Investigan dos muertes de bebés en El Calafate por presunta negligencia médica

El Hospital SAMIC de El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, se encuentra bajo una intensa investigación judicial por presunta negligencia médica. La causa se inició tras la denuncia de la muerte de dos bebés recién nacidos, ocurridas con diez días de diferencia durante el mes de abril en la Unidad de Neonatología del centro de salud.

Hasta el momento, la Justicia maneja tres denuncias, agrupadas en dos expedientes diferentes, que están a cargo del juez penal Alberto Albarracín. Las dos primeras fueron presentadas por las madres de los recién nacidos ante una Defensoría Oficial, que luego notificó a la Fiscalía de Instrucción local.

Una tercera denuncia, fundamental para la investigación, fue radicada por la neonatóloga María Victoria Bianchi. La médica, que se desempeñaba como itinerante en el SAMIC, presentó su caso en la Fiscalía de Córdoba, provincia donde reside, y ya fue notificada a los tribunales de El Calafate.

“Hice la denuncia porque me parece muy pertinente que la justicia intervenga por respeto a mí misma, a lo que viví en esos momentos y por respeto a los bebés muertos y a sus familias”, relató Bianchi en un video compartido en su cuenta personal de Instagram.

La especialista también hizo un llamado a la sociedad y a sus colegas para involucrarse en situaciones donde se detecte que un niño podría ser víctima de violencia o negligencia, destacando la importancia de estos actos para “realizar cambios y evolucionar como sociedad adulta, que cuida y protege a los niños, muchas veces en situación de vulnerabilidad”.

Frente a las acusaciones, las autoridades del Hospital SAMIC confirmaron públicamente que llevan adelante una investigación interna para esclarecer los hechos. A través de un comunicado difundido este viernes, la institución reafirmó su compromiso con la calidad de atención y la seguridad de los pacientes, asegurando que están colaborando plenamente con las autoridades judiciales y poniendo a disposición toda la documentación e información solicitada. El hospital también expresó “su acompañamiento y solidaridad con las familias afectadas”.

Aunque no se han difundido detalles sobre las medidas investigativas en curso, la investigación se mantiene bajo reserva, incluyendo la identidad de las familias damnificadas, según lo publicado por La Opinión Austral. Si bien se deslizó que las causas de muerte de los bebés podrían ser diferentes, las familias solicitaron una investigación profunda debido a sus sospechas.

En principio, la investigación busca descartar posibles fallas humanas en el cuidado y tratamiento de los bebés durante su internación en Neonatología, y se habría desestimado la posibilidad de un virus intrahospitalario como causa de los fallecimientos.

El antecedente del Hospital Neonatal de Córdoba

Este episodio en El Calafate cobra relevancia a menos de un año de la condena a prisión perpetua de la enfermera Brenda Agüero por el asesinato de cinco bebés y el intento de homicidio de otros ocho en el Hospital Neonatal de Córdoba. Este caso sentó un precedente inédito en la historia criminal y penal argentina.

Los ataques ocurrieron entre marzo y junio de 2022. La denuncia formal llegó a la Justicia por parte de Francisco Luperi, esposo de una médica de guardia, quien alertó sobre los sucesos. El primer día de la cronología, el 18 de marzo, se registraron dos ataques: uno a V.U.M., quien sobrevivió, y otro a Francisco Calderón Cáceres, que falleció once horas después de nacer.

En el caso de Calderón Cáceres, aunque no se le practicó autopsia, los análisis de laboratorio durante los intentos de reanimación revelaron niveles elevados de potasio en sangre y una mancha de sangre en su vestimenta. Estos signos adquirieron mayor importancia meses después, ante la sucesión de muertes y descompensaciones inexplicables que alarmaron al personal de salud.

Durante el juicio se analizaron trece casos, y solo a las últimas dos víctimas fatales se les realizó autopsia. En varios cuerpos se encontraron uno o más pinchazos en zonas no habituales para inoculaciones, y los recién nacidos presentaban niveles de potasio y/o insulina incompatibles con la vida, justificables únicamente por una inoculación externa. Los peritos coincidieron en que no existía mecanismo fisiológico que generara tal exceso.

Un dato clave para la condena fue que Agüero, cuya función era atender exclusivamente a las madres, no tenía razón para estar en contacto directo con los bebés. Sin embargo, se comprobó su presencia en todos los episodios y una “proximidad exclusiva” con madres y recién nacidos, llegando a quedarse sola con ellos en varias ocasiones.

La investigación del fiscal Raúl Garzón determinó que Agüero sustraía dosis de potasio e insulina de los “carros de paro”, que carecían de un control de inventario estricto, y las inyectaba a los recién nacidos de manera aleatoria y en distintos lugares, un patrón considerado compatible con la clandestinidad de los hechos.

El caso escaló el 6 de junio de 2022, cuando se produjeron cuatro descompensaciones de bebés en pocas horas. Los médicos declararon que nunca habían presenciado más de una muerte súbita o descompensación en recién nacidos en un mismo día, y menos aún cuatro casos simultáneos. Esa jornada marcó un quiebre, llevando al hospital a una crisis y al otorgamiento de licencias a decenas de profesionales, incluida Agüero.

Las muertes de Melody Luz Molina y Angeline Rojas fueron denunciadas de forma independiente, pero sus autopsias fueron decisivas para esclarecer los hechos e identificar el mecanismo de los ataques.

La lista de acusados en el caso de Córdoba también incluyó a ex funcionarios y personal médico. El jurado mixto absolvió a Alicia Beatriz Ariza, María Alejandra Luján, Claudia Ringelheim, Alejandro Gauto y Diego Cardozo. Sin embargo, otros imputados fueron declarados culpables por haber evitado “poner en conocimiento de la Justicia los casos que se venían sucediendo”, lo que se interpretó como una “conducta encubridora” para ocultar y desaparecer “rastros y pruebas”.