Súper RIGI y Ley de Lobby: el Gobierno defendió sus proyectos en Diputados y busca votarlos antes de fin de mes

Los debates en comisiones de la Cámara de Diputados sobre el Súper RIGI (Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones) y la Ley de Lobby comenzaron este miércoles con la exposición de funcionarios del Poder Ejecutivo. El oficialismo aspira a que ambos proyectos obtengan la aprobación en el recinto antes de que finalice el mes.

En el plenario de las comisiones de Presupuesto, Industria, y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, defendió el Súper RIGI. González afirmó que la iniciativa tiene un plazo de cinco años con posibilidad de renovación por uno más, destacando que es “más restrictivo que el RIGI actual” y que está dirigido a “industrias nuevas que no existen”.

El funcionario sostuvo que el RIGI sancionado en 2024 “es una experiencia exitosa por la inversión que está generando”. Ante las críticas de la oposición, enfatizó que, si bien los recursos naturales como Vaca Muerta o las minas de cobre existían previamente, la clave reside en generar las inversiones necesarias para su desarrollo. “La diferencia entre que se anuncien y se hagan es clave, hay que poder financiarlo”, sentenció. Pablo Lavigne, secretario de Coordinación Productiva, añadió que Argentina cuenta con gas y cobre, y que los acuerdos comerciales permiten pasar “de una cuestión netamente extractiva a que se industrialice”.

Cruces por el impacto y el «señor Palantir»

Durante la exposición, los funcionarios negaron que el proyecto Súper RIGI esté diseñado exclusivamente para el área tecnológica y desconocieron al empresario Peter Thiel, de Palantir. El diputado Agustín Rossi preguntó si Thiel había realizado lobby en favor de la ley y cómo se compensaría el impacto en el sistema previsional por la baja en los aportes patronales. González respondió: “No conozco a ningún señor Palantir, no imagino que sea un régimen de impacto a corto plazo”. Sin embargo, el radical Martín Lousteau le recordó que “el dueño tuvo una entrevista con el presidente hace poco tiempo” justo antes del lanzamiento del Súper RIGI.

Por su parte, la diputada Victoria Tolosa Paz criticó la disminución de la recaudación fiscal, advirtiendo que afectará la coparticipación y, por ende, a las provincias. “Ustedes tienen prisa porque el proyecto económico no les cierra, pero no en la liquidación de divisas. En eso no hay ninguna exigencia”, manifestó.

Debate sobre la Ley de Lobby y el registro de gestores de intereses

Más temprano, la discusión de la Ley de Lobby comenzó en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Hay siete proyectos con estado parlamentario sobre la materia, incluyendo el del Ejecutivo y propuestas de diputados como Miguel Ángel Pichetto, Karina Banfi, Maximiliano Ferraro, Agustina Propato, Sebastián Galmarini y el ex legislador Oscar Agost Carreño.

El director nacional de Reforma Política del Ministerio del Interior, Diego Marías, defendió el texto del Ejecutivo. “Lo que intenta es regularizar algo que en la Argentina se hizo, se hace y se va a hacer siempre, como en cualquier país, que es el lobby, el cabildeo o la gestión de los intereses entre los públicos y los privados, o entre los privados y el sector público”, declaró, aunque aclaró que el oficialismo está abierto a modificaciones.

El proyecto oficial, denominado Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, busca regular estas actividades ante el Poder Ejecutivo y Legislativo. Propone la creación de un Registro Público de Gestores de Intereses, de carácter obligatorio para quienes realicen lobby. Los inscriptos deberán identificar a sus clientes, declarar intereses extranjeros si los tienen y presentar informes trimestrales detallando los contactos realizados. Las infracciones podrían derivar en apercibimientos, multas de entre 5 y 500 salarios mínimos, suspensión del registro por hasta 12 meses o inhabilitación definitiva.

Pichetto sugirió tratar la Ley de Lobby antes de aprobar el Súper RIGI y las modificaciones a la ley de sociedades, señalando que los proyectos del gobierno “les falta la firma del mundo jurídico, de estudios del lobby civil y comercial”.

Tanto Banfi como Ferraro hicieron hincapié en la importancia de eximir a las organizaciones de la sociedad civil del alcance del proyecto. “Las ONG no tienen intereses particulares sino comunes. No podemos generar carga al ciudadano en el ejercicio de su pleno derecho”, planteó Banfi. Ferraro advirtió que la iniciativa podría colisionar con el “derecho a peticionar” de la ciudadanía. Además, la mayoría de los legisladores planteó la necesidad de que la ley se aplique también al Poder Judicial, y no solo al Ejecutivo y Legislativo.