¿Se agota la “motosierra”? El Gobierno cree que el ajuste llegó a su límite
El Gobierno nacional considera que el margen para continuar ajustando el gasto público se ha reducido drásticamente. Tras una caída de casi diez puntos porcentuales del gasto en relación con el Producto Bruto Interno (PBI) en los últimos nueve años, la estrategia de la “motosierra” presidencial podría estar llegando a su fin, dando paso a la necesidad de un aumento en la recaudación para sostener el superávit fiscal.
Esta perspectiva fue insinuada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien afirmó que el nivel actual de erogaciones estatales es comparable al de la década del 90. En una entrevista, el funcionario sostuvo:
«El aumento de la recaudación tiene que venir por formalización y crecimiento económico. Si mantenés el gasto constante, como nuestro caso, vas a tener un superávit más alto».
La visión de los analistas: ¿más ajuste en el horizonte?
Sin embargo, esta visión oficial no es compartida por la mayoría de los analistas económicos, quienes dudan de una rápida recuperación de la recaudación. Para ellos, Hacienda necesitará una nueva ronda de ajuste del gasto para mantener el equilibrio fiscal deseado.
Datos recopilados por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), presidido por Nadin Argañaraz, muestran que en abril el gasto primario del Gobierno nacional se ubicó en el 14,1% del PBI. Esto representa una caída de 5 puntos porcentuales desde el cambio de gobierno y un recorte aún mayor en comparación con la última década. En 2017, el gasto llegó a representar el 24% del PBI, y aunque Mauricio Macri lo redujo al 18,7%, volvió a tocar un techo del 23,6% durante el mandato de Alberto Fernández, antes de acelerar su declive con la llegada de la actual administración.
Argañaraz enfatiza que el margen para recortar el gasto es cada vez menor, ya que «más de la mitad está indexado, como jubilaciones, pensiones y AUH». Esto obliga al Gobierno a reducir aún más el gasto no indexado, que incluye transferencias a provincias, subsidios, obra pública y salarios, entre otros.
Reconfiguración del gasto y metas fiscales
La consultora Outlier, por su parte, observa una reconfiguración interna del gasto estatal. Se registra «menos gasto de capital (casi nulo), subsidios económicos (contracara de tarifas) y transferencias a las provincias (también casi nulas)», mientras aumenta el gasto en jubilaciones, el resto del gasto social (asignaciones universales, programas sociales y PAMI) y gastos de funcionamiento.
Según Outlier, para que el Gobierno cumpla con la meta fiscal comprometida ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) –un superávit del 1,4% del PBI– «será necesario que mejore el desempeño de la recaudación, haya nuevos ajustes explícitos del gasto y/o se sumen nuevas fuentes extraordinarias». La consultora sugiere que el rubro de los planes sociales podría ser el próximo foco de ajuste, dadas las presiones por la crisis energética global.
En contraste, un informe de la consultora LCG anticipa que el objetivo de superávit es alcanzable, aunque la duda reside en la «magnitud y la composición del esfuerzo fiscal necesario». LCG advierte sobre un equilibrio entre medidas que pueden afectar la recaudación, como la reforma laboral, la devolución de fondos coparticipables a CABA y la baja de impuestos ya anunciadas, que deberán ser compensadas con menores gastos.
El FMI y la calidad del ajuste
El FMI, en sus informes sobre el programa financiero con Argentina, ha destacado la importancia del «ancla fiscal». Sin embargo, el organismo propicia un formato de ajuste menos basado en grandes podas presupuestarias y más en medidas estructurales. El equipo técnico del Fondo mencionó en su último comunicado:
«Con el tiempo, se espera que las reformas bien planificadas del marco tributario, de pensiones y fiscal mejoren aún más la calidad y la durabilidad del ancla fiscal».
Esta perspectiva sugiere un cambio fundamental en cómo se concibe el sostenimiento del superávit, priorizando la estabilidad a largo plazo sobre los recortes coyunturales.
