Conflicto minero en San Juan: la falta de luz enfrenta a los proyectos de cobre por una línea eléctrica
La reactivación de la minería de cobre en Argentina, tras su cese en 2018, enfrenta un primer gran obstáculo: la infraestructura eléctrica. Mientras Chile, con recursos geológicos similares, exporta más de US$50.000 millones anuales del mineral, la brecha de Argentina no es geológica sino de infraestructura, regulación e inversión. Hoy, con el proyecto Vicuña a punto de convertirse en la mayor inversión extranjera de la historia argentina, valuada en US$18.000 millones, esta falencia se expuso en un conflicto que enfrenta a varios proyectos cupríferos en San Juan.
El eje de la disputa es una línea de alta tensión existente que resulta insuficiente para abastecer a todos los emprendimientos. El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Engre), el organismo recientemente constituido que fusiona al ENRE y al Enargas, convocó a una audiencia pública para tratar la solicitud de Vicuña de ampliar la red de transporte eléctrico en San Juan y acceder con prioridad de uso a la capacidad resultante.
La empresa Vicuña, respaldada por la canadiense Lundin Mining y la australiana BHP, necesita electricidad para operar sus depósitos Josemaría y Filo del Sol, ubicados a más de 4200 metros de altura en la cordillera sanjuanina. La demanda inicial del proyecto es de 260 MW, con planes de escalarla a 400 MW y luego a 700 MW.
El plan de Vicuña y la controversia por la prioridad
El plan de Vicuña contempla tres tramos. El primero es la ampliación de una línea de alta tensión ya existente entre los nodos Nueva San Juan y Rodeo, buscando aumentar la capacidad de transporte eléctrico de 132kV a 500kV mediante la instalación de motores transformadores en ambas estaciones transformadoras (ET). Los otros tramos incluyen la construcción de dos líneas completamente nuevas de 500kV y 220kV, que conectarían ET Rodeo con ET Chaparro (167 km), y ET Chaparro con una nueva estación transformadora Josemaría (93 km).
La inversión total en infraestructura eléctrica para el proyecto se estima entre US$400 millones y US$500 millones, con una construcción que demandaría tres años. El problema central se concentra en el primer tramo: Vicuña solicita prioridad de uso sobre el 90% de la capacidad adicional que generaría esa ampliación durante 25 años, argumentando que financiará la obra. Esta posibilidad está amparada por la nueva regulación impulsada por el gobierno de Javier Milei para incentivar la inversión en infraestructura.
Sin embargo, la línea Nueva San Juan-Rodeo no fue construida exclusivamente por el Estado. Empresas mineras que ya operan en la provincia, entre ellas Barrick y las titulares del proyecto Gualcamayo, aportaron más de US$133 millones para financiar ese tramo. Otros proyectos, como Los Azules de McEwen Copper, también dependen de este corredor para avanzar.
“La compañía espera que, con la audiencia pública, el ente regulador tenga la oportunidad concreta de corregir el acto y preservar la coherencia del sistema regulatorio”, dijo Miguel Gil, gerente de Ingeniería de Los Azules.
Los Azules advirtió en la audiencia que una prioridad de uso por 25 años sobre infraestructura ya parcialmente financiada por terceros equivale, en la práctica, a una exclusividad material sobre un corredor estratégico del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
Déficit histórico y nuevo modelo regulatorio
El trasfondo de este conflicto es el déficit acumulado de décadas en inversión en líneas de transporte eléctrico de alta tensión en Argentina. Esta carencia ha frenado el ingreso de energía renovable al sistema y encarecido la operación de grandes industrias, convirtiéndose hoy en el principal cuello de botella para el desarrollo minero.
“La expansión del sistema eléctrico de transporte ha sido insuficiente en las últimas décadas. El crecimiento de actividades mineras de gran escala volvió a poner en evidencia esas limitaciones”, señaló Gerardo Rabinovich, vicepresidente del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, durante la audiencia.
Ante la falta de margen fiscal para financiar obras de infraestructura eléctrica, el gobierno de Milei encontró una solución regulatoria. A través de la ley de Bases, el decreto 450 y la resolución 311 de la Secretaría de Energía, se habilitó a las empresas privadas a financiar ampliaciones de la red y, a cambio, obtener prioridad de uso sobre la capacidad adicional generada. La lógica es que, sin ese incentivo, estas obras no se ejecutarían. El caso Vicuña es el primero en poner a prueba este esquema en el sector minero.
Desde Vicuña sostienen que la prioridad solicitada no implica exclusividad sobre el sistema, sino solo sobre la capacidad incremental que ellos mismos financiarían, y que cualquier otra empresa puede pedir su propia ampliación. “Si otro proyecto solicita una ampliación mayor, la prioridad de Vicuña se extingue”, explicó Adriel Rizzato, de la compañía, agregando que con 400 MW necesarios en la segunda etapa, no le sobra capacidad para comercializar con terceros, siendo el objetivo excluyente el autoabastecimiento.
Objeciones técnicas y jurídicas
El EPRE (ente regulador eléctrico de San Juan) y la provincia de La Rioja presentaron objeciones técnicas y jurídicas. Roberto Ferrero, en representación del EPRE, advirtió que llevar el vínculo Nueva San Juan-Rodeo de 132 kV a 500 kV alteraría de forma irreversible la física de la red regional, generando flujos de retorno que recargarían las instalaciones de la estación Nueva San Juan y comprometiendo el 18,6% de la capacidad del corredor de extra alta tensión Mendoza-San Juan. También cuestionó que Vicuña acceda a infraestructura parcialmente financiada por otras mineras sin la debida compensación.
Desde el gobierno provincial de San Juan, en cambio, ratificaron su apoyo al proyecto y señalaron que existen instancias para alcanzar acuerdos. La audiencia convocada por el Engre no es vinculante, pero su resultado sentará un precedente regulatorio crucial. Definirá si el nuevo modelo puede funcionar como palanca para destrabar inversiones en infraestructura eléctrica o si, en cambio, genera más conflictos de los que resuelve.
