Designación judicial: ¿Puede Milei frenar el nombramiento de Michelli pese al aval del Senado?

El Senado de la Nación dio luz verde a la designación de María Verónica Michelli como vocal de un tribunal penal de La Plata, un paso crucial que, sin embargo, se contrapone con la intención del presidente Javier Milei de frenar su nombramiento. La decisión de la Cámara Alta, adoptada el jueves, dejó en manos del Poder Ejecutivo la firma del decreto que la pondría en funciones, reabriendo un debate constitucional sobre los límites de la potestad presidencial.

El interrogante central que se plantea es si el Presidente puede legalmente negarse a firmar el decreto de Michelli, especialmente después de que el propio Poder Ejecutivo solicitara el aval del Congreso. Expertos consultados por LA NACION coinciden en que, aunque la firma del decreto pueda considerarse una decisión discrecional, rechazar a una candidata a jueza por razones arbitrarias, como su parentesco con un periodista, no sería constitucionalmente válido y podría configurarse como un acto discriminatorio. La complejidad radica en la falta de un procedimiento claro para resolver este tipo de situaciones.

La legislación argentina no contempla expresamente qué sucede si un candidato a juez, ya seleccionado por el Consejo de la Magistratura, propuesto por el Presidente y avalado por el Senado, no obtiene finalmente el decreto de nombramiento. A nivel nacional, no se registran precedentes judiciales de un caso similar. Sin embargo, existe un antecedente de arrepentimiento presidencial que involucró a Cristina Kirchner.

En aquel episodio, la entonces Presidenta había enviado un pliego para camarista que obtuvo el acuerdo del Senado. Poco antes de su puesta en funciones, el candidato ordenó la detención del gremialista Rubén Sobrero, actuando como juez subrogante. Cristina Kirchner manifestó su intención de no nombrarlo, pero la situación se resolvió con la renuncia voluntaria del postulante. Esto permitió a la exmandataria elegir a otro integrante de la terna, Alberto Lugones, quien finalmente ocupó el cargo de camarista federal en San Martín.

Las posturas de los constitucionalistas sobre la potestad presidencial

La constitucionalista María Angélica Gelli sostiene que Milei «estaría violando la obligación de todo funcionario de dar razones de sus actos cuando ejerce una función discrecional» si se limita a no enviar el pliego de Michelli. Gelli enfatiza que la discrecionalidad presidencial no debe confundirse con la arbitrariedad, y que en un Estado de derecho, el Poder Ejecutivo debe justificar sus decisiones. «El juez tiene el derecho a pedir explicaciones si el trámite se suspende por motivos irrazonables», agregó.

La razón detrás del presunto veto de Milei a Michelli, según admitió la senadora oficialista Patricia Bullrich, radicaría en que la candidata es cuñada del periodista de investigación Hugo Alconada Mon. Esta motivación ha sido calificada como «ridícula» por algunos expertos.

En contraste, Sebastián Guidi, también especialista en derecho constitucional, argumenta que «el decreto de nombramiento es un acto discrecional del Presidente; el acuerdo del Senado lo faculta a nombrar a un juez (le da su consentimiento para que lo haga), pero no lo obliga a hacerlo». Guidi señala que, si bien los motivos esgrimidos públicamente son cuestionables, una persona que no obtuvo el acuerdo no tiene derecho adquirido al cargo. Propone que, ante la falta de un procedimiento establecido, se debería llamar a un nuevo concurso, a menos que la candidata renuncie al procedimiento.

Una postura más contundente es la de Andrés Gil Domínguez, quien discrepa y afirma que Milei no puede negarse a nombrar a Michelli. Para Gil Domínguez, es una «obligación constitucional» y, de no hacerlo, incurriría en mal desempeño y cometería un delito en ejercicio del cargo, como incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

Jorge Alberto Dieguez, otro constitucionalista, sostiene que la regla general es que el nombramiento (o no) es una potestad constitucional discrecional del Poder Ejecutivo. «Hasta el momento en que se publica la designación en el Boletín Oficial, el candidato no tiene un derecho adquirido al cargo, aun cuando haya sido seleccionado por el Consejo de la Magistratura, propuesto por el Presidente y obtenido el acuerdo del Senado», explicó Dieguez a LA NACION. Sin embargo, advierte que excluir a un candidato por ser pariente de un periodista constituye un acto discriminatorio en los términos de la Ley 23.592 y una desviación de poder.

Dieguez concluye que, si bien es difícil obligar a un presidente a nombrar a un juez excluido por motivos discriminatorios, el caso de la doctora Michelli podría sentar un precedente para cambiar esta situación en el futuro.