Nuevo régimen laboral: ¿la clave para más empleo formal o insuficiente?

El Gobierno nacional reglamentó en la última semana el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), una medida que busca impulsar el empleo formal a través de una significativa reducción de las contribuciones patronales. Sin embargo, su puesta en marcha ha desatado un intenso debate entre empresarios, abogados laboralistas y economistas sobre su impacto real en el mercado de trabajo argentino, que aún muestra señales de debilidad en consumo y actividad.

La discusión central gira en torno a si una baja en el costo laboral es suficiente por sí misma para estimular nuevas contrataciones o si las empresas solo incorporan personal cuando existe una mayor demanda y necesidad de producción. El RIFL, que entró en vigencia el pasado lunes, aplica para nuevas relaciones laborales iniciadas entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027.

La generación de empleo no se da por una ley. Si necesitás gente vas a tomar, y si no, vas a despedir aunque tengas prohibición de despidos (Juan José Etala)

Juan José Etala, abogado laboralista y presidente del Departamento de Política Social de la UIA, si bien valoró la mejora en las condiciones para contratar, expresó a Infobae que “la generación de empleo no se da por una ley”. No obstante, resaltó que la reducción de costos es considerable: “Doce puntos es mucha plata”, en referencia al alivio sobre las contribuciones patronales. Etala también destacó que tanto la reforma laboral de la Ley Bases como la reciente reglamentación brindan “más certeza y más previsibilidad para contratar”, elementos que, según él, cualquier empresa que necesite personal puede aprovechar.

La mirada empresaria: “Condición necesaria, no suficiente”

Desde el sector empresario, la visión es similar. Ricardo Diab, presidente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), calificó las nuevas reglas como “una condición necesaria pero no suficiente” para impulsar el empleo formal. “Bienvenida sea toda norma que mejora las condiciones para acceder al trabajo formal, que incentive la contratación de personal y que dé previsibilidad para desafectar una relación laboral. Pero es condición necesaria, no suficiente, para generación de empleo. Tienen que estar dadas condiciones de demanda para poder hacerlo”, explicó.

Diab puso el foco en la difícil situación que atraviesan muchas pequeñas y medianas empresas, con un consumo “caído” que lleva 11 meses consecutivos a la baja en términos interanuales, según datos de CAME. A pesar de esto, el dirigente aseguró que las pymes se resisten a desprenderse de personal, ya que muchas son empresas familiares. Sin embargo, insistió en que “si no tengo necesidad de tomar gente, no lo voy a hacer. Por eso necesitamos incentivo al consumo”, y reclamó mayores herramientas de financiamiento.

El empresario de CAME también remarcó un cambio positivo respecto a la incertidumbre previa por juicios laborales y multas, ahora eliminadas. Sin embargo, el dinamismo económico que justifique nuevas contrataciones solo se observa en sectores como el energético, la minería y el agro, que históricamente generan menos empleo.

Escepticismo sobre el impacto estructural

Soy muy escéptico respecto de la posibilidad de que este tipo de herramientas reduzcan sustantivamente la informalidad (Matías Maito)

Mientras algunos empresarios muestran un apoyo matizado, especialistas como Matías Maito, economista del CETyD (Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín), expresaron un fuerte escepticismo sobre la capacidad del RIFL para reducir significativamente la informalidad o generar empleo registrado a gran escala. Maito considera que “las medidas pueden facilitar situaciones puntuales para algunas empresas, pero no modificar la dinámica general del mercado laboral”.

Uno de sus cuestionamientos principales es que el beneficio de reducción de contribuciones alcance tanto a pequeñas como a grandes compañías. “La reducción es generalizada y también está planteada para las grandes empresas, donde el problema de los costos laborales sin duda no es un inconveniente para la formalización”, afirmó el economista, sugiriendo que las grandes firmas no necesitan este incentivo para contratar.

Maito vincula la discusión laboral con el modelo de crecimiento económico actual, que se concentra en sectores con baja capacidad de generación de empleo, como la minería o la energía, mientras que áreas intensivas en mano de obra como la industria, la construcción o el comercio enfrentan graves dificultades. “El empleo formal no crece aun en los momentos en los que la actividad económica crece, porque la actividad crece traccionada por sectores que no generan empleo”, sentenció.

En este escenario, el economista alertó sobre el crecimiento de “modalidades laborales más precarias o informales”, como las changas, vendedores ambulantes o trabajadores de plataformas, a los que denomina “empleos refugio”. Según un informe del CETyD, el empleo formal privado acumula ocho meses consecutivos de caída y se estima que desde comienzos de 2024 cerraron unas 26.000 empresas.

Detalles del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL)

El RIFL establece una reducción de las contribuciones patronales durante los primeros 48 meses de la relación laboral para empleadores que incorporen trabajadores que no registren empleo formal al momento de la contratación. El beneficio aplica a trabajadores contratados por tiempo indeterminado y registrados bajo convenio colectivo.

La reducción de cargas se aplicará sobre los aportes destinados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), el Fondo Nacional de Empleo y las asignaciones familiares. El Gobierno lo presenta como un instrumento central para incentivar la formalización y reducir el costo de contratación.

Los trabajadores que pueden ser contratados bajo este régimen son:

• Personas sin relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025.
• Personas desempleadas durante los seis meses previos a la contratación.
• Personas inscriptas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributistas).
• Personas que trabajen en el sector público, nacional, provincial o municipal.

El beneficio para las empresas consiste en una reducción de las contribuciones patronales, que actualmente oscilan entre el 18% y el 20,4%. Con el RIFL, todas las empresas abonarán un 5% de contribuciones sobre la nómina salarial de los nuevos puestos durante los primeros cuatro años. De ese 5%, el 2% se distribuirá entre el SIPA, el Fondo Nacional de Empleo y el Régimen de Asignaciones Familiares, y el 3% restante irá al subsistema regido por la Ley N° 19.032 (INSSJP).