Freno judicial a despidos en el INTI: la Justicia falló a favor de ATE contra el Gobierno
La Justicia dictó un fallo clave a favor de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), ordenando al Gobierno nacional dar marcha atrás con la Resolución 42/26. Esta disposición, publicada en abril, establecía la cesación de más de 900 servicios del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), una medida que, según el gremio, buscaba justificar más de 700 despidos y un “desmantelamiento” del organismo.
Este martes, el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial de San Martín hizo lugar a la medida cautelar presentada por ATE. La resolución judicial exige a las autoridades del INTI abstenerse de aplicar la polémica medida, garantizando la ocupación efectiva de todos los trabajadores con el mantenimiento pleno de sus categorías y remuneraciones.
“La Justicia falla a favor de ATE y frena los despidos masivos en el INTI. También impide el desmantelamiento del organismo. Es un triunfo para los estatales”, celebró en sus redes sociales Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.
Aguiar calificó la cautelar como un “avance significativo en la lucha contra los despidos ilegales y el desguace estatal”. Además, apuntó directamente contra el Gobierno: “Lo dijimos mil veces: no se puede gobernar al margen de la ley y contra la Constitución Nacional. Se están debilitando, la tortilla se empezó a dar vuelta y vamos por más”.
El contexto de la resolución gubernamental
A mediados de abril, el Gobierno había justificado la baja de los más de 900 servicios del INTI alegando “baja demanda”. Esta resolución se enmarca en una serie de recortes que el Ejecutivo viene implementando sobre el organismo desde principios de 2024. Los servicios suprimidos incluían una amplia gama de funciones críticas para diversas industrias y sectores.
Entre los servicios afectados se encontraban ensayos microbiológicos clave en alimentos (como detección de Salmonella, E. coli, Listeria) y control de contaminantes como micotoxinas. También se vieron impactados los análisis de calidad de agua y efluentes (potabilidad, metales, compuestos orgánicos), servicios de metrología y calibración de instrumentos (termómetros, prensas, equipos electrónicos), así como ensayos para la industria de materiales de construcción, seguridad eléctrica/electrónica y control de combustibles (naftas, gasoil) y componentes de seguridad en transporte (ascensores, automotriz). La decisión judicial representa un revés significativo para la política de ajuste en organismos estatales.
