Retenciones al campo: el Gobierno oficializa la baja gradual de impuestos a la exportación

El Gobierno nacional se prepara para oficializar en las próximas horas la esperada baja de las retenciones a las exportaciones del sector agropecuario. Funcionarios del equipo económico liderado por Luis Caputo dieron las últimas puntadas al decreto que, según fuentes oficiales, se publicará entre este martes y miércoles, conteniendo la nueva “tablita” de reducción gradual de impuestos a los granos y otros productos.

La medida, que busca impulsar la siembra, sostener las exportaciones y enviar una señal de apoyo al campo de cara a un año electoral, se había prometido para el 1 de junio, pero sufrió una demora de unos días. La rebaja inicial contempla una reducción del 7,5% a 5,5% para el trigo y la cebada, mientras que para otros cultivos la disminución será más gradual.

El esquema de reducción y sus implicancias

El plan de desgravación impositiva detalla un recorte del 0,25% mensual para la soja hasta 2027, pasando del 24% al 21%, y un 0,50% en 2028 para finalizar en 15%. En tanto, el girasol, maíz y sorgo verán una baja trimestral: el girasol del 4,5% al 3% a fines de 2028, y el maíz y sorgo del 8,5% al 5,5% para la misma fecha.

Estas medidas fueron anticipadas hace más de una semana por el Presidente en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y luego por el ministro de Economía en una conferencia de prensa, acompañado por el coordinador de Producción, Pablo Lavigne, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. Lavigne, además, trabaja en otro decreto para reducir los derechos de exportación a la industria, con bajas del 4,5% a 0% en junio de este año para sectores como el automotor, petroquímico, maquinaria y equipos. Esta última parte del anuncio recibió el apoyo de la Unión Industrial Argentina (UIA).

La decisión busca contrarrestar la “retención” de granos por parte de los productores, una situación que, según Caputo, afectó la liquidación de divisas. El ministro reconoció que, si bien la liquidación le permitió al Banco Central comprar más de US$ 9.800 millones en reservas este año, la mayor parte provino del sector energético, advirtiendo sobre la especulación en el agro.

“Sale entre este martes y miércoles, ahora tiene que pasar por Aduana y ARCA”

Actualmente, las ventas de maíz acumulan casi 27 millones de toneladas para la campaña 2025/2026, mientras que las de soja suman solo 16 millones, de acuerdo con la analista Lorena D’Angelo de AZ-Group. Todavía restan comercializar 80 millones de toneladas, distribuidas en 10 millones de trigo, 30 millones de soja y 40 millones de maíz.

Reacciones y perspectivas fiscales

Aunque la Mesa de Enlace apoyó los anuncios, la gradualidad de la rebaja en la soja generó cierta desilusión. Un líder de las entidades del campo expresó que esta modalidad podría hacer que el productor sea “más reacio a vender” y que los compradores deban “seducirlo con el precio de pizarra”, considerando el plazo “demasiado largo en el tiempo”.

Analistas estiman que hay unos US$ 14.500 millones en toneladas de soja sin comercializar a precio FOB al 28 de mayo. La consultora Outlier señaló que, si bien un incentivo impositivo podría acelerar el proceso, no ven que una parte significativa de esos US$ 14.500 millones se vuelque al mercado en el corto plazo. Proyectan que la oferta se mantendrá nutrida, pero podría achicarse en la segunda mitad del año, mientras la demanda tendería a crecer por compras de dólares de individuos y eventos como el Mundial.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), si bien considera los derechos de exportación como un impuesto distorsivo, en ocasiones ha recomendado a Argentina incrementarlos. En su último staff report, advirtió que la reducción de retenciones afectaría negativamente la recaudación.

El Gobierno estima que la poda de retenciones implicará un costo fiscal de US$ 1.200 millones, con un efecto negativo más acotado en 2026. Este costo se suma a la reciente reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que el FMI calcula en un 0,15% del PBI. Para 2026, el objetivo de un superávit fiscal primario de al menos $16,34 billones (1,4% del PBI) requerirá, según el FMI, ajustes por $5,96 millones en gasto social, subsidios energéticos, salarios públicos, obra pública y gasto discrecional.