Semillas: el Gobierno impulsa un nuevo protocolo y busca consenso para la Ley
El Gobierno nacional ha puesto en marcha un nuevo protocolo para el control de semillas, una medida que busca dinamizar el sector agropecuario. Esta iniciativa, que comenzó a implementarse esta semana, implica la eliminación de ciertas trabas vinculadas a la patentabilidad de eventos biotecnológicos, un reclamo histórico de la industria.
Paralelamente, el Poder Ejecutivo ha convocado a una mesa de negociación que reúne a representantes de entidades rurales y empresas semilleras. El objetivo central de este diálogo es avanzar en la formulación e impulso de una nueva Ley de Semillas, una normativa largamente esperada que regule la propiedad intelectual y el uso de las variedades vegetales. Además, la agenda incluye la adhesión de Argentina a UPOV 91, el convenio internacional para la protección de las obtenciones vegetales.
La eliminación de las trabas a la patentabilidad de eventos biotecnológicos representa un paso significativo para el sector semillero, ya que podría fomentar la inversión en investigación y desarrollo de nuevas variedades. Hasta ahora, la coexistencia de normativas sobre patentes y la Ley de Semillas vigente generaba incertidumbre jurídica y complejizaba la comercialización de germoplasma con tecnologías avanzadas.
La mesa de negociación es crucial para lograr un consenso amplio sobre la futura Ley de Semillas. Las diferencias entre productores agropecuarios y empresas semilleras persisten desde hace años, principalmente en lo que respecta al pago de regalías por el uso propio de la semilla y la protección de los derechos de obtentor. El Gobierno busca mediar en estas posturas para lograr una legislación que equilibre los intereses de todos los actores de la cadena.
El debate por la propiedad intelectual y UPOV 91
Uno de los puntos más sensibles en la discusión es la adhesión de Argentina al acta de 1991 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91). Este marco internacional establece un sistema de derechos de propiedad intelectual para las nuevas variedades de plantas, otorgando a los obtentores un derecho exclusivo sobre su material de propagación. Si bien la adhesión es vista por la industria semillera como un paso fundamental para incentivar la innovación y atraer inversiones, algunos sectores rurales expresan preocupación por el impacto que podría tener en el derecho de los agricultores a guardar y reutilizar parte de su cosecha como semilla para la siembra de la campaña siguiente.
La redacción de una nueva Ley de Semillas deberá contemplar estos aspectos, buscando un equilibrio entre la protección de la propiedad intelectual y la sustentabilidad productiva. El desafío del Gobierno será construir un marco normativo que modernice la legislación actual, fomente el desarrollo tecnológico y garantice la competitividad del agro argentino en el contexto internacional.
