Fallo judicial exige a PAMI e Incluir Salud regularizar pagos por discapacidad
La Justicia Federal emitió un fallo contundente que ordena a PAMI, Incluir Salud y al Ministerio de Salud de la Nación regularizar de manera inmediata las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. La resolución judicial exige a los organismos estatales saldar las deudas pendientes con los prestadores en un plazo perentorio de 72 horas, buscando poner fin a las demoras que afectan gravemente la continuidad de los tratamientos y la calidad de vida de miles de beneficiarios.
La abogada Marta Lastra, una de las impulsoras del amparo colectivo que derivó en esta sentencia, calificó las demoras en los pagos como “totalmente infundadas y agarradas de los pelos”. Sus declaraciones subrayan la urgencia y la arbitrariedad de una situación que ha generado incertidumbre y desfinanciamiento en un sector vital para la salud pública.
Impacto del fallo y la situación de los prestadores
El amparo colectivo presentado buscó dar respuesta a una problemática extendida: la falta de pago sistemática por parte de los entes responsables a los profesionales e instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad. Estas dilaciones no solo ponen en riesgo la sustentabilidad económica de los prestadores, sino que, lo que es más grave, interrumpen terapias esenciales, afectando directamente a los pacientes que dependen de ellas.
“Las demoras en los pagos son totalmente infundadas y agarradas de los pelos”, afirmó la abogada Marta Lastra, destacando la falta de justificación para la interrupción de las prestaciones.
La celeridad exigida por la Justicia Federal, al establecer un plazo de 72 horas, refleja la gravedad de la situación y la necesidad de una intervención rápida para garantizar el derecho a la salud y la atención integral de las personas con discapacidad. Este tipo de fallos refuerza el rol del Poder Judicial como garante de los derechos fundamentales ante la inacción o deficiencias de la administración pública.
Críticas al Gobierno Nacional por el nomenclador
En este contexto de reclamos y fallos judiciales, la abogada Lastra también dirigió críticas al Gobierno Nacional por un proyecto que, según detalló, busca auditar y desmembrar el nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad. Este nomenclador es una herramienta fundamental que establece los tipos y costos de las prestaciones que deben ser cubiertas por las obras sociales y prepagas, garantizando un marco de equidad y cobertura.
La posibilidad de una auditoría y eventual modificación del nomenclador genera preocupación entre los defensores de los derechos de las personas con discapacidad, quienes temen que cualquier alteración pueda derivar en una reducción de las coberturas o en una precarización de los servicios. Para Lastra, este tipo de iniciativas, sumadas a las demoras en los pagos, configuran un escenario complejo y desafiante para el sector.
La resolución de la Justicia Federal marca un precedente importante y pone de manifiesto la necesidad de una gestión eficiente y transparente por parte de los organismos estatales encargados de la salud y la discapacidad. La expectativa ahora se centra en el cumplimiento efectivo del fallo y en las acciones que se tomen para evitar futuras interrupciones en las prestaciones.
