Pobreza extrema: Santiago del Estero, Salta y Formosa, las provincias con mayor vulnerabilidad

En el corazón del monte santiagueño, en el paraje Huiñaj Pozo, la imagen de Felipe Cuellar, de 12 años, transportando agua contaminada con arsénico para su familia de once personas, resume la cruda realidad de la pobreza extrema en Argentina. Su historia es una de las tantas que visibiliza el informe “Índice de pobreza multidimensional extrema”, una investigación conjunta del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA y FUNDACIÓN LA NACION.

El estudio, que combina datos del Censo 2022 y la Encuesta de la Deuda Social Argentina 2023, traza un mapa nacional que permite identificar los focos de vulnerabilidad estructural, desde regiones hasta el nivel de departamentos. Los resultados son contundentes: las provincias del norte argentino concentran los peores índices, con Santiago del Estero, Formosa y Salta a la cabeza.

El rostro de la emergencia en el norte argentino

Santiago García Pintos, fundador de Cynnal, una ONG que asiste a 110 comunidades en la zona de Salado Norte, enfatiza la gravedad de la situación:

“Ellos representan la emergencia”.

Una emergencia que, según Jerónimo Chemes, fundador de La Chata Solidaria, va más allá de la falta de recursos materiales:

“La verdadera pobreza extrema no es solamente no tener para comer, no tener luz, no tener agua o no tener seguridad. Para mí la pobreza extrema es no ser visto, es que nadie registre que vos existís y que a nadie le importe si te morís o no. Y eso es con lo que nosotros nos encontramos”.

El informe de la UCA, elaborado en exclusiva para FUNDACIÓN LA NACION, no mide porcentajes de pobreza, sino un índice de vulnerabilidad socioeconómica en una escala del 0 al 100, donde un número mayor indica un peor escenario. Las provincias con los índices más altos son: Santiago del Estero (42,5), Formosa (40,9), Salta (40,9), Jujuy (40,5) y Chaco (39,1). Todas estas jurisdicciones se ubican en el norte del país.

Santiago del Estero: la situación más crítica

Ianina Tuñón, responsable del Barómetro de la Deuda Social de la UCA y coautora del informe, no se mostró sorprendida por el primer puesto de Santiago del Estero. “Es una provincia enorme en términos geográficos y territoriales, con muchísima adversidad climática por las altas temperaturas, por la población dispersa que tienen en un territorio tan grande, por una combinación entre ruralidad y urbanización”, explicó Tuñón. Subrayó que, a pesar de los desafíos, las políticas públicas no han logrado el avance necesario en infraestructura.

El ministro de Desarrollo Social de Santiago del Estero, Ángel Nicolai, reconoció que el estudio “muestra un mapa de dificultades estructurales que nadie desconoce que esta provincia tiene desde hace mucho tiempo”. No obstante, destacó mejoras en otros indicadores y afirmó que la provincia ha sido, junto con Formosa, donde más descendieron las necesidades básicas insatisfechas en los últimos 12 años. Nicolai atribuyó la persistencia de la pobreza extrema a la falta de “un derrame adecuado de los enormes esfuerzos que está haciendo el gobierno provincial” y a la ausencia de “asistencia pública por parte del gobierno nacional, ni inversión pública”.

En Santiago del Estero, los problemas más acuciantes se concentran en hogares con jefes con secundario incompleto o menos (62,2%), déficit de acceso a internet (53,3%), déficit sanitario (45,4%) y hogares con jefe inactivo (38,8%). La realidad de niños como Mía, de 9 años, que trabaja en el carbón y falta a la escuela, o la de Felipe Cuellar, que abandonó sus estudios por la lejanía de la escuela nocturna, ilustran la profundidad de estas carencias.

Problemáticas comunes y el impacto en la infancia

Las cuatro provincias más afectadas comparten patrones de vulnerabilidad: un tercio de los hogares tiene un jefe o jefa no registrado, entre un 5% y un 8% de los niños entre 4 y 17 años no asiste al colegio, y entre un 7% y un 10% de las viviendas son inadecuadas. Además, entre un 4% y un 6% de los jefes de hogar tienen un nivel educativo bajo o muy bajo.

Ianina Tuñón calificó de “alarmante” el porcentaje de niños sin escolarización y advirtió sobre las consecuencias irreversibles de los déficits nutricionales en la primera infancia. “Tenemos que ser conscientes de que no tenemos un país que se caracterice por llevar adelante políticas de intervención en los sectores sociales más vulnerables a gran escala”, sentenció.

En Salta, la ONG Pata Pila asiste a 1169 niños con desnutrición crónica y aguda. Si bien la situación no es tan crítica como años anteriores, Diego Bustamante, su fundador, señaló que los módulos del Ministerio de Capital Humano a menudo no alcanzan para todo el grupo familiar, requiriendo refuerzos.

La situación en Formosa también es preocupante. Pablo Chianetta, de la organización APCD, que trabaja con comunidades originarias, reportó un deterioro notable en la situación alimentaria. “El puchero está 8000 pesos el kilo y la gente compra alitas con esa grasa que está cocinándose durante horas en la olla. Es lo más cerca que pueden estar de la proteína animal. No hablemos de huevo o de leche”, lamentó Chianetta. Gustavo Núñez, también de APCD, compartió un diagnóstico sombrío: “Lo del hambre es de un año y pico para acá. Pasamos de ollas para 50 personas a tener que estirar como chicle para darle a 120 personas”. La falta de acceso a servicios básicos como agua, electricidad e internet sigue siendo un problema grave en las zonas rurales formoseñas.

El Ministerio de Capital Humano de la Nación fue contactado por LA NACION para comentar sobre estos datos, pero no se obtuvo respuesta. Tampoco respondieron los gobiernos de Salta y Formosa sobre los programas que implementan para combatir la pobreza extrema.