La comunidad universitaria advierte sobre una «situación crítica» y acusa al Gobierno de «romper el contrato social»
La comunidad universitaria nacional llevó a cabo este martes la cuarta marcha federal en reclamo por los 203 días sin aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno de Javier Milei. En un extenso documento, las autoridades académicas, gremios docentes y agrupaciones estudiantiles sostienen que el actual sistema de financiamiento es “crítico”, acusando al Gobierno de “romper el contrato social” y alertando sobre una caída real del 45,6% en los fondos destinados a las universidades nacionales.
El texto, difundido tras la movilización, incluye un pedido explícito a la Corte Suprema de Justicia para que intervenga ante el “desprecio institucional” del Poder Ejecutivo por desoír leyes del Congreso y fallos judiciales. Asimismo, advierte que el recorte presupuestario y el congelamiento de las becas estudiantiles ponen en riesgo la continuidad del sistema estatal de educación superior, pilar fundamental para el desarrollo del país.
Un diagnóstico alarmante: financiamiento y salarios en picada
El documento subraya que el financiamiento del sistema universitario nacional es “crítico” debido al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que establece un piso de recursos para el normal desenvolvimiento del sistema. Las transferencias a universidades nacionales, según el informe, registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que representa una “reducción inédita de los recursos disponibles”.
La situación salarial también es un punto central del reclamo. La comunidad universitaria denuncia que la política salarial impuesta por el Gobierno “cerró las paritarias y produjo un deterioro alarmante del poder adquisitivo”. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, mientras la inflación acumuló un 293,30%, los salarios solo aumentaron un 147,30%, lo que implica una pérdida de poder adquisitivo del 37,13%. Esta situación, detallan, equivale a la pérdida de aproximadamente 10,9 salarios en el período y ubica a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años, y entre los más bajos de América Latina.
Las y los trabajadores de las universidades públicas cobran salarios que no nos permiten llegar a fin de mes y cubrir las necesidades básicas.
Además, el documento advierte que la progresiva pérdida salarial “causa la destrucción de nuestras obras sociales, del sistema de salud y de los haberes jubilatorios”, afectando gravemente las condiciones de vida de docentes y no docentes.
Becas congeladas y «desprecio institucional»
El sistema de apoyo a los estudiantes también sufre un “profundo deterioro”. Las principales becas nacionales, como las Becas Progresar, permanecen congeladas frente a una inflación creciente, perdiendo gran parte de su poder adquisitivo y dejando de cumplir su función de acompañamiento económico. Las Becas Estratégicas Manuel Belgrano atraviesan una situación de incertidumbre y desfinanciamiento, afectando a estudiantes de áreas clave para el desarrollo nacional.
La reducción y el deterioro de estas políticas expulsan estudiantes del sistema universitario, profundizan las desigualdades sociales y ponen en riesgo la posibilidad de que miles de jóvenes puedan continuar sus estudios.
En un tono enérgico, el comunicado denuncia una “ruptura del acuerdo democrático de la división de poderes”. Acusa al Poder Ejecutivo de “alzarse contra los otros dos poderes de la República” al ignorar la Ley de Financiamiento Universitario N°27.795 y desoír los fallos judiciales que ordenan su cumplimiento. “Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho”, afirma el texto.
Un llamado a la Corte y la defensa de la educación pública
La comunidad universitaria enfatiza que la universidad pública, gratuita y federal es un “valioso logro de muchas generaciones” y un instrumento de justicia social que promueve la movilidad social ascendente. Reafirma que la educación es y debe ser el medio para reducir las desigualdades y la exclusión.
El documento culmina con un llamado directo a la Corte Suprema de Justicia para que “acompañe y escuche el clamor de las plazas de toda la república y no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario”. Insiste en que la defensa de la universidad pública es crucial para el futuro del país.
No permitamos que los pilares de nuestras universidades —trabajadores docentes, no docentes, investigadores y estudiantes— sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el País será solo un sueño.
