Santa Cruz: Asumieron nuevos vocales en el TSJ y revisarán 80 nombramientos

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz quedó finalmente conformado con sus nueve miembros, en cumplimiento de una orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La decisión pone fin a ocho meses de una férrea resistencia del kirchnerismo provincial, que había declarado inconstitucional la Ley 3949 que amplía el número de vocales, obligando a que la situación se dirimiera en el máximo tribunal federal.

La primera reunión de acuerdo extraordinario del cuerpo se desarrolló en un clima de marcada tensión entre los vocales antiguos y los recién asumidos. A pesar de los «pases de factura», se tomaron decisiones cruciales: se designó a Gabriel Nolasco Contreras Agüero como nuevo presidente, en reemplazo de Reneé Fernández, y se cambió la representación en el Consejo de la Magistratura. Además, se estableció que los futuros ingresos al Poder Judicial serán por concurso y se anunció la revisión de los últimos 80 nombramientos.

Un día clave tras la intervención de la Corte

Este lunes marcó el primer encuentro cara a cara de los vocales, luego de que la Corte Suprema, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, reconociera la vigencia de la ley de ampliación del TSJ. Veinticuatro horas después de la resolución, el tribunal provincial había emitido un escueto comunicado acatando la orden federal.

La jornada comenzó temprano en el edificio de Río Gallegos. A primera hora, llegaron los vocales Sergio Acevedo, Contreras Agüero, Lucio de la Vega y José González Nora –quienes habían sido designados entre septiembre y octubre pasado, pero se les negó el sueldo, el cargo y el ingreso al edificio–, junto a Daniel Mariani, el histórico vocal que había sido desplazado de la presidencia tras tomar juramento a los nuevos miembros. Mariani había sido objeto de una circular emitida por Reneé Fernández que prohibía acatar sus órdenes, la cual se había cumplido hasta ahora.

Según reconstrucciones de testigos, Mariani fue quien instruyó a los empleados a notificar al resto de los vocales la convocatoria a una reunión de acuerdo extraordinario para las nueve de la mañana. Minutos antes de la hora señalada, llegaron Reneé Fernández, Fernando Basantta y Alicia de los Ángeles Mercau. Paula Ludueña, otra de las vocales, faltó con aviso por enfermedad de un familiar.

Cambios y denuncias en un clima tenso

El salón de acuerdos fue escenario de un clima tirante. No era una reunión entre extraños; la mayoría se había cruzado en ámbitos judiciales o políticos. Tal es el caso de Reneé Fernández, quien ejerció en la Secretaría Legal y Técnica de la gobernación durante la presidencia de Néstor Kirchner, cargo que se proyectó en parte de la gobernación de Acevedo.

Las votaciones no fueron unánimes. En un intento por buscar acuerdos, en lugar de proponer la restitución de Mariani en la presidencia, se postuló a Contreras Agüero –fiscal y juez de instrucción con más de 20 años de carrera judicial–, quien recibió seis votos a favor y la negativa de Fernández y Mercau. Mariani, por su parte, fue votado para integrar el estratégico Consejo de la Magistratura, cargo que hasta ahora ocupaba Basantta, vocal que atravesó un juicio político en diciembre y sobre quien podría reactivarse un expediente. Mariani asumirá su nuevo rol este martes.

“Nos queda un largo trabajo por delante”, expresó uno de los vocales a LA NACION, anticipando la revisión de los 80 nombramientos recientes, bajo la presunción de que muchos cargos en el Poder Judicial se otorgaron sin ponderar la capacidad de los designados. Este reordenamiento institucional no se limita a la composición del plenario; también se espera la reactivación de causas pendientes de resolución en diferentes tribunales provinciales.

Mientras el TSJ parece encaminarse, en la Mesa de Entradas de la Legislatura provincial ingresó una denuncia formal y pedido de juicio político contra los vocales Fernández, Mercau, Ludueña y Basanta. La presentación, firmada por el abogado Sergio Macagno, alega “ejercicio abusivo de la función jurisdiccional”, conflicto de interés, alteración del equilibrio de poderes, afectación del principio de imparcialidad, incumplimiento del deber de excusación, obstrucción del control constitucional y eventual comisión de conductas penales en el ejercicio de sus altos cargos.