Gobierno retira capítulo clave sobre desalojos en barrios populares
El Gobierno nacional decidió eliminar un controvertido capítulo de un proyecto de ley que buscaba modificar la figura de la “inviolabilidad de la propiedad privada” y que, según sus críticos, abría la puerta a desalojos en los barrios populares del país. La decisión se tomó tras una enérgica protesta de la Iglesia Católica, que consideró que la iniciativa afectaba directamente el proceso de regularización dominial y urbanización de los asentamientos precarios.
La propuesta legal, que había sido recientemente ingresada al Congreso de la Nación, tenía como principal impulsor al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El capítulo en cuestión generó preocupación en diversos sectores por sus posibles implicancias sobre miles de familias que habitan en terrenos aún no regularizados.
Impacto en la urbanización y la ley de barrios populares
La objeción de la Iglesia se centró en que el texto propuesto por Sturzenegger chocaba con el espíritu y la letra de una ley clave sancionada por unanimidad durante la presidencia de Mauricio Macri. Esta legislación, de amplio consenso político, estableció el marco para la urbanización e integración sociourbana de los barrios populares, reconociendo la posesión de sus habitantes y estableciendo un camino hacia la regularización de la propiedad.
Para la institución religiosa, la iniciativa oficial amenazaba con desandar los avances logrados en materia de acceso a la tierra y vivienda digna para los sectores más vulnerables. La posibilidad de que se facilitaran los desalojos en contextos de precariedad dominial era vista como un retroceso significativo en la política de integración de los asentamientos.
El rol de la Iglesia como actor social
La intervención de la Iglesia Católica en este tema subraya su rol histórico como actor social relevante en Argentina, especialmente en la defensa de los derechos de los sectores marginados. Su pronunciamiento público y su capacidad de diálogo con el poder político fueron determinantes para que el Ejecutivo reconsiderara la inclusión del polémico capítulo en el proyecto de ley. La preocupación expresada por la institución reflejó un temor extendido sobre las consecuencias sociales de una medida de esta naturaleza.
