Control fiscal bonaerense: la Corte Suprema definirá si el COT es una barrera al comercio interprovincial

Un cuestionamiento a la constitucionalidad del Código de Operaciones de Traslado (COT) bonaerense reabre una discusión fundamental sobre los límites de los controles provinciales y la libre circulación de bienes en Argentina. El caso, que ya escaló a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, podría tener un impacto directo en productores agropecuarios, transportistas, acopios, proveedores y empresas que movilizan mercadería entre distintas jurisdicciones.

En Argentina, el traslado de bienes entre provincias es una operación compleja. Un camión que cruza límites jurisdiccionales se enfrenta a una maraña de normas nacionales, controles provinciales, exigencias documentales, sistemas informáticos y, con frecuencia, interpretaciones dispares sobre una misma operación. Esta realidad se traduce en costos y demoras para el sector productivo, que depende de la circulación constante de granos, hacienda, fertilizantes, repuestos y otros bienes.

Cada nuevo requisito formal, aunque parezca menor, puede generar complicaciones significativas. Un código omitido, una carga informática errónea o una interpretación provincial diferente pueden derivar en multas, demoras, decomisos o incluso clausuras. Es en este punto donde surge el interrogante central: ¿hasta dónde puede extenderse el poder de fiscalización de una provincia sin transformarse en una barrera que obstaculice el comercio interjurisdiccional?

El caso “Neuper SA c/Provincia de Buenos Aires”

Esta pregunta se encuentra en el eje del caso “Neuper SA c/Provincia de Buenos Aires”, donde se impugna la constitucionalidad del COT. Este código, previsto en el artículo 41 del Código Fiscal provincial, es una obligación formal adicional para respaldar ciertas operaciones de traslado o transporte de bienes dentro del territorio bonaerense. Los sujetos alcanzados deben generarlo antes de movilizar la mercadería y quienes la transportan deben poder exhibirlo ante los controles provinciales.

La finalidad declarada del COT es fiscal: permitir a la provincia controlar la circulación de bienes, reducir la informalidad y verificar operaciones con impacto tributario. Si bien la facultad de fiscalizar es inherente a toda provincia, la controversia surge cuando esta fiscalización se superpone con documentación nacional ya existente o cuando su incumplimiento acarrea consecuencias desproporcionadamente gravosas para operaciones que, en esencia, pueden estar debidamente respaldadas.

El problema radica en la acumulación de requisitos provinciales que, sumados a remitos, facturas, cartas de porte y demás comprobantes nacionales, terminan encareciendo, demorando o condicionando el comercio entre jurisdicciones.

Multa millonaria y alcance federal

En el caso que llegó a la Procuración, la empresa Neuper SA, que opera desde Santa Fe, fue alcanzada por una multa millonaria vinculada a un traslado de mercadería con origen en Venado Tuerto, Santa Fe, y destino en Pergamino, Buenos Aires. La firma cuestiona si la provincia de Buenos Aires puede exigir el COT sobre operaciones de transporte interjurisdiccional, dado que la regulación del comercio entre provincias es competencia del Estado nacional.

El dictamen de Procuración, emitido el 15 de abril de 2026, no resuelve el fondo del asunto, pero considera que el caso presenta una cuestión federal suficiente para justificar la intervención originaria de la Corte Suprema. Esto significa que la discusión trasciende lo administrativo y local, poniendo en juego una regla central del federalismo argentino: la cláusula comercial del artículo 75 inciso 13 de la Constitución Nacional, que atribuye al Congreso la regulación del comercio interprovincial. La esencia de esta cláusula es evitar que ninguna provincia adopte medidas que, bajo la apariencia de controles locales, obstaculicen la libre circulación de bienes dentro del país.

Impacto en el sector agropecuario y futuro del federalismo

Para el sector agropecuario, este debate es de particular importancia. La dinámica del campo argentino es inherentemente interjurisdiccional: un productor puede sembrar en una provincia, comprar insumos en otra, vender granos a un acopio en una tercera y contratar un flete que atraviese varias jurisdicciones hasta llegar a un puerto o planta industrial. Cada régimen local que añade una obligación formal genera un costo, ya sea visible (honorarios, sistemas, personal, tiempo) u oculto (demoras, riesgos de fiscalización, incertidumbre, temor a sanciones desproporcionadas).

La eventual intervención de la Corte Suprema podría generar efectos que van más allá del caso concreto, sentando un precedente no solo para Buenos Aires, sino también para otras jurisdicciones que hayan implementado regímenes similares de información, control o autorización sobre el traslado de bienes. En un país que busca aumentar sus exportaciones, producir más y reducir costos logísticos, esta discusión no es menor. Un federalismo moderno requiere administraciones tributarias eficientes, pero también reglas simples, coordinadas y predecibles para quienes producen y comercian. La clave está en encontrar el equilibrio para que el control no se convierta en una barrera para producir, vender y circular.