El «dilema» de Milei con Manuel Adorni: la «moral como política de Estado» y las causas judiciales
La reciente declaración del presidente Javier Milei sobre la “moral como política de Estado” durante la apertura de sesiones ordinarias cobra una relevancia particular en el contexto de la situación judicial que atraviesa Manuel Adorni, jefe de Gabinete. Aunque la filosofía detrás de este concepto presidencial podría haber pasado desapercibida, se postula como un posible argumento para la cúpula libertaria a la hora de sostener al funcionario en su cargo, a pesar de que sus problemas legales le impiden ejercer plenamente sus funciones.
En el ideario libertario, la ética en el poder público se distancia de la transparencia tradicional, anclándose en una moral de la propiedad y el mercado. Bajo esta perspectiva, la libertad individual para el desarrollo económico es primordial, incluso si implica prácticas como monopolios, competencia desleal o negocios turbios. En este marco, la evasión fiscal no parece ser un obstáculo, lo que se refleja en la promoción de la ley de inocencia fiscal que ha beneficiado a más de 5 mil expedientes penales por no pago de impuestos.
Manuel Adorni, según se desprende de la información, encaja en la figura de “evasor”. El propio funcionario reconoció haber poseído cientos de miles de dólares no declarados al asumir como secretario de Comunicación y Medios en diciembre de 2023, y tampoco lo hizo posteriormente. Esta admisión surge ahora, en un momento en que la Justicia lo investiga por presuntas dádivas y enriquecimiento ilícito, causas que han involucrado seriamente a su esposa, Bettina Angeletti.
Numerosos testimonios dan cuenta de una vida austera por parte de Adorni y Angeletti en sus trabajos previos al ingreso en la función pública. En este sentido, Hernán Reyes, dirigente de la Coalición Cívica, sostuvo semanas atrás en una columna de opinión:
“La de Milei es una moral privada, económica e individual. Una moral que piensa la libertad frente al Estado, pero no el modo en que debe ejercerse el poder. Una moral que desconfía de la intervención pública, pero que no desarrolla una ética republicana capaz de limitar la corrupción o los conflictos de intereses, ni controlar y transparentar a quienes gobiernan”.
El “Adornigate” y la postura presidencial
La situación de Adorni nunca pareció generar conflicto en el seno del Gobierno, ni para el Presidente ni para Karina Milei, a pesar de que el funcionario no cumplió su promesa de asumir como legislador de la Ciudad de Buenos Aires, cargo para el que fue electo en los comicios de 2025, optando en cambio por la jefatura de Gabinete. Este episodio, conocido como el “Adornigate”, erosionó la figura presidencial durante 100 días, dejando al Gobierno sin una voz clara y sin un jefe de Gabinete plenamente operativo.
Lejos de solicitar su renuncia, Milei movilizó a todo su gabinete y a los legisladores de La Libertad Avanza para respaldar a Adorni en su primer informe de gestión ante el Congreso. Posteriormente, el caso tomó ribetes aún más complejos, con la aparición de dos jubiladas que supuestamente le prestaron a Adorni casi el valor total del departamento que le vendieron, a un año y sin intereses. También se mencionaron dos expolicías que le facilitaron una hipoteca de cien mil dólares y una escribana que admitió haber realizado varias operaciones con Adorni en poco tiempo, explicando que “le llegó todo de golpe”. A esto se suma el testimonio de un contratista que detalló haberle pagado en efectivo 245 mil dólares para reciclar una casa en un country y luego fue contactado para “acomodar” su declaración ante la Justicia.
Si bien casos previos como el de $LIBRA y ANDIS con audios atribuidos a Diego Spagnuolo generaron controversia, se presume que las sospechas de corrupción sobre la administración Milei impactaron con mayor fuerza a partir del “Adornigate”. Se espera que, hacia fin de año, se pueda constatar si este caso también afectó las posibilidades de un referente cercano a los Milei de aspirar a la jefatura del Gobierno porteño.
La Justicia en la mira: el rol del juez Lijo
Ahora, el caso está en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita. La situación de Lijo es particular, ya que ha sido postulado por el actual Gobierno para integrar la Corte Suprema de Justicia. Además, comparte una estadía en París con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien ha sido señalado como operador y una suerte de “abogado” de los Milei. Este contexto añade una capa de complejidad al proceso judicial, si bien un sector importante de la sociedad ya habría dictado su propia “sentencia” mucho antes del pronunciamiento de la Justicia.
