Salud mental: polarización y acuerdo parcial en el Senado por la reforma de la ley

El Senado se convirtió en escenario de un intenso debate sobre la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental (N° 26.657), vigente desde 2010. En la segunda reunión plenaria, más de 30 oradores, entre profesionales, abogados, representantes de ONG y funcionarios, expusieron sus puntos de vista ante legisladores. Los ejes centrales de la discusión giran en torno a las internaciones, el rol del psiquiatra, la intervención judicial, la definición de riesgo grave y las fallas en la implementación de la norma actual.

A pesar de la polarización en varios aspectos, un consenso emergió: la ley requiere una actualización. Sin embargo, las propuestas del Poder Ejecutivo, que buscan jerarquizar el rol del psiquiatra y modificar conceptos clave, generaron tanto respaldo como un fuerte rechazo, especialmente por parte de psicólogos y representantes de varias provincias.

Las voces a favor de la reforma y el rol del psiquiatra

Ricardo Corral, presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras y jefe de Docencia e Investigación del Hospital Borda, abrió el debate señalando que entre 3 y 4 millones de personas en el país sufren algún trastorno grave, destacando el problema del acceso a la atención. Criticó la “antipsiquiatría” y defendió la propuesta oficialista de jerarquizar el rol del psiquiatra en los equipos interdisciplinarios.

Corral relativizó el peso de las internaciones al citar datos del Borda, donde se reciben unas 120.000 consultas y se internan alrededor de 1.000 pacientes anualmente. Alertó sobre la saturación de hospitales generales si se restringe la atención a centros polivalentes, calificándolo como una “mala utilización de los recursos”.

Marina Charpentier, fundadora de Grupo Familia Esperanza y madre del músico Chano, aportó la perspectiva de las familias. Expresó que “la salud no puede tener grieta” y lamentó que la política “interfiera en esta discusión”, pidiendo que la ley no se cambie cada cuatro años. En la misma línea, Juan Roza Alconada, director de la asociación civil Icona, defendió la modificación del concepto de riesgo cierto e inminente y la priorización de los psiquiatras en el equipo interdisciplinario, calificando el cierre de hospitales monovalentes como “un gran error”.

Emilio De Fazio, presidente de la Asociación de Instituciones de Salud Mental de la República Argentina, valoró la propuesta de dejar por escrito la intervención de equipos multidisciplinarios, la reducción de plazos para judicializar internaciones involuntarias y la redefinición del concepto de riesgo por “daño grave para la persona y terceros”.

Desde el ámbito jurídico, Marcelo López Mesa, abogado especialista en derecho civil y exjuez de cámara, enfatizó la importancia de que los jueces conserven su “rol preponderante” en la determinación de la capacidad y que los psiquiatras recuperen “cierta importancia que se les quitó” en la ley vigente, a la que consideró más una “ley de derechos humanos” que una de salud mental.

Las críticas: retroceso y desfinanciamiento

Marcelo Clingo, presidente de la Federación de Psicólogos y Psicólogas de la República Argentina (Fepra), manifestó la preocupación de sus colegas por un “retroceso sanitario y jurídico” en los cambios propuestos. Argumentó que la mayor relevancia otorgada a los psiquiatras en decisiones clave como las internaciones involuntarias y la definición de tratamientos, vulnera el marco normativo del ejercicio profesional de los psicólogos. Clingo advirtió que la escasez de psiquiatras en el interior del país podría restringir el acceso a la atención si el proyecto es aprobado.

Luciano Grasso, exdirector nacional de Salud Mental, calificó las modificaciones como “un retroceso” y atribuyó las deficiencias actuales a la “desorganización del sistema”. Consideró “arqueológica” la propuesta de resaltar el rol del psiquiatra, argumentando que la ley actual permite capacitar a otros profesionales para afrontar la demanda, especialmente en el interior del país, donde “un 70-80% de las personas que requieren tratamiento no están accediendo”.

La postura de las provincias fue contundente: 15 de ellas expresaron su desacuerdo con los cambios. Julieta Camels, subsecretaria de Salud Mental y Consumos Problemáticos del Ministerio de Salud bonaerense, describió una “megacrisis” con un aumento del 72% en internaciones provinciales y casi el 100% en menores de 18 años. Con solo 633 psiquiatras en el sistema público provincial, afirmó que la ley propuesta sería “inaplicable” y que la crisis actual exige más profesionales e infraestructura.

Martín Malgá, subsecretario de Salud Mental y Adicciones de La Pampa, y Agustín Yecora, secretario de Salud Mental de Jujuy, coincidieron en que la ley puede mejorarse con normativa y protocolos complementarios, sin necesidad de una reforma de fondo. A nivel nacional, existen 6.984 psiquiatras registrados.

María Graciela Iglesias, exjueza de Familia y titular del Órgano de Revisión, alertó sobre el riesgo de que “se diluya” el marco legal del Código Civil y Comercial, al señalar que el proyecto oficial introduce cambios no solo en la ley de salud mental, sino también en otras normas fundamentales del derecho argentino.

El clamor de las familias y la urgencia de la realidad

La voz más desgarradora provino de Norma Galeano, integrante de Madres Territoriales Línea Fundadora, quien citó nombres de menores que se quitaron la vida. “¿Saben lo que es llegar a un hospital y que te digan que, con una crisis, no tienen criterios de internación? A nosotras qué nos van a contar. Las familias están rotas. No podemos más. Es una realidad de nuestro país. Esta ley se llevó a muchos chicos. Si quieren estadísticas, busquen en los cementerios. Ahí están a quienes les dijeron que no tenían criterio de internación”, concluyó, apelando directamente a los senadores a escuchar las experiencias de quienes viven la crisis en el territorio.

A pesar de las profundas diferencias, la mayoría de los oradores coincidieron en la necesidad de actualizar la ley vigente y en la urgencia de que el Estado nacional y las provincias garanticen el presupuesto necesario para una atención integral y el seguimiento de los pacientes con problemas de salud mental y adicciones.