Narcojuez: el contador de Bailaque y Esteban Alvarado se arrepintió y lo hundió
ROSARIO.– La audiencia clave para definir si el exjuez federal Marcelo Bailaque enfrentará un juicio oral por su presunta connivencia con el narcotráfico comenzó con un giro explosivo. Gabriel Mizzau, el contador que compartía servicios con el narcotraficante Esteban Alvarado y con el propio magistrado que debía investigarlo, aceptó una condena y se presentó como imputado colaborador.
Esta decisión convierte a Mizzau en el tercer “arrepentido” que compromete gravemente a Bailaque, actualmente bajo detención domiciliaria. Se espera que sus declaraciones revelen detalles cruciales sobre el crecimiento patrimonial del exmagistrado.
La “bomba” en la Cámara Federal
La noticia generó una fuerte conmoción en la sala de la Cámara Federal de Rosario, donde el vocal Aníbal Pineda presidía el acto. El fiscal jefe de la Procuración de Narcotráfico, Diego Iglesias, confirmó que Mizzau había suscripto horas antes un acuerdo pleno. Este convenio incluye el reconocimiento de su culpabilidad, una pena definida a homologar posteriormente, y un acuerdo de colaboración como imputado en el marco del artículo 41 ter del Código Penal. Dicho artículo permite el aporte de información relevante a cambio de una reducción de la pena.
“Mizzau aportó información de carácter patrimonial que nos permite avanzar en casos conexos. Reconoció los hechos y la calificación jurídica”, aseguró Iglesias. Como resultado, la audiencia de control de acusación contra Mizzau fue declarada abstracta, ya que el acusado admitió su responsabilidad.
El origen de la investigación y las acusaciones contra Bailaque
La causa contra Bailaque se inició luego de que LA NACION revelara el 11 de junio de 2024 que el entonces juez compartía contador con el jefe narco que debía investigar, y que el hijo de Mizzau había ingresado a trabajar en el juzgado federal N°4, a cargo del exmagistrado. Esta revelación desencadenó la investigación fiscal.
Mizzau estaba acusado de lavado de activos por asesorar contablemente a la red societaria que Alvarado montó desde 2014. Empresas como Logística Santino, Sagrado Corazón de María, Toia y Edra funcionaban como pantallas para blanquear la fortuna acumulada por el narco, quien, según la acusación, no fue investigado por Bailaque en la justicia federal. Mizzau firmó balances, gestionó habilitaciones y nunca reportó operaciones sospechosas, todo mientras manejaba las cuentas personales del juez.
A partir de la publicación periodística, la situación de Bailaque se desmoronó. El Consejo de la Magistratura aceleró un sumario disciplinario, y los fiscales federales avanzaron con las imputaciones. En noviembre de 2024 se formalizó la investigación penal, y el 30 de abril de 2025, el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz le dictó prisión preventiva por 90 días, que se hizo efectiva tras su renuncia al cargo en junio de 2025 y la aceptación del gobierno de Javier Milei el 30 de ese mes.
Bailaque fue acusado de prevaricato, abuso de autoridad, allanamiento ilegal, falsedad ideológica de documento público, extorsión, recepción de dádivas y lavado de activos.
Otros “arrepentidos” y el cerco judicial
Mizzau no es el primer colaborador en esta causa. Antes lo hicieron Carlos Vaudagna, extitular de ARCA en Rosario, quien en marzo de 2025 admitió haber participado en el armado de una causa falsa contra el empresario Claudio Iglesias para extorsionarlo. También Fernando Whpei, titular del Grupo Unión y amigo del exjuez, se plegó a la figura de colaborador, con revelaciones sobre el manejo irregular de fondos de la Cooperativa de Estibadores de Puerto San Martín.
Con tres arrepentidos declarando en su contra –Vaudagna, Whpei y ahora Mizzau–, el cerco sobre Bailaque se estrecha. Los fiscales federales Diego Velasco, Juan Argibay Molina y Federico Reynares Solari presentaron en febrero de 2026 tres acusaciones formales, solicitando una pena de 10 años de prisión, inhabilitaciones y multas. En su escrito, calificaron las conductas de Bailaque como “un supuesto paradigmático de corrupción estructural en el seno del Poder Judicial”.
El capítulo más grave de la acusación se vincula con la inacción de Bailaque en la causa contra Alvarado. En 2013, la Policía de Seguridad Aeroportuaria presentó informes sobre el narco, y el entonces fiscal Marcelo Di Giovanni pidió intervenciones telefónicas. Bailaque las rechazó o demoró hasta once meses, una pasividad que, según la acusación, permitió a Alvarado consolidar su poder criminal y acumular una fortuna. Recién en 2019, cuando Alvarado ya había sido detenido por la justicia provincial, Bailaque lo procesó.
La colaboración de Mizzau aporta información patrimonial que, según los fiscales, permitirá avanzar en causas conexas. Se espera que sus revelaciones expongan ramificaciones que excedan la figura de Bailaque y arrojen luz sobre un sistema de funcionamiento que contaminó la justicia federal de Rosario durante años.
El juicio oral, que los fiscales esperaban para el primer semestre de 2026, es ahora inminente. Bailaque permanece detenido en su domicilio, mientras la causa que comenzó con la revelación de un vínculo contable entre un juez y un narco expone una trama de corrupción judicial sin precedentes en la historia de Rosario.
