Decomiso de bienes: la Justicia espera informes del Banco Galicia por los US$ 5 millones de Florencia Kirchner
La Justicia aguarda un informe clave del Banco Galicia sobre los US$ 5 millones de Florencia Kirchner, dinero que fue secuestrado en la causa Hotesur. Este paso es fundamental para avanzar en el decomiso de esos fondos, en el marco del proceso de ejecución patrimonial de la causa Vialidad que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2).
Mientras tanto, la expresidenta Cristina Kirchner y sus hijos buscan detener este proceso ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, en Comodoro Py sostienen que el recurso presentado no suspende la decisión ya ratificada de comenzar a ejecutar los bienes de los nueve condenados para cubrir el millonario fraude.
El camino hacia el decomiso y el monto del fraude
El TOF 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, es el responsable de ejecutar la pena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, que pesa sobre Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López y Nelson Periotti, entre otros. La sentencia, confirmada por la Corte Suprema el 14 de junio de 2025, implica no solo la privación de la libertad y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, sino también el decomiso de bienes.
Este último mecanismo busca recuperar los 685.000 millones de pesos fijados como monto del fraude, ocasionado a través de 51 licitaciones direccionadas, con irregularidades, sobreprecios promedio del 65% y circuitos exclusivos de pago para el Grupo Austral.
Hace veinte días, la Cámara de Casación dejó firme la orden del TOF 2 de noviembre pasado: avanzar en el decomiso de 111 bienes muebles e inmuebles identificados por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Aunque la defensa de la familia Kirchner interpuso una queja ante el máximo tribunal para suspender la ejecución patrimonial, la Justicia considera que esto no frena la decisión ya tomada.
Bienes bajo la mira: de propiedades a millones en efectivo
El juez Rodrigo Giménez Uriburu, en su rol de presidente del TOF 2, exigió informes a diversos organismos como el Registro de la Propiedad Inmueble sobre un total de 141 propiedades, en su mayoría pertenecientes a Cristina Kirchner y Lázaro Báez. El Ministerio Público Fiscal solicitó el decomiso de 141 inmuebles (13 de sociedades de la familia Kirchner y 128 vinculados a Lázaro Báez) y 46 automotores.
Entre los bienes a decomisar, los fiscales Luciani y Mola reclaman los 4.664.000 dólares de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, 992.134 dólares de la caja de ahorro del Banco Galicia, y 53.280,24 pesos. Este dinero, según la justicia federal, la familia Kirchner “nunca logró justificar” su origen lícito. Corresponde a fondos secuestrados en la causa Hotesur, donde Cristina y Máximo Kirchner están procesados y enviados a juicio oral por asociación ilícita y lavado de activos.
El TOF 2 estableció un criterio central para el decomiso: todo aquello que los condenados incorporaron a sus patrimonios entre 2003 y 2015, período en que se desarrolló la maniobra defraudatoria, será factible de ser ejecutado. En esta segunda tanda de bienes identificados, se suman el hotel Alto Calafate, el departamento de San José 1111 propiedad de la inmobiliaria Los Sauces SA, la residencia de Río Gallegos y la casa de El Calafate, entre otros.
El objetivo: recuperar activos y reparar el daño social
El objetivo central es cubrir la cifra de 684.990.350.139,86 pesos fijada por los peritos contables de la Corte, que el fiscal Luciani calificó como “la defraudación colosal a la Administración pública”. A su criterio, muchos de los condenados “registran fortunas de una opulencia irrazonable y una magnitud desproporcionada como para, por lo menos, comenzar el complejo proceso de recupero de activos provenientes de los actos de corrupción que cometieron durante 12 años”.
“Para la sociedad argentina —cuyos intereses generales este Ministerio Público Fiscal representa—, es fundamental que la Justicia exija el acatamiento estricto de la ley a todas las personas por igual. En otras palabras, para desterrar definitivamente la impunidad de los corruptos, es imprescindible que se empleen todos los mecanismos legales tendientes a recuperar los activos provenientes de los delitos”, argumentó el fiscal Diego Luciani.
La Cámara de Casación, al ordenar la ejecución patrimonial de 111 inmuebles, fue determinante al sostener que el decomiso “no sólo busca recuperar activos, sino también expresar de manera clara que quienes se beneficiaron de una maniobra ilícita no pueden conservar, ni directa ni indirectamente, las ventajas económicas obtenidas”. Esta decisión, que fue respaldada por los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, allana el camino para nuevas decisiones sobre más propiedades de Cristina Kirchner, principal condenada en este expediente.
