Recorte a Parques Nacionales: en riesgo la conservación de Cataratas
El Gobierno nacional oficializó un significativo recorte presupuestario que impacta directamente en la operatividad y conservación de 46 áreas protegidas del país. La Decisión Administrativa 20/2026, que lleva las firmas del vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, establece una quita de 2.557 millones de pesos. Esta medida genera preocupación en el sector ambiental, especialmente por sus consecuencias en la preservación de espacios icónicos como el Parque Nacional Iguazú.
La reducción de fondos afecta de manera directa componentes esenciales para el funcionamiento de estas unidades. Entre las áreas más comprometidas se encuentran los recursos destinados a los patrullajes, que son cruciales para la vigilancia y el control de actividades ilegales dentro de los parques. Asimismo, se ven disminuidos los presupuestos para el combate de incendios, una problemática recurrente y devastadora en diversas regiones del país, y para el mantenimiento general de la infraestructura y los servicios que estas áreas ofrecen a visitantes y la comunidad científica.
Impacto en la joya del Litoral
Uno de los puntos críticos de este ajuste es su incidencia en el Parque Nacional Iguazú, una de las principales atracciones turísticas de Argentina y Patrimonio de la Humanidad. La conservación de las Cataratas del Iguazú y su biodiversidad asociada requiere una inversión constante en personal, equipamiento y programas de manejo. La disminución de recursos podría comprometer la capacidad de respuesta ante emergencias ambientales y el monitoreo de especies, afectando a mediano y largo plazo el ecosistema y la experiencia de los millones de turistas que lo visitan anualmente.
Alcance nacional del ajuste
Si bien el Parque Nacional Iguazú es un emblema, el recorte se extiende a un total de 46 áreas protegidas a lo largo y ancho del territorio argentino. Esto implica que parques nacionales de diversas ecorregiones —desde la Patagonia hasta el Noroeste y Cuyo— verán mermados sus presupuestos. Las implicancias se proyectan sobre la investigación científica, la educación ambiental y el desarrollo de infraestructura turística sostenible, pilares fundamentales para la gestión de estos espacios y su contribución al desarrollo regional.
La Decisión Administrativa 20/2026 se enmarca en la política de ajuste fiscal impulsada por el Gobierno nacional, que busca reducir el gasto público en diversas áreas. Sin embargo, la comunidad ambiental y sectores del turismo advierten sobre las posibles consecuencias negativas de estas medidas en la capacidad del Estado para proteger el patrimonio natural del país, el cual no solo tiene un valor intrínseco, sino que también representa un motor económico y un recurso estratégico para el futuro.
