Causa Vialidad: a un año de la condena a Cristina Kirchner, avanzan los juicios «Vialidad II» y «III»
A días de cumplirse un año desde que la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia condenatoria en el caso Vialidad contra Cristina Kirchner, los tribunales de Comodoro Py registran avances significativos en los tramos secundarios de la megacausa. El expediente principal, por el que la ex mandataria fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, sentó un precedente en la justicia argentina.
Paralelamente, el juicio conocido como Vialidad II avanza con acuerdos abreviados, mientras que el fiscal Gerardo Pollicita se apresta a elevar a juicio la tercera parte de la investigación, que involucra a ex funcionarios provinciales de Santa Cruz.
Vialidad II: acuerdos abreviados y un tribunal en disputa
El segundo tramo de la causa Vialidad, que investiga las irregularidades en la adjudicación de obra pública a las empresas de Lázaro Báez, ha logrado importantes definiciones. En este expediente se acusó a Martín Báez (hijo del empresario), Julio Mendoza (ex presidente de Austral Construcciones), Fernando Butti (ex contador) y Sandro Fergola (ex funcionario de Vialidad).
La instrucción a cargo del juez Julián Ercolini y los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, estableció que los 51 contratos de obra pública vial por 46.000 millones de pesos (cifra que, actualizada, asciende a $685.000 millones) otorgados al Grupo Austral estuvieron plagados de irregularidades que no eran meros incumplimientos administrativos, sino que evidenciaban un esquema de beneficios exclusivos y permanentes para las empresas de Báez, en detrimento del Estado Nacional.
Fuentes judiciales confirmaron a Clarín que la fiscalía a cargo de Diego Luciani presentó acuerdos de juicio abreviado con las defensas de Martín Báez, Julio Mendoza y Fernando Butti. Como resultado, el juez Andrés Basso, quien ya participó en el juicio principal, fue sorteado para continuar con el proceso de forma unipersonal y ya realizó la audiencia de visu. Solo resta que dicte la sentencia.
No obstante, Gustavo Gentili, Sandro Férgola y Fernando Abrate decidieron no firmar el acuerdo abreviado. Para ellos se integró un tribunal con los jueces Jorge Gorini, Néstor Costabel y Rodrigo Giménez Uriburu. Sin embargo, las defensas recusaron a Costabel, un planteo que fue rechazado y ahora deberá resolver la Cámara de Casación. «Solo resta esa resolución y fijar nueva fecha de juicio», indicó una fuente cercana al caso.
Este tramo de la causa se centra en los trámites administrativos que llevaron a la adjudicación de obras al grupo Báez, las irregularidades omitidas en esos procesos, como la concurrencia de distintas empresas de Lázaro a una misma licitación, la adjudicación de obras por encima de la capacidad de contratación y ejecución, la falta de equipamiento y la inusitada celeridad en la tramitación de expedientes.
Vialidad III: ex funcionarios provinciales, a un paso del juicio oral
El tercer desprendimiento de la causa Vialidad, conocido como Vialidad III, se concentra en la responsabilidad de ex funcionarios de segunda línea de la Agencia de Vialidad Provincial (AGVP) de Santa Cruz. El 27 de marzo de 2025, el juez federal Julián Ercolini procesó a 16 funcionarios provinciales por coautoría en administración fraudulenta en perjuicio del Estado, el mismo delito que pesa sobre la ex vicepresidenta en el expediente principal.
La investigación reconstruyó el rol de estas autoridades provinciales, que habrían contribuido «por acción u omisión» al plan criminal de sustracción de fondos públicos entre 2003 y 2015 a través de la asignación y falta de control de obras viales al Grupo Báez. El procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones y el fiscal Pollicita está próximo a firmar el requerimiento de elevación a juicio.
Entre los procesados se encuentran Juan Carlos Pistan y Manuel Parras, integrantes del Grupo Austral, junto a Guillermo Torres, Orlando Taboada Ovejero, Jorge Pasieczink, Víctor Hugo Paniagua, Claudia Oliva, Gerardo Mansilla, Carlos Mancilla, Roberto Lillo, María Lencina Albornóz, Elio Enrique González, Manuel Ángel Díaz, Juan Carlos Cerrato, Guillermo Cantero y Juan Gelves. La justicia concluyó que estas personas llevaron adelante «contribuciones -activas u omisivas-, fundamentales para su implementación y sostén durante un amplio período (2004-2015)».
