Disputa por el Puerto de Ushuaia: Melella recurre a la Corte Suprema contra la intervención nacional

USHUAIA.- La intervención del Puerto de Ushuaia, dispuesta por el Gobierno nacional el 21 de enero pasado, ha escalado a una disputa política que podría dirimirse en la Corte Suprema de Justicia. La medida generó tensiones con la administración provincial de Gustavo Melella, reclamos laborales y una creciente preocupación en el sector turístico, clave para la economía fueguina.

La provincia de Tierra del Fuego, a través de su área legal y un estudio jurídico de Buenos Aires, ya realizó presentaciones ante el máximo tribunal para intentar retomar el control del puerto. La Fiscalía provincial también estaría interviniendo para defender los intereses locales, basándose en la Ley 24.093 de traspaso de puertos a las provincias, vigente desde 1992.

Críticas a la gestión de los interventores y alerta por el turismo

El interventor designado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) es Iñaki Miguel Arreseygor, quien llegó acompañado por Fernando Ariel Polizzi, alineado con el senador nacional Agustín Pedro Coto (La Libertad Avanza) y ex titular del PAMI fueguino. Desde el gobierno provincial, las críticas no se hicieron esperar.

Miguel Ramírez, vicepresidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), calificó la intervención como un “avasallamiento” y una “intervención de facto con falsedades e inventos”. En diálogo con LA NACION, Ramírez remarcó que el puerto mantenía su certificado de operación normal y avanzaba en trabajos de reparación con la Nación. “Esto demuestra que la intervención viene por lo que el puerto de Ushuaia significa y el posicionamiento geopolítico”, afirmó.

“Decir que hay un puerto intervenido genera incertidumbre que hace sonar alarmas en operadores turísticos, que por supuesto lo está capitalizando Chile. Por eso también es un balance negativo. Acá hay incertidumbre, no hay comunicación ni contacto con la gente de la intervención ni siquiera el gobernador, la vicegobernadora o nosotros como autoridades podemos ingresar al puerto, no dejan ingresar a legisladores ni a nadie, es una anarquía.”
— Miguel Ramírez, vicepresidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP)

Ángel Brisighelli, presidente de la federación de empresarios turísticos de la zona, expresó en Radio Provincia que la principal inquietud radica en cómo la “pelea política” podría afectar la dinámica del puerto a futuro. La falta de comunicación oficial por parte de los interventores y la incertidumbre sobre la operatoria de las próximas temporadas ya están generando desvíos de cruceros hacia puertos chilenos como Punta Arenas, según denuncian autoridades locales.

Preocupación sanitaria y laboral

Un punto de alarma adicional surgió a raíz de un brote de hantavirus vinculado al paso de un crucero. Ramírez advirtió que las empresas navieras están solicitando certificados de desratización, que el puerto tenía al día hasta diciembre, pero que la intervención no habría actualizado. “No contestaron, lo que nos hace presuponer que no tienen certificados de estos meses, o sea de enero a la fecha”, señaló.

La situación laboral también se complejiza. Desde el 21 de enero, empleados portuarios denuncian que no han podido ingresar a sus puestos, lo que derivó en reclamos y la amenaza de medidas de fuerza. Esta situación, sumada a la tensión política, preocupa por su impacto en la llegada de cruceros y la imagen internacional del destino, especialmente para el turismo antártico.

Obras y falta de transparencia, según la provincia

Mientras la provincia denuncia un “manejo del puerto a 3 mil kilómetros” y la búsqueda de “negocio” por parte de la Nación, la ANPyN oficializó un llamado a Licitación Pública 05/2026 para el recambio y renovación del sistema de defensas del muelle. La obra contempla la provisión y colocación de 75 nuevas defensas en reemplazo de equipos deteriorados.

Según la intervención, el financiamiento de estas obras proviene de “ahorros generados mediante el uso eficiente de los ingresos derivados de la propia operatoria portuaria”. Sin embargo, no se brindaron precisiones sobre el volumen de recursos administrados ni su asignación detallada, más allá de la promesa de mecanismos de licitación pública. Desde el entorno de la intervención, se sostiene que estas obras no estaban contempladas en el presupuesto previo del puerto, un argumento que busca legitimar su gestión en medio de las acusaciones de falta de transparencia y el conflicto con el gobierno fueguino.