Caso Santos: a 36 años del ingeniero que mató a dos ladrones y desató un debate nacional

El mediodía del sábado 16 de junio de 1990, hace exactamente 36 años, un suceso en Villa Devoto conmocionó a la opinión pública argentina y encendió un profundo debate sobre la justicia por mano propia. El ingeniero Horacio Santos, de 42 años y padre de cuatro hijos, persiguió y asesinó a dos ladrones que le habían sustraído el pasacassette de su Renault Fuego.

Santos había acompañado a su esposa, Norma López, a comprar zapatos en una galería cuando la alarma de su vehículo sonó. Al acercarse, vio la ventanilla rota y a dos hombres huyendo con el estéreo. Uno de ellos, según relató Santos, le dedicó una sonrisa burlona, lo que desató su furia. El ingeniero, quien afirmó haber sido víctima de robos similares en al menos doce ocasiones, decidió perseguirlos.

La persecución se extendió por casi 20 cuadras, desde la calle Pedro Morán hasta Campana. Santos, con su esposa a bordo, siguió a los ladrones que se movilizaban en un Chevrolet dorado 74. Al alcanzarlos, les exigió que devolvieran el pasacassette. En ese momento, uno de los delincuentes se agachó dentro del auto, lo que, según la versión de Santos y el posterior análisis judicial, generó el temor de su esposa, quien gritó: “¡Nos van a matar!”.

Fue entonces cuando Santos, cubriendo a su esposa, tomó un revólver calibre 32 que guardaba en la guantera y disparó dos veces. Ambos ladrones, Osvaldo Aguirre, de 29 años, y Carlos “Pollo” González, de 31, recibieron un balazo en la cabeza y murieron en el acto. Se supo después que ninguno de los delincuentes portaba armas en ese momento. Santos, según sus familiares, practicaba tiro federal debido a su preocupación por la seguridad tras repetidos robos.

El debate público y la ley de la selva

El “caso Santos” rápidamente se convirtió en un emblema de la discusión sobre la legítima defensa y la justicia por mano propia en Argentina. Las opiniones se dividieron entre quienes lo consideraban un “justiciero” y aquellos que lo veían como un asesino.

El entonces juez de instrucción, Luis Cevasco, comparó el caso con el de Bernhard Goetz, el “justiciero del subte” de Nueva York, un ingeniero que en 1984 había disparado a cuatro adolescentes que intentaron asaltarlo, aunque sin matarlos. Goetz fue absuelto de intento de homicidio en 1987, pero condenado por posesión ilegal de armas. Sin embargo, Cevasco minimizó el paralelismo, mientras que el abogado defensor de Santos, Eduardo Gerome, sostuvo que su cliente actuó “bajo circunstancias de ánimo muy especiales” y con la “voluntad alterada”, no como un justiciero.

Incluso el presidente Carlos Menem intervino en la polémica, expresando en el programa Tiempo Nuevo con Bernardo Neustadt su postura jurídica en contra de la acción, pero admitiendo que “hay que estar adentro de esa persona” para entender su reacción. Desde los Tribunales, se advirtió sobre el peligro de que este tipo de acciones “cunda”, lo que llevaría “sin remedio a la ley de la selva”.

Peritajes, condena y giro judicial

Tras los hechos, Santos fue detenido por homicidio. Pasó una semana en la cárcel de Caseros y luego fue trasladado al Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) por un bypass preexistente, donde permaneció tres semanas. El 21 de junio, el Cuerpo Médico Forense (CMF) emitió un informe psiquiátrico que concluyó que Santos había sufrido una momentánea “alteración morbosa de las facultades”, un elemento clave en el desarrollo posterior de la causa.

A pesar de la inicial reticencia del juez Cevasco, quien luego dejó su puesto, su sucesor, Julio Sagasta, sobreseyó a Santos. Sin embargo, esta decisión fue revocada en segunda instancia, llevando el caso a un juicio prolongado. Durante este tiempo, Norma López, la esposa del ingeniero, defendió a su marido, asegurando a LA NACION que él “confía ciegamente en la Justicia” y que “no es una persona violenta”.

El juicio se extendió por casi cinco años. En 1994, Santos fue condenado a 12 años de prisión por homicidio simple reiterado. No obstante, en 1995, la Sala I de la Cámara del Crimen modificó la calificación legal a exceso en la legítima defensa. Los jueces interpretaron que el ingeniero había malinterpretado la acción del ladrón de agacharse para tomar el estéreo. La pena fue reducida drásticamente a tres años de prisión en suspenso, y Horacio Santos nunca volvió a prisión.

Años después, Santos se mudó con su familia a Nordelta, rehízo su vida y nunca más portó un arma ni concedió entrevistas. A su abogado le confesó el peso de las dos muertes:

“Para qué cuernos la habré tenido. Estoy cargando con dos muertes, y eso es algo muy conmocionante que me ha dejado muy mal, por más justificativos que tenga. Es una situación en la que no habría querido estar nunca”.