Crisis judicial en Provincia: Kicillof busca cubrir cuatro vacantes en la Corte y 200 juzgados
La provincia de Buenos Aires enfrenta una profunda crisis en su Poder Judicial, con cuatro sillones vacíos en la Corte Suprema provincial y doscientos juzgados sin cubrir. El gobernador Axel Kicillof tiene el objetivo de completar la conformación del máximo tribunal antes de finalizar su mandato, una tarea que requiere un complejo acuerdo político.
La urgencia por estas designaciones fue planteada explícitamente por el presidente de la Corte bonaerense, el juez Sergio Torres, quien no solo demandó la cobertura de los cargos en el tribunal superior, sino también la de los doscientos puestos de jueces y juezas que actualmente están vacantes en todo el territorio provincial. Fuentes oficiales admiten que la situación está «trabada en la política», a pesar de la persistente demanda del Poder Judicial para garantizar una «correcta administración de justicia».
Un Poder Judicial con déficit de magistrados
El Poder Judicial bonaerense es uno de los más grandes de la región, con veinte departamentos judiciales y un total de 2.400 miembros entre fiscales, jueces y defensores oficiales. De este universo, 1.300 son magistrados. La Corte Suprema provincial debería contar con siete miembros, pero actualmente solo tres están en funciones: Sergio Torres, Daniel Soria e Hilda Kogan, quien asumió en 2002.
Hacia 2024, la provincia llegó a tener setecientos puestos vacantes. Si bien se lograron cubrir 415 cargos durante las gestiones de Julio Alak y Juan Martín Mena como ministros de Justicia, aún quedan doscientos puestos sin ocupar. La primera de las vacantes en la Corte se produjo en enero de 2020, lo que significa que han pasado más de ochocientos días sin que se haya cubierto ese primer cargo.
Impacto en el funcionamiento de la Corte
La falta de integración plena en la Corte Suprema genera una complicación operativa significativa. Para resolver cualquier caso, el máximo tribunal requiere un quórum de cuatro de sus integrantes. Con solo tres jueces titulares, es indispensable convocar a un cuarto juez, generalmente entre los presidentes de los Tribunales de Casación Penal, para alcanzar el quórum mínimo. Esto significa que la convocatoria a un conjuez, que debería ser una excepción, se ha convertido en una norma.
Si bien fuentes judiciales consultadas por Clarín aseguran que no hay mora en el tratamiento de los casos gracias a las modificaciones implementadas durante la pandemia, que permitieron ganar celeridad, sí reconocen una sobrecarga en los tres miembros que integran hoy la Corte. El 28 de abril, el máximo tribunal presentó un proyecto de autarquía económica a la Legislatura, en cuyo marco el juez Torres enfatizó que:
“postergar las designaciones es debilitar el sistema, avanzar en ellas es fortalecer el Estado de Derecho”.
Torres instó a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la provincia a través del Senado, a que se «aboquen a la urgente cobertura de las vacantes y así darle a la provincia una Corte integrada con sus siete miembros, conforme la manda Constitucional y las leyes vigentes».
El desafío político de Kicillof
El principal escollo para Kicillof reside en el ámbito político. Fuentes oficiales explican que la Comisión de Acuerdos del Senado provincial, encargada de tratar los pliegos para la cobertura de cargos, aún no está constituida. Para lograr las designaciones en la Corte, el gobernador necesita obtener los acuerdos necesarios con bloques clave como La Cámpora y el espacio que responde a Sergio Massa, ya que se requiere mayoría simple en la Legislatura.
La situación, una vez más, es definida por fuentes oficiales como una «traba política», similar a lo que ocurre en el ámbito nacional. La resolución de esta crisis es fundamental para el funcionamiento del sistema de justicia en la provincia más grande del país.
