Maniobra del dólar blue K: Servini embargó a Piccirillo y un centenar de financistas por $859.000 millones
La jueza federal María Servini, a pedido del fiscal Carlos Stornelli, ordenó este martes un embargo preventivo de 859.516.312.545 pesos sobre los bienes de Elías Piccirillo, sus socios y un centenar de dueños de agencias de cambio. La medida judicial se enmarca en una investigación por presuntas maniobras con el dólar blue y un “rulo financiero” que operó durante la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
Esta causa representa la segunda investigación sobre el mismo esquema. La primera está a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi, y apunta a un ex funcionario de la Secretaría de Comercio del entonces ministro Matías Tombolini por supuestamente cobrar coimas a cambio de la aprobación de SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina), según revelaron fuentes judiciales.
En la resolución judicial, a la que tuvo acceso Clarín, la jueza Servini se basó en un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO). Este informe detalla que, entre el 1 de enero y el 1 de septiembre de 2023, las entidades bajo investigación declararon operaciones de compra de moneda extranjera por 475.533.114.424 pesos y ventas por 418.278.740.007 pesos en la base RIOC del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
El sofisticado esquema delictivo
La investigación de la DAJUDECO reveló que el 96% de las compras de moneda extranjera fueron realizadas por un grupo específico de casas de cambio, entre las que se destacan Mega Latina SA, Stema Cambios SA, Cambios Bacarat SA, Arg Exchange SA y Gis Cambio SA. De este total, el 99% de las ventas fue transferido por Gis Cambio SA, Arg Exchange SA, Cambio Posadas SRL, Andie SRL, Intercash SAS, Cambios Bacarat SA, Eden SRL, Dibehi SAS, Majo Finanzas SA y Gestiones San Miguel SA. De estos montos, se extrajeron en efectivo 607.432.023 dólares estadounidenses, casi la totalidad desde el Banco de Servicios y Transacciones. Cabe destacar que Arg Exchange y Gis Cambio son propiedad de Elías Piccirillo y su socio Martín Migueles.
El informe también subraya que “notas de diferentes agencias de cambio, principalmente de Mega Latina SA, Stema Cambios SA, Cambios Bacarat SA, Eden SRL, Andie SRL, Gallo Cambios SAS, indicaron que las extracciones físicas de divisas tenían como finalidad la cancelación de operaciones de cambio, sin que de esa documentación surgiera con precisión la individualización de la contraparte o del destino de los fondos”.
Irregularidades y sanciones del Banco Central
Además, se detectaron operaciones de compra de moneda extranjera, principalmente dólar estadounidense, que no fueron informadas por las financieras por un monto de 163.587.227.936 pesos, y ventas por 12.839.114.997 pesos. Estas irregularidades llevaron a que 15 de las casas de cambio investigadas fueran sancionadas por el Banco Central.
La jueza Servini detalló que los investigados llevaron a cabo “operaciones cambiarias fraudulentas, se aprovecharon de las flexibilidades y limitaciones del sistema de fiscalización del Banco Central de la República Argentina, cuyas debilidades conocían y explotaron de manera sistémica, así como de un entramado de vínculos que les garantizó el acceso al mercado oficial de cambios y la neutralización de mecanismos institucionales de supervisión y detección”.
El mecanismo se iniciaba con el ingreso de pesos argentinos al sistema financiero, a través de casas de cambio “minoristas” que recibían fondos de personas físicas y jurídicas sin registro de operaciones de cambio ni respaldo documental suficiente. Una vez inyectados los pesos, se simulaban operaciones cambiarias legítimas ante el BCRA para acceder a la compra de dólares al tipo de cambio oficial sin limitaciones. Varias casas de cambio simulaban transacciones entre ellas para generar un flujo de dinero “legal” que respaldara las operaciones informadas en la base RIOC.
Este esquema fraudulento “redundó en la disposición patrimonial por medio de la sustracción del mercado legal de al menos 607.432.023 dólares estadounidenses a través de extracciones en efectivo, con una ganancia posible ilícita proporcional a la brecha cambiaria vigente – que en este período llegó a superar el 100% – en perjuicio del sistema de la administración de reservas y del destino regulatorio asignado a la adjudicación de divisas al tipo de cambio oficial”.
La jueza concluyó que el mecanismo afectó directamente las reservas de dólares estadounidenses del Estado Nacional, en un contexto de estricto cepo cambiario.
