Maniobras en la AFA: buscan bloquear pruebas de EE.UU. y dilatar causas clave

Las investigaciones judiciales que involucran a los máximos responsables de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se encuentran en un estado de parálisis, con más de dos meses en “modo avión”. Los expedientes avanzan por inercia, a la espera de una crucial definición de la Cámara de Casación Penal, que tiene en sus manos la llave para desarmar una maniobra que buscó concentrar todas las causas relevantes en el juzgado federal de Campana.

Esta estrategia, formalmente impulsada por la defensa de los supuestos dueños de una mansión en Pilar, pero orquestada por un grupo de abogados cercanos a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, coincidió con el arribo de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia. Cuatro días después de su jura, el 9 de marzo, el juez Alejandro González Charvay solicitó a otros dos magistrados que se apartaran de sus investigaciones, logrando un éxito parcial en su intento de centralización.

Pero esta no es la única jugada en curso. El empresario Javier Faroni, quien habría recaudado casi 400 millones de dólares en Miami por encargo de la AFA, activó una nueva maniobra para invalidar el contenido de los discovery otorgados por jueces en Estados Unidos. Se trata de más de 3000 páginas con decenas de transferencias que, según revelaciones periodísticas de diciembre pasado, implicarían un desvío que superaría los 57 millones de dólares a través de diez empresas fantasma. Cuatro meses después, nadie ha sido citado a declarar.

La estrategia para anular pruebas y la definición de Casación

La maniobra para invalidar los discovery comenzó a gestarse en Estados Unidos a fines de marzo. TourProdEnter, la firma de Faroni y su mujer Erica Gillette, solicitó a los mismos jueces que concedieron los discovery que prohibieran la utilización de su contenido para las causas penales en Argentina. Esta acción, conocida en el derecho estadounidense como una “protective order” u orden de protección, se basa en el argumento de que los documentos fueron solicitados inicialmente por el empresario Guillermo Tofoni para una causa comercial contra la AFA. Recientemente, un juez del estado de Georgia hizo lugar a este pedido, pero solo en relación con el Synovus Bank, uno de los cinco bancos involucrados.

La segunda fase de esta estrategia busca invalidar estas pruebas directamente en las causas penales argentinas. Los abogados operan contrarreloj, dado un inminente fallo de la Cámara de Casación, que deberá decidir si las causas permanecen en Campana o regresan a la justicia federal o al fuero Penal Económico, donde se lograron los mayores avances. “Lo que hizo (González Charvay) cuando pidió las demás causas es arriesgado, o se queda con todo o se queda sin nada”, comentó una fuente de Tribunales al conocerse la jugada. La decisión de Casación se conocerá antes del próximo lunes.

Procelac sugiere nueva colaboración internacional y expedientes en disputa

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal Diego Velasco, ha intervenido en este escenario. En un informe de más de 50 páginas, al que tuvo acceso LA NACION, la Procelac sugirió avanzar con un nuevo pedido de colaboración internacional, detallando que esta autorización debe ser específica para cada causa en la que se solicita, e incluso planteó hacerlo a través de la Red de Recupero de Activos de Gafilat (RRAG).

El informe de la Procelac analizó en detalle el origen de los discovery y las transferencias de TourProdEnter a un entramado societario que incluye a Marmasch, Soagu Services, Velp y Velpasalt —cuatro sociedades creadas por personas de Bariloche—, o a la sociedad SOMA SRL, vinculada a la compra de la mansión de Pilar. El documento concluye que la documentación de los discovery “aporta información preliminar de notable relevancia para la investigación, en tanto permite reconstruir posibles trayectorias económicas de fondos vinculados con negocios de la AFA, identificar sociedades, cuentas y personas de interés, y orientar con precisión medidas de prueba locales e internacionales”.

Mientras tanto, otras causas contra los jerarcas de la AFA también enfrentan trabas, como el expediente con pedido de detención impulsado por un fiscal federal de Santiago del Estero, que analizó la red de sociedades de Toviggino y sus vuelos privados. El único expediente que avanza a ritmo sostenido es el que lleva adelante el juez Diego Amarante, donde Tapia y Toviggino están procesados por evasión. En este proceso, la defensa de Tapia, a cargo de Luis Charro, tuvo un traspié al olvidarse de presentar un escrito.

Con la definición de Casación a la vuelta de la esquina, en la AFA se anticipan festejos, mientras en Comodoro Py crece la versión de que el fallo podría alargar la agonía. Una fuente de los tribunales de Retiro sugiere que uno de los jueces podría considerar que la Cámara que debía resolver era la Penal Económico, lo que reenviaría la causa a ese tribunal para que decida sobre la competencia, extendiendo aún más los tiempos. Si la causa regresa a ese fuero, quedaría en manos de la jueza María Verónica Straccia, reconocida por su trayectoria técnica e incorruptibilidad.

A solo un mes del Mundial, en la Asociación del Fútbol Argentino también preocupa el frente externo. Las versiones sobre la posible colaboración de Juan Pablo Beacon, ex mano derecha de Toviggino, con la Justicia de Estados Unidos, generan pánico, ya que de su teléfono habrían surgido chats, documentos y videos con fajos de dólares. Beacon, por el momento, mantiene el misterio.