SIRA: Stornelli evalúa imputar a exfuncionarios del BCRA por maniobras millonarias
El fiscal federal Carlos Stornelli avanza en una nueva arista de la investigación por las maniobras fraudulentas con el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y otras operaciones cambiarias irregulares. Stornelli estudia imputar a exfuncionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que integraron su directorio y áreas de supervisión durante la gestión kirchnerista en 2023, bajo la órbita de Sergio Massa como ministro de Economía.
La posible imputación se desprende de las pruebas recabadas en la causa que instruye la jueza María Servini, quien ayer dictó un embargo millonario sobre los bienes de 160 dueños de casas de cambio y financieras, incluyendo a Elías Piccirillo y Martín Migueles. La jueza Servini señaló que el “mecanismo fraudulento” afectó directamente las reservas de dólares del Estado, que al finalizar el gobierno de Alberto Fernández se encontraban en niveles negativos.
Según la investigación, operadores del mercado cambiario, entre ellos el conocido como “Rey del Blue”, habrían realizado “operaciones cambiarias fraudulentas” aprovechándose de las “flexibilidades y limitaciones del sistema de fiscalización del Banco Central”. La jueza fue contundente al afirmar que las “debilidades del Banco Central fueron explotadas de manera sistémica, así como un entramado de vínculos que les garantizó el acceso al mercado oficial de cambios y la neutralización de mecanismos institucionales de supervisión y detección”.
El foco en el directorio del BCRA y la Dirección de Supervisión
Durante 2023, el directorio del BCRA estaba presidido por Miguel Ángel Pesce, acompañado por Sergio Adrián Woyecheszen y Lisandro Pablo Cleri como vicepresidentes, junto a directores como Zenón Alberto Biagosch, Jorge Eduardo Carrera, Pablo Manuel Carreras Mayer, Juan Agustín D’Attellis Noguera, Claudio Martín Golonbek y Eduardo Hecker. Stornelli pone la lupa sobre la omisión de controles que habrían permitido que se gestaran maniobras por un total de 600 millones de dólares.
Debajo de la cúpula, la Dirección de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA, a cargo del superintendente Claudio Golonbek (cercano a Pesce), es otro de los puntos de interés. Esta dirección estaba integrada por Romina García, Diego Volcic (inspector jefe), Analía Jaime (inspectora general), Fabián Violante (gerente principal) y María Valeria Fernández (supervisora y auditora externa). Una de las pruebas clave es un audio atribuido a Romina García, donde en un sumario del BCRA, habría dicho que en las maniobras con las SIRA “había gente de arriba entongada”, frase que ella justificó haber pronunciado por nerviosismo.
En una causa paralela, el fiscal Franco Picardi, bajo la instrucción del juez Ariel Lijo, analiza imputar a un exfuncionario de la Secretaría de Comercio K, entidad que junto al BCRA y la Aduana, era responsable de autorizar las SIRA. Picardi cuenta con una conversación telefónica entre Francisco Hauque (exsocio de Piccirillo) y Martín Migueles, donde este último expresa su enojo y menciona querer “ver preso a Ariel Vallejos y Valeria Fernández”, posible alusión a un operador de “Sur Finanzas” y a la presunta auditora externa del BCRA.
El complejo entramado del “rulo financiero”
La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), en un informe reservado, desglosó el mecanismo utilizado. El esquema implicaba que 2.765 personas y 647 empresas entregaban 141 mil millones de pesos a 15 casas de cambio. Luego, firmas como Stema Cambios y Mega Latina realizaban intercambios internos de pesos para finalmente canalizar el dinero a través del Banco BST, que obtenía los dólares al tipo de cambio oficial del BCRA. Este “rulo financiero” generaba ganancias superiores al 100 por ciento durante el cepo cambiario.
Un ejemplo documentado por DAJUDECO es la operación entre el 3 y el 20 de octubre de 2023, donde la casa de cambio “Arg Exchange” (de Piccirillo y Migueles) informó compras de divisas por 67.900.000 dólares a través del “Banco Sucrédito Regional SAU”, vinculado al hermano de Piccirillo. Posteriormente, Sucrédito vendió esos dólares a “Intercash”, con una porción retirada en efectivo, perdiendo su trazabilidad.
El informe de la DAJUDECO también detalla que entre enero y agosto de 2023, 17 casas de cambio habrían recibido 141.596 millones de pesos de miles de personas y empresas. De ese monto, 129.640 millones de pesos se canalizaron en Stema Cambios y Mega Latina, que luego obtuvieron 507.448.000 dólares a través del Banco BST. Voceros del BST, sin embargo, aseguran que todas sus operaciones fueron informadas al BCRA y que por ello no están incluidos en el embargo de la jueza Servini.
La magnitud de la investigación abarca irregularidades por 600 millones de dólares en la causa de Servini y una cifra similar en la de Lijo, sumando un total que evidencia la sistematicidad de las maniobras durante el último cepo cambiario K.
