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Caso Río Turbio: La Corte confirmó la condena a 4 años del industrial Juan Carlos Lascurain y debe ir a la cárcel

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a cuatro años de prisión para el empresario Juan Carlos Lascurain, quien ejerció la presidencia de la Unión Industrial Argentina (UIA) entre 2008 y 2010. La misma resolución alcanza al asesor Juan Marcelo Vargas, ambos involucrados en el desvío de fondos públicos destinados a la construcción de una ruta de acceso a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), en Santa Cruz, a fines de 2015.

En contraste, el máximo tribunal también ratificó la absolución del excoordinador de YCRT, Miguel Ángel Larregina, quien había sido imputado en la misma causa. La decisión de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se tomó mediante el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, desestimando los recursos presentados por las defensas de Lascurain y Vargas, así como el de la fiscalía contra la absolución de Larregina resuelta por la Cámara Federal de Casación Penal.

Las implicancias de la condena firme

La condena del exintendente de Río Turbio, Atanacio Pérez Osuna, quien ya se encuentra detenido, había sido confirmada por la Corte en 2021 debido a falencias formales en la presentación de su recurso. Con esta nueva resolución, el tribunal oral que dictó las sentencias en 2019 había dispuesto que todos los implicados debían ingresar a prisión una vez que la condena quedara firme. Además, se ordenó la restitución del dinero desviado más los intereses, una suma que ascendía a unos 50 millones de pesos a valores de 2015. Por lo tanto, Juan Carlos Lascurain debería ingresar a prisión para cumplir su pena.

Este caso representa el primer juicio oral por presuntas irregularidades en YCRT. Existe otro proceso judicial pendiente, ordenado por el desvío de fondos que superan los 264 millones de pesos, destinados a obras en la mina de carbón de Río Turbio. Esta causa involucra a exfuncionarios, entre ellos el exministro de Planificación Julio De Vido, y fue el motivo por el cual De Vido perdió sus fueros en 2017 y fue detenido por primera vez. La investigación se centró en el desvío de fondos para la construcción de 7 kilómetros de la “Avenida de los Mineros” entre Río Turbio y 28 de Noviembre, obra que nunca se ejecutó.

El entramado de la causa por peculado

La empresa encargada de realizar la obra era Fainser S.A., propiedad de Lascurain y presidida por Romina Mercado, sobrina de la expresidenta Cristina Kirchner e hija de la exgobernadora Alicia Kirchner. Durante el juicio oral de 2019, el Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Germán Andrés Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero (los mismos que juzgan el caso de los Cuadernos de las coimas), dio por probado que Pérez Osuna, Larregina, Vargas, Horacio Matías Mazú (fallecido intendente de Río Turbio) y Lascurain participaron en la sustracción de fondos públicos.

Los fondos, provenientes de Yacimientos Carboníferos Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios de Punta Loyola y Río Gallegos, fueron desviados a Fainser S.A. a través del pago de tres cheques. Dos de estos cheques fueron librados el 30 de noviembre y el restante el 9 de diciembre de 2015, en la víspera del cambio de gobierno nacional. En su defensa, Lascurain reconoció haber cobrado el anticipo, argumentando que lo destinó a la contratación de personal y la puesta en marcha de la futura obra. Por su parte, Pérez Osuna sostuvo que “hubo una decisión política de este gobierno de no querer hacer esta obra”.

Los jueces condenaron a los acusados por el delito de peculado, imponiendo la pena de cuatro años de cárcel a Lascurain, Pérez Osuna, Larregina (cuya absolución fue posterior), el fallecido Mazú y Vargas. También se ordenó la devolución del dinero. En 2023, la Cámara Federal de Casación Penal, con las firmas de los jueces Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques, confirmó las condenas para todos, excepto para Larregina. Tras la desestimación de los recursos extraordinarios en queja por parte de la Corte, las condenas para Lascurain y Vargas quedan firmes, y deberán cumplir sus penas en prisión.

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