El Gobierno restituye a las Fuerzas Armadas la contrainteligencia militar
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa, restituyó a las Fuerzas Armadas la capacidad de realizar contrainteligencia militar. La medida, oficializada mediante la resolución 323/2026 y firmada por el ministro teniente general Carlos Alberto Presti, deroga una normativa de la gestión kirchnerista de 2006 que había separado estas funciones esenciales para la defensa.
La cartera de Defensa justifica la decisión en la necesidad de modernizar el Sistema de Inteligencia de Defensa y adecuarlo a un escenario internacional complejo, marcado por nuevas amenazas externas. Según explicaron desde el Ministerio, esta separación de inteligencia y contrainteligencia era una “situación excepcional” que no se observa en los sistemas de defensa modernos y generaba “grandes vulnerabilidades frente a operaciones externas de influencia, obtención de información sensible y acciones dirigidas a afectar personal, infraestructura y capacidades militares”.
La resolución de 2006, firmada por la entonces ministra Nilda Garré, se basaba en un “criterio doctrinario de fuerte sesgo ideológico” que impidió a las Fuerzas Armadas contar con capacidades básicas de resguardo durante dos décadas, según la visión actual del Gobierno. Con esta nueva disposición, se busca corregir lo que se considera una “anomalía doctrinaria e ideológica” que limitó las capacidades esenciales del Sistema de Defensa.
Además de restablecer la contrainteligencia, la medida fortalece la conducción conjunta del área de inteligencia dentro de las Fuerzas Armadas y establece “mecanismos explícitos de control y coordinación institucional a través de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)”.
Impacto político y el nuevo esquema
La decisión del Gobierno ya genera repercusiones en el ámbito político. Se espera que el tema sea central en el Primer Congreso de Defensa Nacional que organizará el Partido Justicialista este viernes en su sede de Matheu 130. Allí participarán exministros kirchneristas como Nilda Garré, Agustín Rossi y Jorge Taiana, quienes seguramente debatirán sobre “Soberanía, Fuerzas Armadas y desafíos estratégicos de la Argentina del siglo XXI”, y la reciente resolución se colará en la agenda.
Desde el Ministerio de Defensa, se insiste en que la nueva normativa se inscribe en un proceso más amplio de “modernización, integración y coordinación del Sistema de Inteligencia Nacional”, en línea con los lineamientos del presidente Javier Milei. La resolución adecua el sistema de inteligencia de la defensa a un contexto internacional atravesado por “amenazas híbridas, operaciones de influencia y organizaciones criminales transnacionales”.
Una fuente castrense estimó que, en la práctica, las Fuerzas Armadas podrán producir información sobre actores no estatales que pueden constituir amenazas, como las organizaciones Hamas y Hezbolá. Esto restablece “herramientas básicas de prevención frente a acciones dirigidas a afectar personal, infraestructura, información sensible y capacidades militares”.
Estructura del Sistema de Inteligencia de Defensa
El artículo 2 de la resolución 323/2026 detalla que el Sistema de Inteligencia de Defensa (SIDEF), que integra el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), estará conformado por la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y las direcciones generales de Inteligencia del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Estas reparticiones operarán como componentes independientes, pero bajo el control funcional de la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto.
El nuevo esquema también establece que la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, actualmente a cargo del general de división Jorge Alberto Puebla, será la encargada de efectuar “requerimientos de inteligencia en función de las necesidades de inteligencia de la defensa a través de directivas de Inteligencia específicas sectoriales”. Esta secretaría impartirá al Estado Mayor Conjunto “los lineamientos generales que orienten la planificación y la producción de inteligencia del Sistema de Inteligencia de Defensa, en concordancia con las Directivas de Inteligencia Nacional correspondientes”.
Es importante destacar que la nueva normativa mantiene expresamente las prohibiciones vigentes respecto a actividades de inteligencia vinculadas a personas, organizaciones políticas, sociales, sindicales o actividades lícitas ajenas al ámbito de la defensa nacional. Con esta medida, el Gobierno busca que “Argentina avance en la modernización de su sistema de defensa y adecue sus capacidades de inteligencia militar a los desafíos del escenario internacional actual”.
