Caso Agostina Vega: los cinco errores y prejuicios que marcaron la búsqueda de la adolescente

El hallazgo del cuerpo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años encontrada sin vida en Córdoba, no solo significó el doloroso desenlace de un crimen atroz. También puso de manifiesto una serie de fallas que se repiten de manera casi sistémica en las búsquedas de mujeres desaparecidas, contraviniendo protocolos nacionales e internacionales.

Durante las 156 horas en que el país siguió con angustia la búsqueda de Agostina, la investigación se desvió de las directrices establecidas. Protocolos como el del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) exigen la toma inmediata de la denuncia y el inicio de una investigación sin importar las hipótesis iniciales, considerando la minoría de edad como un factor de riesgo. Asimismo, el protocolo para la búsqueda de mujeres y personas LGBTIQ+ de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (Ufem) y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) recomienda incorporar la perspectiva de género y buscar desde el inicio indicios de femicidio.

Sin embargo, nada de esto ocurrió en el caso de Agostina. Al ser consultado sobre las demoras, el fiscal a cargo de la causa, Raúl Garzón, manifestó que el camino de la investigación depende de la denuncia y que no es lo mismo “si la desaparición está más orientada a que se va con alguna persona o amiguito o amigo de su confianza” que a una “sustracción de mi niña”. Expertos en desaparición de personas coinciden en que estas declaraciones y acciones evidencian un desconocimiento de los protocolos y la persistencia de prejuicios.

Las demoras iniciales: denuncia y Alerta Sofía

El abogado de la familia, Carlos Nayi, informó que la madre de Agostina se presentó en la comisaría a las 4 de la mañana del 24 de mayo para denunciar la desaparición de su hija, pero debió esperar cuatro horas para que le tomaran la denuncia. Los especialistas enfatizan que las primeras horas son cruciales en la búsqueda de personas, un error frecuente, especialmente en casos de mujeres.

La antropóloga forense Celeste Perosino, integrante del colectivo Ni Una Menos, sostiene que esta falla demuestra que la desaparición de niñas y mujeres sigue siendo considerada por sectores del sistema de seguridad como una cuestión menor, sin la urgencia necesaria. «Tomar rápido la denuncia puede marcar la diferencia entre recuperar o perder rastros fundamentales, entre encontrar a esa niña o mujer con vida o no», afirmó Perosino, quien también destacó la resistencia policial a tratar las averiguaciones de paradero como posibles hechos delictivos, lo que posterga medidas de investigación determinantes.

Otro punto crítico fue la activación del Alerta Sofía. A pesar de que la denuncia se tomó el domingo y un remisero aportó datos que vinculaban a la adolescente con una persona con antecedentes penales ese mismo día, el Alerta Sofía se activó recién el miércoles, cuatro días después. La fiscalía justificó la demora argumentando que no era un caso de trata, a pesar de que la normativa exige su activación ante cualquier indicio de riesgo inminente para un niño, niña o adolescente.

El Alerta Sofía busca la difusión inmediata de la imagen e información de la persona desaparecida. No obstante, Perosino considera que su declaración no es obligatoria y depende de la facultad discrecional del fiscal. Ana Rosa Llobet, titular de Missing Children, coincidió en la demora: «Se tardó más de 72 horas, lo que va en contra del protocolo, que estipula que, pasadas las 72 horas, ya no se debe activar». Aunque el desenlace fue trágico, Llobet insistió en la importancia de la activación inmediata.

La víctima bajo sospecha y la hipótesis de trata

Es común que la atención mediática se desvíe hacia la conducta de la víctima o sus relaciones, en lugar de centrarse en la responsabilidad de los perpetradores. Esto ocurrió en la investigación de Agostina. El fiscal Garzón, al referirse al encuentro de la adolescente con su victimario, expresó que si bien «llegó al lugar voluntariamente. Digo voluntariamente entre comillas porque es una niña. Entonces ¿hasta dónde llegó por persuasión, por engaño o por los motivos que sean?».

Para Perosino, estas declaraciones construyen relatos que terminan responsabilizando a la víctima y desvían la atención de las condiciones estructurales de violencia. La Defensoría de Niñez de Córdoba se pronunció al respecto, recordando que «los derechos deben seguir siendo respetados. El tratamiento de la información debe resguardar la dignidad, la privacidad, la integridad y el interés superior de niñas, niños y adolescentes».

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Otro prejuicio frecuente es la sobredimensión de la hipótesis de trata cuando una mujer desaparece, en detrimento de la investigación por femicidio. Los protocolos recomiendan investigar el femicidio desde el primer momento. El caso de Agostina se suma a las estadísticas del Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema de Justicia, que indica que en el 10% de los femicidios la mujer había estado previamente desaparecida o extraviada.

En Argentina, se estima que hay unas 5000 mujeres desaparecidas. Una investigación de LA NACION reveló en 2023 las fallas estatales en 78 casos de búsqueda. Dos años después, se confirmó la muerte de 17 de esas mujeres, y en 12 de esos casos, la novedad se relacionaba con la violencia de género más extrema: el femicidio. Los restos de las víctimas solo fueron hallados en uno de estos casos.

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