Universidades: “De cada $2 que deberían cobrar los docentes, cobran $1”

El sistema universitario argentino enfrenta una situación de «descreme» de sus mejores profesores y un deterioro progresivo de la calidad educativa debido a la drástica reducción de incentivos monetarios y el atraso salarial. Así lo advirtió el economista Javier Curcio, especialista en políticas fiscales y monitoreo de políticas públicas, quien aseguró que los docentes universitarios perciben hoy la mitad de lo que deberían.

Curcio, director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP Baires), dialogó con LA NACION en el marco de la reciente cuarta marcha federal universitaria. Su análisis subraya la urgencia de un acuerdo nacional que aborde no solo el financiamiento, sino también debates estructurales sobre la gratuidad y el acceso, para optimizar los recursos disponibles.

Atraso salarial y recorte presupuestario: una situación crítica

El economista calificó la situación como «crítica», señalando un «fuerte» atraso salarial y «significativos» retrasos en los gastos de funcionamiento. «Hay un atraso importante en el flujo de transferencias de estos primeros meses del año, es menor a lo que suele ser en otros años», explicó Curcio, en referencia a las tensiones entre el Gobierno nacional y las universidades.

La raíz del problema, según el especialista, radica en el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Mientras que el presupuesto aprobado para 2026 asciende a $4,8 billones, el cumplimiento de la ley requeriría cerca de $7 billones, generando una diferencia de aproximadamente $2,5 billones. Esta brecha, sumada a una inflación anual estimada del 10% en el presupuesto, que ya se proyecta en el 30% para el año, implica que el ajuste real terminará siendo aún mayor.

En términos salariales, la caída acumulada desde noviembre de 2023 se ubica entre el 32% y 33%. «De cada 2 pesos que deberían estar cobrando hoy los profesores universitarios, los directivos, cobran 1 y el otro se lo queda el Ejecutivo al no estar cumpliendo con la ley», sentenció Curcio. Este atraso duplica el promedio de reducción salarial en el resto del sector público, que ronda el 17%.

El impacto en las aulas y la necesidad de un diálogo ausente

Las consecuencias del ajuste ya se sienten en las facultades. «Estamos viendo un descreme: muchos profesores –y diría que entre esos los mejores– se van de la universidad o modifican su dedicación», lamentó Curcio, explicando que deben buscar actividades fuera de la institución para complementar sus ingresos. Este escenario pone en riesgo la vocación y la calidad de la enseñanza, especialmente en disciplinas donde hay otras oportunidades laborales.

El economista enfatizó la importancia de un debate profundo sobre la administración de los recursos, incluyendo el acceso a las carreras y la gratuidad. Propuso un «acuerdo nacional» para evitar el «derroche o exceso de consumo» de plazas, donde estudiantes se inscriben en múltiples carreras y las abandonan. Sin embargo, lamentó la falta de coordinación por parte del Ministerio de Capital Humano y la Subsecretaría de Políticas Universitarias.

«Estamos perdiendo la oportunidad de frente a toda esta escasez de debatir cómo hacemos para administrar esos recursos escasos», afirmó Curcio, instando al Gobierno a «recapacitar» y abrir canales de diálogo con los distintos actores del sistema universitario y la sociedad.

Estadísticas en retroceso y auditorías como «panfletos»

Curcio también criticó el retroceso en la publicación de estadísticas universitarias, que antes ofrecían mayor flexibilidad y desagregación. «Hoy tenemos una nueva estadística que se presenta, el último actualizado es el de 2023, no hay datos todavía de 2024», señaló, destacando la falta de información clara sobre ingresantes, estudiantes recurrentes y materias cubiertas por año.

Respecto a las auditorías, las consideró «panfletos vacíos de contenido», ya que las universidades siempre estuvieron sujetas a control de la Auditoría General de la Nación (AGN). Sin embargo, criticó que estas auditorías tienen años de retraso, una situación que, según Curcio, el actual Gobierno «entorpeció bastante» al dejar vacantes los cargos de auditores generales por casi dos años. «En vez de poner las prioridades donde esas urgencias lo requieren, se buscan chivos expiatorios que finalmente lo que buscan es argumentar el ajuste», concluyó.

Para el especialista, el financiamiento adecuado del sistema universitario requiere «diálogo, consenso y buscar un ritmo y un camino de ajuste que sea sostenible», permitiendo tanto la estabilización económica como la reforma y modernización de la universidad. Subrayó que la inversión en capital humano, a través del sistema educativo, es fundamental para un desarrollo sostenible del país.