Hidrovía del Paraná: guerra de intereses por la licitación más codiciada

La licitación para la concesión de la Hidrovía del Paraná, considerada la más importante y sensible de Argentina, ha entrado en una fase decisiva, revelando una intensa puja de intereses políticos y económicos. El Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial los nombres de los dos consorcios que se disputan un contrato millonario y el control de una vía navegable de vital importancia geopolítica.

Este proceso, que ya había generado controversia con la anulación de una primera licitación el año pasado, vuelve a estar envuelto en un «kermesse de lobby desatado», con denuncias cruzadas, pliegos cuestionados y el fantasma de los negocios políticos. Empresas europeas, operadores locales, exportadores, estudios jurídicos y figuras con largo recorrido en el poder se disputan el control de este corredor fluvial, fundamental para la salida de la mayor parte de los dólares del país.

Los consorcios en pugna y sus antecedentes

Formalmente, la contienda se centra entre dos grupos. Por un lado, el consorcio liderado por la belga Jan de Nul, en asociación con la argentina Servimagnus (vinculada a una rama de la familia Román). Por otro lado, la también belga DEME, que se presenta junto a las norteamericanas Great Lakes, Clear Street y KKR.

El consorcio que encabeza Jan De Nul aparece como el que mayores chances tiene de quedarse con el negocio. La compañía belga, que ganó protagonismo en Argentina de la mano del grupo Emepa del empresario Gabriel Romero en la licitación de los años 90, aportó el know-how inicial para el dragado del Paraná. Romero, quien fuera socio de Jan De Nul a través de Hidrovía Sociedad Anónima, es conocido por haber sido uno de los arrepentidos en la causa de los Cuadernos de las Coimas. En ese entonces, confesó haber pagado sobornos por US$600.000 para la renovación por decreto de la concesión del tramo del río Paraná-Paraguay durante el gobierno de Cristina Kirchner, además de entregar retornos al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, por subsidios de su empresa Ferrovías.

Cuando estalló el escándalo de los Cuadernos, Jan De Nul y Romero, socios al 50% en Hidrovía S.A., se distanciaron públicamente, dejando la responsabilidad del lado argentino. Hoy, la empresa europea busca renovar la concesión por 25 años más.

Sospechas de direccionamiento y el rol de los actores de poder

El proceso de licitación actual, que lleva casi dos años y medio, ha generado sospechas de «direccionamiento» hacia Jan De Nul. La anulación de la primera licitación, horas antes de la apertura de sobres, se basó en argumentos de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que señalaban requisitos en los pliegos que solo cumplía la empresa belga. Estas sospechas se avivaron con la mención de los hermanos Neuss, amigos y vecinos de Santiago Caputo, asesor clave del Gobierno y hombre influyente en la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, organismo que lleva adelante el proceso y es dirigido por Iñaki Miguel Arreseygor, también cercano a Caputo.

Algunos servicios incluidos en el contrato, como relevamientos batimétricos e hidrométricos, control de derrames y salvamento de buques, podrían, según las voces críticas, ser una puerta de entrada para «amigos del poder» al negocio principal.

DEME, la otra empresa belga en competencia, ha manifestado su queja por un requisito de los pliegos que otorga 35 puntos de 100 a la «experiencia en una explotación similar». Este punto, según los observadores, solo puede ser cumplido por Jan De Nul, lo que coloca al resto de los competidores con una desventaja inicial del 35%.

Arreseygor, por su parte, ha denunciado lo que considera una «operación sin precedentes» para desbaratar el proceso, señalando a exfuncionarios como Guillermo Dietrich y Mauricio Macri, y a medios de comunicación, en el contexto de la anulación de la primera licitación. Sin embargo, sus advertencias de «avanzar con todo el peso de la ley» no tuvieron consecuencias.

El tablero geopolítico y la controversia internacional

La importancia estratégica de la Hidrovía del Paraná, por donde fluye más del 80% del comercio exterior de Argentina y Paraguay, y una parte significativa del de Uruguay y Bolivia, ha atraído la atención de potencias globales. Estados Unidos y China han seguido de cerca el asunto, cada uno con sus propios intereses.

Desde el inicio del proceso, una polémica cláusula impidió la participación de empresas chinas al establecer que no podían presentarse compañías con accionistas soberanos, lo que también afectó a YPF. China es el principal comprador de los productos que transitan por la hidrovía, lo que generó un conflicto diplomático.

Estados Unidos también expresó sus preocupaciones. Brian Mast, representante republicano por Florida y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, y Michael Jensen, asesor del presidente norteamericano sobre Asuntos del Hemisferio Occidental, se reunieron con Caputo. Mast manifestó que es «inaceptable» que, tras la asistencia de US$20.000 millones, no se permita a empresas norteamericanas trabajar en puertos y vías navegables argentinas.

Incluso empresas holandesas, como Boskalis y Van Oord, líderes mundiales en dragado, decidieron no participar, alimentando las sospechas de «direccionamiento» debido a las cláusulas de los pliegos que, según se dice en el ambiente, las inhabilitaban para competir con Jan De Nul.

El contrato, estimado por el Gobierno en US$550 millones anuales y por los privados en más de US$1100 millones, definirá el destino de uno de los negocios más controvertidos de Argentina por los próximos 25 años, no solo por su volumen comercial, sino también por su ubicación estratégica, que la convierte en una vía deseada para el tráfico ilegal.