Jubilados en apps de viajes: la polémica por la exigencia de licencia profesional en CABA
La situación de los jubilados en Argentina, forzados a buscar alternativas laborales para complementar sus magros ingresos, se ha complejizado con una reciente interpretación judicial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta decisión equipara a los conductores de aplicaciones de transporte de pasajeros con los taxistas, imponiéndoles requisitos que, según voces del sector, resultan “onerosos” y de “imposible cumplimiento” para los adultos mayores.
Muchos jubilados, cuyo poder adquisitivo se ha deteriorado drásticamente en la última década —con haberes que representan menos del 30% de su salario en actividad—, recurren a plataformas como Uber o Cabify para afrontar el costo de vida. Se estima que más de un millón de personas en edad pasiva continúan trabajando por necesidad.
Nuevas exigencias y el impacto en los jubilados
La interpretación difundida en CABA establece que quienes trabajen en estas aplicaciones deben cumplir con los mismos requisitos que los choferes de taxi. Esto incluye poseer licencia de conducir profesional, tener domicilio en CABA, presentar certificado negativo de antecedentes penales, contratar seguro de responsabilidad civil para transporte de pasajeros, realizar un curso de formación profesional y estar registrado en la App TAXI, además de solicitar una licencia especial e identificar el vehículo.
Carlos Luis Okretic, en un reclamo dirigido al jefe de Gobierno porteño, calificó estas exigencias como una “carga muy onerosa y ridícula” para los jubilados. Además, advirtió que su control sería de “imposible cumplimiento” y “muy costoso para el erario de CABA y, por consiguiente, para el ciudadano de esta Capital”. Otro lector, Rodolfo C. Castello, sumó su voz crítica, señalando que esta fuente laboral nace de la “necesidad, por falta de trabajo, sueldos paupérrimos, pobreza, jubilaciones vergonzosas y recesión”. Castello enfatizó que la medida de la Sala II de la Cámara de Apelaciones de CABA atenta contra el derecho a trabajar dignamente y destacó la disparidad de ingresos entre los jueces y los jubilados, médicos o maestros que recurren a estas plataformas.
“Esta fuente laboral nace por necesidad, por falta de trabajo, sueldos paupérrimos, pobreza, jubilaciones vergonzosas, recesión, etc. Es una labor digna, como de vendedor ambulante que compite con comercios u otras, que se otorga por la necesidad de subsistir honradamente.”
El deterioro de los haberes jubilatorios
La situación de los jubilados es crítica y se ha mantenido en el centro del debate público. Matías Aníbal Rossi recordó que las jubilaciones actuales “ni siquiera llegan al 50% de los sueldos en actividad” y citó datos del Ministerio de Capital Humano, donde la remuneración promedio de trabajadores estables (RIPTE) a marzo de 2026 era de $1.775.664, mientras que la jubilación promedio ascendía a $689.042. Rossi lamentó que, a pesar de los años, “seguimos abandonados por la política autóctona” y que el Estado “dilapidó durante décadas nuestros aportes para sus políticas populistas”.
En este contexto, la salud también representa una preocupación. Francisco Omar Linares, jubilado con la mínima y secuelas de un ACV, describió la dificultad para acceder a servicios odontológicos de PAMI en Castelar e Ituzaingó, donde los profesionales exigen pagos particulares que su jubilación no le permite afrontar.
Cambios en la estrategia de la AFIP y la demanda a ANSeS
En otro frente, se conoció que la AFIP (ARCA) dejará de apelar en juicios previsionales, lo que permitirá a los jubilados con sentencia favorable dejar de pagar Impuesto a las Ganancias. Esta decisión fue tomada por el organismo tributario al considerar que las apelaciones generaban “mucho gasto fiscal”.
Ante esta novedad, Roberto A. Meneghini sugirió que la ANSeS debería adoptar una medida similar. Instó al organismo a no apelar más los juicios en su contra que solicitan la actualización de haberes, especialmente aquellos con sentencias favorables a los pasivos, en un gesto que aliviaría la carga judicial y económica de los jubilados.
