Masacre del comedor de la PFA: a 50 años, familiares y organizaciones exigen justicia y condena
Familiares de las 23 víctimas del atentado al comedor de la Policía Federal Argentina (PFA), perpetrado por Montoneros el 2 de julio de 1976, recordaron este sábado los 50 años del trágico hecho. Junto a organizaciones civiles que impulsan el avance de la causa judicial, el acto se realizó frente a la Superintendencia de Agencias Federales de la PFA, la dependencia donde ocurrió el ataque.
Bajo el lema “Basta de impunidad, historia completa”, los presentes reclamaron que la Justicia condene a los responsables del atentado. Además, exigieron la eliminación del nombre de Rodolfo Walsh de la estación de subte de la línea E, a quien consideran el “ideólogo” del ataque, y el retiro de los nombres de los responsables que se mantienen en el Parque de la Memoria, situado en Costanera Norte.
Medio siglo atrás, el 2 de julio a las 13.20, una bomba estalló en el comedor de la Superintendencia de la PFA, ubicado en la planta baja del edificio de Moreno 1417. Fue el atentado más grave ocurrido en el país hasta el ataque a la AMIA. El explosivo había sido colocado apenas 20 minutos antes por José María “Pepe” Salgado, un infiltrado de Montoneros, quien lo dejó oculto bajo un sobretodo en una silla. La explosión causó la muerte de 23 personas y decenas de heridos, según datos oficiales.
El reclamo de las víctimas y la reapertura de la causa
Victoria Matienzo, cuyo hermano, el agente Ernesto Matienzo, falleció en el atentado a los 23 años, fue la primera oradora del acto. Entre aplausos, Matienzo exigió la remoción del nombre de la estación de subte Rodolfo Walsh de la línea E y que “saquen a los asesinos del Parque de la Memoria porque hay muchísimos”. También reclamó el retiro de las placas que, en la entrada del edificio, conmemoran a las víctimas de los años en los que en la dependencia de Moreno 1417 funcionó un centro clandestino de detención, “por respeto a nuestros seres queridos”.
Emilio Hardoy, miembro de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia –entidad que impulsó y consiguió en 2024 la reapertura de la causa judicial–, sostuvo que el atentado representa “un crimen aberrante que sigue impune después de medio siglo”. Hardoy criticó lo que considera una doble vara de la justicia, afirmando:
Los argumentos, la voluntad y la decisión que [los tribunales] dicen no encontrar para juzgar a quienes ensangrentaron al país son los mismos que sí los encontraron, y con qué celeridad, para perseguir a quienes nos defendieron contra la subversión.
La Sala I de la Cámara Federal dispuso en 2024 la reapertura de la investigación judicial y ordenó que el exlíder de Montoneros Mario Firmenich fuera llamado a prestar declaración indagatoria como responsable de la voladura del comedor, al declarar que ese delito es imprescriptible por tratarse de una grave violación de los derechos humanos. No obstante, Firmenich aún no ha declarado ante los jueces.
Apoyos políticos y testimonios desgarradores
Hardoy agradeció la presencia de las legisladoras porteñas Rebecca Fleitas y Lucía Montenegro, ambas del bloque La Libertad Avanza, y del cineasta y escritor alineado con el oficialismo Diego Recalde. Fleitas presentó en marzo pasado por tercera vez en la Legislatura el proyecto para eliminar el nombre de Rodolfo Walsh de la estación de subte.
Julio Renzacci, quien sufrió la seccionamiento de la arteria femoral a causa de la bomba, relató cómo un civil le salvó la vida. Renzacci criticó la actitud de Firmenich:
Tanta soberbia y prepotencia hace 50 años y tanto miedo hoy de una simple declaración en un escritorio.
En la misma línea, Gabriel Cepeda, hijo de Josefina Melucci de Cepeda, la única civil que falleció en el atentado, sostuvo que “quien no comparece para defender sus actos, pone en evidencia su eterna condición de cobarde”. Reclamó que “el tiempo de la Justicia no se tome con el mismo reloj con el que se tomó el tiempo de la injusticia en los últimos 50 años”. Sus hermanas Alejandra y Carolina lo acompañaron en el escenario. Melucci, empleada administrativa de YPF, había ido a la Superintendencia a retirar una cédula y almorzar con una amiga.
Alba Shand, hermana de Carlos, cabo y bombero fallecido en el atentado a los 28 años, afirmó que debió “callar durante mucho tiempo” y que, muchas veces, no pudo “contar las dos partes de esos años terribles”. En diálogo con LA NACION, Shand sostuvo que el actual gobierno libertario fue un “puntapié” para visibilizar esta causa, al “reconocer a las Fuerzas Armadas” y “respetar a la PFA, que estuvo tan ninguneada durante tanto tiempo”.
El homenaje finalizó con la lectura de los nombres de las víctimas del atentado, a cargo de Andrés Fernández Cendoya, titular de la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en la Argentina (Afavita).
