Investigan licitación por jardinería en Casa Rosada y Olivos
El fiscal federal Ramiro González solicitó formalmente al Gobierno nacional la entrega del expediente completo de una licitación clave. El pedido se enmarca en una investigación preliminar sobre la contratación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de riego para los espacios verdes de la Residencia Presidencial de Olivos y la Casa de Gobierno.
La medida de González es un paso previo fundamental para determinar si corresponde abrir una investigación penal. El fiscal argumentó su decisión señalando que, al desconocer el estado actual del proceso licitatorio, “se considera necesario requerir información vinculada al trámite del procedimiento licitatorio y al estado actual del mismo”.
La denuncia que originó este expediente fue presentada por la diputada nacional Marcela Pagano. La legisladora, quien llegó al Congreso por La Libertad Avanza pero actualmente se encuentra distanciada del bloque oficialista, apuntó contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Los presuntos delitos denunciados son fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Cuestionamientos a la competencia en la licitación
La Licitación Pública en cuestión es la N° 23-0005-LPU26, convocada directamente por la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. El principal cuestionamiento, según relató el fiscal González en su resolución, radica en la aparente falta de competencia real entre los oferentes.
“Se cuestiona que en dicho procedimiento se habrían presentado como oferentes las firmas La Mantovana de Servicios Generales SA y Grub SA, pese a que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia mediante dictamen IF- 2024-105621660-APN-CNDC#MEC, concluyó que ambas integran un mismo grupo económico, circunstancia que, según se sostiene, generaría una apariencia ficticia de competencia en el marco de la licitación”.
Esta situación, de confirmarse, podría constituir una maniobra para simular una pluralidad de ofertas donde en realidad no la hay, afectando la transparencia y la equidad del proceso de contratación estatal.
Próximos pasos de la fiscalía
Una vez que la fiscalía reciba y analice toda la documentación solicitada sobre la licitación, el fiscal Ramiro González evaluará la información para decidir si corresponde impulsar formalmente una causa penal. La instancia actual es crucial para determinar la existencia de elementos suficientes que justifiquen una investigación más profunda sobre los presuntos delitos denunciados.
