La Corte Suprema, clave en la disputa entre el Gobierno y las universidades
El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, minimiza la contundente movilización federal universitaria que colmó la Plaza de Mayo, comparándola con otras marchas históricas. Sin embargo, en el seno del Ejecutivo existe una palpable preocupación por el posible desenlace judicial del conflicto, que ahora recae en la Corte Suprema de Justicia. La estrategia oficial se enfoca en mantener la disciplina fiscal y el superávit, a pesar de la creciente conflictividad social y la caída de la recaudación.
Fuentes cercanas al Gobierno reconocen que el optimismo es escaso respecto a un fallo favorable en la Justicia. Un asistente a la mesa política oficialista sintetizó la postura: “Salga como salga el fallo, mientras tanto tenemos superávit”. Esta afirmación subraya la prioridad del Gobierno por enviar una señal clara a los mercados y al Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre su compromiso con el equilibrio fiscal, incluso si esto implica tensar la relación con el sistema universitario.
La expectativa de las universidades y la presión a la Corte
Mientras tanto, en el rectorado de la UBA y en las oficinas del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las reuniones post-marcha reflejaron más conformidad que euforia, conscientes de la situación acuciante. No esperan un acercamiento del Gobierno. A pesar de este panorama, el Consejo Superior de la UBA emitió una resolución en la que agradece el apoyo masivo, insta al Ejecutivo a cumplir con los pagos adeudados y reclama a la Corte Suprema una pronta expedición para “garantizar la plena vigencia de la ley y la protección del sistema universitario argentino”. También exigieron al juez de primera instancia una rápida resolución sobre la cuestión de fondo.
Los rectores descartan, por ahora, convocar a una marcha hacia Tribunales para presionar al máximo tribunal. La Procuración General, por su parte, solicitó a los magistrados que convoquen a conjueces, argumentando que varios de los supremos son profesores universitarios y, según la visión oficial, no podrían ser imparciales en la causa.
Cruces políticos y la agenda legislativa
La situación se complejiza por los “ruidos” entre el Gobierno y la Corte, que incluyen el tema de los pliegos enviados al Senado y la relación con el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti. Un funcionario cercano a las negociaciones con las universidades señaló a Clarín: “Hay muchos componentes que podrían influir, pero antes que eso hay que ver si la Cámara hace o no una aclaratoria sobre el carácter suspensivo o no de la medida, hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario en la Corte”.
El Gobierno ha insistido en descalificar la marcha como “política”. El presidente Milei compartió un posteo en Instagram que afirmaba: “Marcha política. Defienden sus cajas usando la educación como bandera (…) Auditar es cuidar la educación pública”. Sin embargo, cabe recordar que la fiscalización de las casas de estudio recae en la Auditoría General de la Nación (AGN), a pedido del Congreso. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez, fue uno de los más críticos, señalando vínculos políticos en el reclamo.
En el Congreso, la posibilidad de una nueva ley de financiamiento universitario, negociada previamente por Alvarez y otros funcionarios, parece estancada. En una reunión de mesa política convocada por Karina Milei, se anunció el envío de nuevos proyectos legislativos que se anexarán al Super RIGI. Entre ellos, se encuentran iniciativas de Federico Sturzenegger, como la ley de cabotaje, la ley de defensa de la competencia, la ley de reforma del Estado y una nueva ley de sociedades. Los responsables de la mesa política admiten desconocer el contenido preciso de estos proyectos.
La consultora Monitor Digital relevó que en las redes sociales, la narrativa de la marcha estuvo dominada por términos positivos como “Gracias”, “Apoyo” y “Orgullo”, mientras que los términos negativos se vincularon con las críticas al gobierno: “ajuste”, “corrupción” y “crisis”, evidenciando un terreno cada vez más esquivo para el oficialismo en el ámbito digital.
