Buscan endurecer penas por vandalismo rural: hasta ocho años de prisión

En respuesta a los

reiterados reclamos del sector agropecuario por hechos de vandalismo, intrusiones y daños a la infraestructura productiva, la Cámara de Diputados recibió un proyecto de ley que busca endurecer las penas para delitos cometidos en el ámbito rural. La iniciativa, impulsada por el diputado nacional Martín Ardohain (Pro), presidente de la Comisión de Agricultura, y otros legisladores, propone modificaciones al Código Penal para castigar con hasta ocho años de prisión actos como la rotura de silobolsas, daños a cultivos, instalaciones rurales e infraestructura tecnológica.

El proyecto también introduce cambios en la figura de “instigación pública”, agravando las penas cuando la convocatoria a cometer delitos se realice mediante redes sociales o plataformas digitales. La propuesta cuenta con el respaldo de diputados como Cristian Ritondo, Alejandro Finocchiaro y Fernando De Andreis, entre otros.

Nuevas figuras delictivas y penas más severas

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la incorporación del artículo 150 bis al Código Penal, que establece prisión de un mes a un año para quien ingrese a un establecimiento rural “contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo”. El texto aclara que la existencia de cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que prohíban el ingreso presume la voluntad de exclusión. Se exceptúan ingresos por “necesidad justificada, razones de auxilio o cuando la configuración del lugar no permita distinguir claramente el límite con la vía pública”.

En los fundamentos, Ardohain sostuvo que “el campo argentino está siendo afectado por modalidades delictivas que la ley hoy ignora o minimiza, dejando al productor en un estado de absoluta indefensión”. Afirmó que “la destrucción de la infraestructura tecnológica estratégica se pretende juzgar con herramientas del siglo pasado”, y que la propuesta busca “adecuar y actualizar las normas penales para dar una respuesta sistémica, eficaz y moderna”.

Daños a la producción y caza furtiva

Otro eje fundamental es la creación del artículo 184 bis, que endurece las penas para quienes provoquen daños sobre bienes vinculados a la producción agropecuaria. La iniciativa fija penas de dos a ocho años de prisión y multas de entre tres y doce veces el valor del daño causado para quienes destruyan o dañen cereales, oleaginosas, silobolsas, cultivos, ganado, instalaciones rurales o productos durante su transporte. La pena mínima se eleva al doble si el autor es funcionario público o se dedica habitualmente a la actividad agropecuaria.

El proyecto también incluye daños sobre “paneles solares, bombas sumergibles, generadores o sistemas de riego”, además de “alambrados, tranqueras, silos, corrales o reservas hídricas”. El texto remarca que, actualmente, muchos de estos hechos son considerados por la Justicia como “daño simple”. “La destrucción de un silobolsa o el daño a los cultivos no es un simple acto vandálico; es un ataque directo al esfuerzo de inversión y a la capacidad exportadora del país”, argumentan los fundamentos.

Respecto a las intrusiones en campos y la caza furtiva, Ardohain planteó que “las intrusiones clandestinas en los campos rara vez constituyen hechos azarosos o inocentes” y que muchas veces funcionan como “una tarea de inteligencia delictiva previa, orientada a relevar vulnerabilidades”. Sostuvo que el nuevo artículo busca resolver “un conflicto cotidiano y severo en el sector: el ingreso inconsulto de personas armadas para realizar prácticas de caza clandestina o furtiva”, lo que “destruye alambrados, altera y estresa al ganado en producción y representa un riesgo gravísimo para la seguridad física de quienes habitan el predio”.

Instigación digital y «restablecer el imperio de la ley»

La propuesta también modifica el artículo 209 del Código Penal sobre instigación pública, elevando las penas cuando la convocatoria a cometer delitos se realice “a través de medios de comunicación masiva, redes sociales o plataformas digitales”. El proyecto argumenta que estas plataformas permiten “la difusión instantánea de coordenadas geográficas exactas por GPS, mapas o datos satelitales”, facilitando “ataques materiales simultáneos, masivos y sistemáticos contra diversos establecimientos agropecuarios”.

Finalmente, Ardohain afirmó que la reforma “no busca crear privilegios sectoriales, sino

restablecer el imperio de la ley, la certeza jurídica y la protección de la libertad y el trabajo en el ámbito rural argentino.