San Luis: Impulsan la remoción de una jueza por un fallo millonario contra la provincia
La provincia de San Luis se encuentra en el centro de un conflicto judicial de alto impacto, luego de que la Fiscalía de Estado, impulsada por el gobernador Claudio Poggi, solicitara la remoción de una jueza por un fallo que califican de “estrafalario”. La magistrada habría ordenado a la provincia el pago de mil millones de pesos en concepto de honorarios para abogados de una agrupación ambientalista, en relación con un daño ambiental de una obra que, según la denuncia, nunca se concretó.
El caso, que generó un fuerte revuelo en la esfera política y judicial puntana, se vincula con un proyecto de acueducto impulsado durante la gestión del exgobernador Alberto Rodríguez Saá. Una agrupación ambientalista, que rechaza esta iniciativa y promueve la creación de una reserva ecológica en la zona, habría sido la beneficiaria del polémico dictamen judicial.
El origen del conflicto: una obra sin ejecutar
La controversia radica en que el monto multimillonario fue dictaminado como compensación por un daño ambiental asociado a una obra de infraestructura hídrica que, de acuerdo con la presentación de la Fiscalía, no llegó a ejecutarse. Esto plantea interrogantes sobre la fundamentación del fallo y la existencia real del perjuicio ambiental que justificaría una erogación de tal magnitud por parte del Estado provincial.
La decisión de la jueza de ordenar el pago de mil millones de pesos en honorarios para los abogados de la agrupación ambientalista es el eje central de la acusación. La Fiscalía de Estado de San Luis considera que la resolución carece de sustento fáctico y jurídico, lo que motivó la solicitud de remoción de la magistrada. La medida adoptada por el gobierno de Poggi busca sentar un precedente y evitar lo que consideran un grave perjuicio económico para las arcas provinciales.
