Federico Sturzenegger impulsa la desregulación inmobiliaria: fin de la matrícula obligatoria y honorarios libres

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que encabeza Federico Sturzenegger, avanza con un proyecto de ley clave para el sector inmobiliario. La iniciativa, que se espera sea presentada en el Congreso durante este mes, busca transformar radicalmente el corretaje en Argentina, eliminando barreras y promoviendo la competencia.

Las modificaciones propuestas en el borrador del proyecto apuntan a una desregulación profunda, que impactará directamente en la forma en que operan los intermediarios inmobiliarios en el país.

Los puntos clave de la desregulación propuesta

El paquete de medidas elaborado por el equipo de Sturzenegger contempla varios cambios fundamentales:

• Fin de la matrícula obligatoria: Se eliminará la exigencia de inscripción en registros o colegios profesionales para operar como intermediario. El registro pasará a ser voluntario, y la idoneidad será certificada por instituciones específicas. Esto implica un cambio en la categorización de la actividad, que dejará de ser profesional para volver a ser comercial.
• Sin título universitario: Se suprime la obligatoriedad de contar con un título académico como condición para ejercer o permanecer en la actividad.
• Colegios profesionales sin poder sancionatorio: Las entidades colegiales perderán la facultad de sancionar o controlar a los operadores. Los conflictos se resolverán exclusivamente en el ámbito judicial.
• Fin de restricciones geográficas: Se eliminarán las limitaciones territoriales, permitiendo a los operadores actuar en cualquier provincia sin necesidad de reinscripciones o convalidaciones locales.
• Honorarios libres: Se abolirán los aranceles mínimos y honorarios fijos. Las comisiones serán negociadas libremente entre las partes involucradas.
• Derogación en cascada: Un artículo específico derogará todo el marco normativo previo que imponga matrícula, título, sanciones extrajudiciales, restricciones geográficas o precios regulados.

Jorge Amoreo Casotti, CEO de Pint, una startup del sector, calificó la medida como un “cambio de paradigma”. “Es el paso necesario para devolverle al sector su verdadera naturaleza: la de un servicio comercial, competitivo, abierto a la innovación, y no la de una pseudo-profesión científica, cerrada y administrada por estructuras corporativas obligatorias, con origen en un gremio (FAEMCI)”, afirmó Amoreo Casotti, y sentenció: “El sistema actual no protege al consumidor; protege a quienes ya estaban adentro”.

Según Amoreo Casotti, las barreras actuales no mejoraron la calidad del servicio, sino que “restringieron la entrada, encarecieron las operaciones y limitaron la innovación”. “Desregular no es desordenar. Es exactamente lo contrario: es ordenar bajo una lógica más exigente, donde la validación no proviene de una matrícula sino del mercado. El diferencial no es un título, sino la capacidad real de generar valor”, opinó.

Las razones detrás del proyecto oficial

La desregulación del mercado inmobiliario y de los colegios profesionales es una prioridad para el Gobierno. Sturzenegger ya había manifestado esta postura durante el evento “Real estate 2026: expectativas y realidad”, organizado por Reporte Inmobiliario.

“Que un colegio profesional ponga un precio mínimo es una aberración social”, sentenció Sturzenegger durante su presentación ante desarrolladores e inmobiliarios en el evento.

El ministro explicó que el problema no radica en la existencia de los colegios, sino en el uso de “el poder del Estado para fijar condiciones que no responden al mercado”. Cuestionó la imposición de honorarios mínimos, la obligatoriedad de matriculación y las barreras de entrada que, a su juicio, limitan la competencia y terminan “afectando al usuario final”.

“Cuando una norma fija precios o restringe quién puede ofrecer un servicio, en realidad está transfiriendo ingresos de la sociedad hacia un grupo específico”, sostuvo Sturzenegger, quien criticó los “privilegios creados por ley”. La intención oficial es “eliminar los privilegios que hoy encarecen la construcción y la intermediación comercial” para avanzar hacia un mercado “más libre, dinámico y competitivo”.

“La idea es que la gente pueda innovar y crear sin tener que ser parte de un club para tener un privilegio”, insistió el funcionario, buscando eliminar lo que denominó “costos de intermediación innecesarios” en el marco de una política de reducción del peso regulatorio sobre la actividad económica.

El “experimento que funcionó”: la desregulación de los alquileres

En su exposición, Sturzenegger también defendió la eliminación de la Ley de Alquileres a través del DNU 70/2023. Para el ministro, la desregulación completa del mercado de alquileres no solo era necesaria, sino que ya está mostrando resultados concretos.

“El marco actual está totalmente desregulado y eso permitió que el mercado vuelva a funcionar”, afirmó. Según explicó, las restricciones impuestas por la ley anterior, como los plazos mínimos obligatorios o los esquemas rígidos de actualización, habían reducido la oferta y distorsionado los precios.

El cambio normativo, según el funcionario, habilitó una mayor flexibilidad contractual, permitiendo acuerdos más cortos, condiciones adaptadas a cada caso e incluso formatos híbridos, como alquileres atados a una eventual venta del inmueble.

Sturzenegger mencionó datos que indicarían que la oferta de propiedades en alquiler aumentó un 300%, mientras que los precios reales registraron una caída cercana al 30%.

“El nuevo esquema habilitó contratos más flexibles, plazos más cortos y acuerdos adaptados a cada caso, incluyendo alquileres temporarios o cláusulas vinculadas a la venta del inmueble”, concluyó.