Defensoría del Niño: el oficialismo anuló el concurso y reabre la disputa por el perfil ideológico del cargo

El oficialismo en el Congreso impulsó la anulación del concurso que había seleccionado a la abogada María Paz Bertero para ocupar la titularidad de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La decisión, tomada durante la primera reunión de la Comisión Bicameral encargada de definir el cargo, implica la apertura de un nuevo proceso de selección con un reglamento diferente, reavivando una profunda disputa política e ideológica sobre el perfil que el Gobierno busca para el organismo.

Bertero había sido elegida en 2025 tras un concurso público impulsado por la comisión bicameral. Su postulación fue aprobada por la Cámara de Diputados con 156 votos positivos, 44 rechazos y seis abstenciones, con amplio apoyo de Unión por la Patria y sectores dialoguistas como Pro, la UCR, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el MID. Sin embargo, su ratificación quedó frenada en el Senado. Junto a ella, integraban la terna Matías Robledo y Héctor Vito como defensores adjuntos.

El argumento oficialista y el perfil ideológico

La ofensiva para dar de baja el proceso fue liderada por la presidenta de la bicameral, la senadora Vilma Bedia, junto a los diputados Santiago Santurio y Nicolás Mayoraz. Todos ellos son referentes cercanos a sectores religiosos –evangelistas y católicos– que rechazan la legalización del aborto. Este posicionamiento choca directamente con el perfil de Bertero, abogada especializada en violencia de género y defensora de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, lo que generó una fuerte resistencia dentro del oficialismo, que ahora busca una figura vinculada al movimiento “pañuelo celeste” para el cargo.

⁠El Defensor del Niño debe defender a todos los niños, incluso los por nacer.
No aceptamos designaciones a dedo ni activismo disfrazado de buenas intenciones. Exigimos transparencia y verdadera protección de los niños, niñas y adolescentes. pic.twitter.com/4yuitPRfh0

— Santiago Santurio 🇦🇷 (@Turios) October 7, 2025

El argumento formal de La Libertad Avanza (LLA) para anular el concurso fue que el proceso había perdido vigencia. Bedia sostuvo que la terna “se encuentra vencida” según los artículos 106 y 111 del reglamento de la comisión y planteó la necesidad de iniciar un nuevo proceso “desde cero”. El diputado Mayoraz, en su rol de vocero técnico, detalló que el concurso tenía una vigencia de 180 días corridos desde septiembre de 2025, plazo que venció el 22 de marzo de este año. Además, denunció supuestas irregularidades administrativas durante la gestión anterior, a cargo de la radical Natalia Sarapura, mencionando exámenes sin firmas de legisladores, errores en las puntuaciones y falta de transparencia en el acceso a las evaluaciones.

Rechazo opositor y preocupación de organizaciones

La oposición rechazó categóricamente estos argumentos, acusando al oficialismo de intentar anular una designación que ya había sido validada políticamente por la Cámara de Diputados. Legisladores de Unión por la Patria (UP) defendieron la legalidad del concurso, señalando que la interpretación histórica de la comisión siempre consideró los 180 días como hábiles legislativos y no corridos. Esta postura fue confirmada por Sarapura en diálogo con LA NACION. El senador peronista Daniel Bensusán recordó que una resolución de 2019 ya había fijado ese criterio, mientras que la bonaerense Juliana Di Tullio sostuvo que la terna aprobada por la bicameral debía ser tratada por el Senado y no anulada por una resolución interna de comisión. En la misma línea, el jefe del bloque de UP en Diputados, Germán Martínez, denunció una “tropelía legislativa”.

A pesar de las objeciones, el oficialismo impuso su mayoría de seis firmas y aprobó la Resolución 1/26, que dio por finalizado el concurso de 2025 y habilitó la convocatoria a uno nuevo. La decisión contó con cinco firmas libertarias y una de Pro, la de Victoria Huala, lo que contrastó con el apoyo que su partido había brindado a Bertero el año pasado.

Tras la decisión, Bertero cuestionó el cambio de criterio aplicado por la bicameral, vinculando la maniobra con motivos políticos. “El único antecedente que existe determinó que los 180 días eran hábiles legislativos. Cambiar ahora las reglas de juego demuestra que el criterio no es técnico sino político”, afirmó. La abogada también denunció “campañas de desprestigio” impulsadas desde sectores oficialistas y advirtió que la Defensoría “queda completamente debilitada” en un contexto de recortes presupuestarios y retroceso de políticas públicas vinculadas a la infancia.

Las organizaciones de derechos de la niñez también criticaron la decisión. Francisco Rodríguez, abogado de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) e integrante del colectivo Infancia en Deuda, sostuvo que la anulación del concurso genera “un escenario de enorme incertidumbre jurídica e institucional”. Cuestionó que las reglas hayan sido modificadas “con el proceso ya avanzado y después de que incluso la Cámara de Diputados hubiera aprobado la terna”. Rodríguez alertó sobre el impacto institucional de mantener vacante la Defensoría, afirmando que “las infancias necesitan una Defensoría plenamente operativa” y reclamando que se retome un diálogo político serio para avanzar con una institución fuerte y funcionando.