El Gobierno busca recortar subsidios de «Zonas Frías» y focalizar la ayuda en vulnerables
El Gobierno nacional impulsa esta semana en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para modificar el régimen de subsidios al gas por “Zonas Frías”. La iniciativa, que cuenta con el respaldo del oficialismo y de un sector de sus aliados parlamentarios, busca reducir significativamente el universo de beneficiarios y concentrar la ayuda estatal en los hogares considerados vulnerables, en línea con la política de ajuste fiscal de la administración de Javier Milei sobre el sistema energético.
La reforma propone revisar la ampliación del régimen aprobada en 2021, a través de una ley promovida por Máximo Kirchner. Esa normativa extendió el beneficio a millones de usuarios en provincias que históricamente no estaban incluidas en las regiones subsidiadas, como sectores de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis y Mendoza. Con los cambios que impulsa el oficialismo, el esquema volvería a concentrarse en las zonas originalmente contempladas: la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe.
Criterios socioeconómicos y el SEF como filtro
El proyecto oficial ya obtuvo dictamen de mayoría en comisión y forma parte del paquete legislativo que el oficialismo intentará aprobar en la sesión prevista para esta semana. El Gobierno argumenta que el objetivo es “ordenar” el sistema de subsidios y corregir las “distorsiones” que, aseguran, se generaron con la ampliación territorial del programa. El nuevo esquema prevé que los descuentos tarifarios queden atados a criterios socioeconómicos y no solamente geográficos.
En ese marco, la continuidad del beneficio estaría vinculada a la inscripción en el Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el programa utilizado por la Secretaría de Energía para segmentar usuarios según sus ingresos y patrimonio. Esto implica que, aunque se resida en una zona fría, el acceso al subsidio dependerá de la situación económica del hogar.
Historia y costo fiscal del régimen
El régimen de Zona Fría fue creado en 2002 mediante la Ley 25.565 con el fin de compensar el mayor consumo de gas en regiones con bajas temperaturas. El esquema original otorgaba descuentos de hasta el 50% sobre la tarifa plena y alcanzaba a provincias patagónicas y zonas específicas del país. Sin embargo, la ampliación aprobada hace cinco años incorporó a más de tres millones de usuarios adicionales, elevando significativamente el costo fiscal del sistema.
Desde la Casa Rosada, sostienen que el programa terminó incluyendo sectores de ingresos medios y altos que no requerían asistencia estatal. Como antecedente, el Gobierno ya había recortado subsidios a unos 150.000 beneficiarios tras detectar irregularidades, como la posesión de más de un medidor registrado a su nombre. También eliminó beneficios para residentes de countries y barrios cerrados, así como para usuarios de Puerto Madero que estaban categorizados como hogares de ingresos bajos o medios.
Tensión política por el impacto en las tarifas
La modificación del régimen se enmarca en la política de reducción de subsidios energéticos que el Gobierno viene aplicando desde el inicio de la gestión libertaria. El Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía avanzaron durante el último año en una fuerte recomposición tarifaria con el objetivo de disminuir el peso de las transferencias estatales y acercar las tarifas al costo real de los servicios.
El debate promete generar una significativa tensión política, especialmente en las provincias donde el beneficio alcanzó a millones de hogares tras la ampliación de 2021. Gobernadores y legisladores de distritos del centro del país ya expresaron su preocupación por el impacto que tendría la quita de subsidios en las facturas de gas, en plena temporada invernal, afectando el poder adquisitivo de sus ciudadanos.
