% del salario del jefe comunal, mientras que el Tesorero y el Jefe de Compras Municipales percibirían el 30%. La ordenanza también limitaba la facultad del Ejecutivo de otorgar bonificaciones. Actualmente, el intendente Capra cobra unos $5,2 millones, y los concejales, aproximadamente $1,7 millones por mes.
Capra, quien se defendió ante la consulta de Clarín, argumentó:
«Estoy en la gestión hace ocho años y antes estuve doce como presidente del Concejo. Siempre hemos establecido los aumentos para los empleados municipales de esta manera. Llegué en 2017, tenía 542 empleados y ahora, con más servicios, somos 519».
El intendente vetó la ordenanza, pero el Concejo Deliberante, con su mayoría opositora, insistió en la medida. Ante esta situación, Capra decidió recurrir a la Suprema Corte bonaerense, aduciendo que la decisión del Concejo afectaba el salario de los jubilados y que «Esto no es un cogobierno».
La resolución de la Suprema Corte bonaerense
La Suprema Corte, integrada por los jueces Hilda Kogan, Daniel Soria y Sergio Torres, resolvió aplicar el artículo 261 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Ordenó la suspensión de los efectos de las ordenanzas cuestionadas, la N°2685/26 y la N°2687/26, «hasta tanto se dicte resolución definitiva en este conflicto».
Los concejales opositores, por su parte, acusan al intendente de copiar argumentos de aumento del municipio vecino de Tapalqué y sostienen que su ordenanza «sólo estableció una excepción que no desfinancia la economía municipal». Además, argumentan que la motivación fue contundente «ante el estado de precariedad de los salarios del personal municipal, ante las cifras exuberantes que cobran los funcionarios municipales, con más los sobresueldos disfrazados de ‘Bonificaciones por cargo y/o función'». Consideran que el intendente «sigue generando una brecha injusta, llegando a violentar el principio de ‘igual remuneración por igual tarea’ consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional».
Con la suspensión de la ordenanza, el presidente del Concejo Deliberante, el peronista Alberto Alaníz, deberá ahora contestar la demanda y exponer los argumentos por los cuales aprobaron e insistieron con las polémicas ordenanzas ante el máximo tribunal provincial.
