Escándalo «El Caburé»: procesan a funcionarios en San Luis por el destino de una cosecha de maíz estatal
Un escándalo político y judicial sacude al gobierno de San Luis tras el procesamiento de dos funcionarios por presuntas irregularidades en la cosecha de 1400 hectáreas de maíz en el campo estatal conocido como “El Caburé”. La situación, que inicialmente fue presentada como un logro de gestión, se convirtió en un boomerang que derivó en la renuncia de un alto cargo del gabinete provincial y salpica incluso a un ministro del Superior Tribunal de Justicia.
La controversia se intensifica con la reciente incursión del ex gobernador Adolfo Rodríguez Saá, otrora aliado del actual mandatario Claudio Poggi, quien ahora se muestra crítico y hace referencias públicas al caso, elevando la tensión en el ámbito político puntano.
El origen del conflicto en el campo El Caburé
El campo “El Caburé”, de 1997 hectáreas y ubicado en el sur de la provincia, fue recuperado por el Estado provincial en febrero de 2024. Su historia se remonta a 2009, cuando el ex gobernador Alberto Rodríguez Saá lo adjudicó a una sociedad anónima para un proyecto de producción de embriones equinos. Sin embargo, en 2017, el mismo gobernador rescindió el contrato por “incumplimiento reiterado” y ordenó la restitución de la tierra, hecho que se concretó recién en 2022 tras un recurso administrativo.
Luego de las elecciones de 2023, la administración de Poggi, a través de la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión a cargo de Ricardo Bazla, confirmó en febrero de 2024 que el proyecto productivo estaba abandonado. El 29 de abril de ese año, la provincia tomó posesión del inmueble y descubrió unas 1800 hectáreas sembradas con maíz, lo que desató el conflicto sobre cómo gestionar esa cosecha.
La búsqueda de un cosechador y los chats clave
Ante la falta de fondos para contratar un servicio de cosecha, Bazla encomendó a Darío Oviedo Helfenberger, director de Legalidad y Ética Pública, buscar una alternativa. Así apareció el productor rural Francisco Anselmi, quien propuso no cobrar en efectivo, sino quedarse con hasta 750 kilos de maíz por hectárea como pago.
Oviedo, quien también se desempeñaba como interventor del Municipio Ranquel, elaboró un borrador de contrato. Según su defensa, este borrador fue presentado a sus superiores, incluyendo a su jefe, a otro ministro y al Fiscal de Estado. Además, Oviedo aportó chats de WhatsApp con el Fiscal General de San Luis, Víctor Endeiza –primo del vicegobernador y actual miembro del Superior Tribunal de Justicia–, en los que Endeiza habría afirmado:
“Sí, cosechalo”.
Oviedo argumenta que actuó bajo órdenes.
Tras la firma del contrato, Anselmi cosechó 1438 hectáreas. El productor declaró que, debido a condiciones climáticas adversas como sequía y piedra, el rendimiento fue menor al esperado, obteniendo 914 toneladas en total, un promedio de 635 kilos por hectárea, por debajo de los 750 kilos pactados. Anselmi, quien no está imputado en la causa, presentó facturas y testimonios de camioneros para respaldar su versión, asegurando que “nunca pensé que iba a estar tan mal el maíz. Perdí yo”. La Fiscalía, a cargo de Leandro Estrada, validó su testimonio y cuenta con videos que muestran el estado del maíz.
Imputaciones y repercusiones políticas
La causa judicial avanzó contra Bazla y Oviedo por no haber preservado el patrimonio de la provincia, incluyendo el maíz. Están acusados de administración fraudulenta, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La imputación no es por haberse apropiado de la cosecha, sino por no haber elaborado el expediente burocrático correspondiente y por la pérdida de ese maíz para el Estado.
El ahora juez del máximo tribunal puntano, Víctor Endeiza, debió prestar declaración en la causa, pero no figura como imputado. Mientras algunos productores estiman el valor de la cosecha en 2 millones de dólares, la Fiscalía desestima esa cifra, pero insiste en la existencia de un delito por parte de los funcionarios. Bazla se defiende argumentando que no fiscalizó a Oviedo, mientras que Oviedo sostiene que cumplía órdenes y que no era el responsable directo.
El caso, aunque parezca un error administrativo, escaló a las reuniones de gabinete del gobernador Poggi, quien ya solicitó la renuncia a todo su gabinete, anunció un recorte de la planta política y un ajuste general debido a la baja en la coparticipación federal. Bazla, que inicialmente pidió licencia, terminó renunciando, y Oviedo había dimitido previamente. El fiscal tiene ahora unos meses para definir si eleva la causa a juicio oral o la desestima, previéndose que el caso podría extenderse hasta el próximo año electoral sin una resolución definitiva.
