Super RIGI: el Gobierno envió al Congreso su propuesta de mega incentivos para inversiones de más de US$1000 millones
El Gobierno envió formalmente al Congreso el denominado ‘Super RIGI’, una iniciativa que establece un esquema de beneficios fiscales, impositivos, cambiarios y aduaneros para proyectos de inversión que superen los US$1000 millones en “nuevas actividades”. La propuesta, que había sido anticipada por el presidente Javier Milei a través de sus redes sociales, se integra a un paquete de proyectos legislativos.
Bajo el nombre de Ley de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, el proyecto fue girado al Congreso junto a otras propuestas como la ley de Lobby, la ley de Ludopatía y un intento de derogar la ley de Etiquetado Frontal. Esta iniciativa replica y amplía el esquema del Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) sancionado en 2024 dentro de la Ley Bases, buscando “crear un régimen integral de incentivos, seguridad jurídica y estabilidad normativa destinado a atraer proyectos de inversión de gran escala”, según el mensaje que acompaña el proyecto, firmado por Milei, Luis Caputo y Manuel Adorni.
El ‘Super RIGI’ propone una vigencia de cinco años, con la posibilidad de una prórroga por un año adicional. Para acceder a sus beneficios, los proyectos deben superar los US$1000 millones de inversión, con un mínimo del 20% de ese monto a ejecutarse en los primeros dos años desde la adhesión al régimen.
Beneficios impositivos y aduaneros
En materia impositiva, el ‘Super RIGI’ establece una alícuota del 15% para el Impuesto a las Ganancias y del 3,5% sobre los dividendos y utilidades generados por la actividad. Estas condiciones representan una mejora significativa respecto al RIGI inicial, que fijaba una alícuota del 25% para Ganancias, una inversión mínima de US$200 millones y una alícuota del 7% para dividendos que solo se reducía al 3,5% después de siete años.
La propuesta también incluye un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y el uso de certificados de crédito fiscal para cancelar el IVA sobre activos computables. Otro punto relevante es la exención de derechos de importación y exportación para los bienes aplicados al plan de inversión y para los productos obtenidos dentro del proyecto.
Estabilidad normativa y alcance provincial
El proyecto garantiza un “sólido marco de garantías, estabilidad normativa y compatibilidad con otros regímenes”, ofreciendo estabilidad en materia tributaria, aduanera, de seguridad social y cambiaria por 30 años desde la fecha de adhesión. Además, los proyectos incluidos en el ‘Super RIGI’ estarán exceptuados de la obligación de liquidar en el país los aportes de capital, financiamiento y servicios vinculados a la iniciativa.
Al igual que el RIGI anterior, este esquema deberá ser refrendado por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El ‘Super RIGI’ impone a los gobiernos locales un tope del 0,5% de alícuota para Ingresos Brutos sobre los proyectos, además de la imposibilidad de cobrar Impuesto de Sellos y de “regalías” o “canon administrativo vigente o futuro”.
Según lo planteado por el ministro Caputo, el ‘Super RIGI’ busca incentivar inversiones en “actividades económicas genuinamente nuevas en el país”. El proyecto define como nueva actividad a “todo proyecto industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica” que, al momento de la entrada en vigencia de la ley, no se desarrolle, produzca o preste en el país, o cuyo grado de desarrollo sea experimental o piloto. La intención es concretar inversiones en áreas como el procesamiento de litio, autos eléctricos, paneles solares y la cadena del uranio, entre otros.
