Proyecto de Ley de Propiedad: ¿Protección o desprotección habitacional?

El gobierno de Javier Milei presentó un proyecto de ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” que genera un profundo debate en Argentina. Si bien se argumenta la necesidad de “proteger la propiedad”, la iniciativa, impulsada por Federico Sturzenegger, introduce modificaciones en cinco leyes clave que, según especialistas y organizaciones, aceleran desalojos y afectan gravemente el derecho a la ciudad en un país donde millones de familias carecen de acceso formal a la vivienda.

La propuesta no solo busca agilizar los procesos de desalojo, sino que también debilita las herramientas de regularización de barrios populares y refuerza una concepción de la propiedad ligada estrictamente al mercado y la especulación. Esto implica una priorización del título registral y el activo económico por encima del uso, el derecho a habitar y la función social de la vivienda, convirtiendo a la tierra y a los bienes comunes en meras mercancías.

Barrios populares: menos amparo y más incertidumbre

En Argentina, más de 1,2 millones de familias residen en barrios populares, según datos del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), con un 35% de niños y niñas en este grupo. Muchos de estos asentamientos tienen décadas de existencia y sus habitantes construyeron sus hogares progresivamente, sin acceso a servicios formales ni a un título de propiedad. Esta situación no es una elección, sino el resultado de la imposibilidad de acceder a suelo y vivienda a través de los mecanismos formales.

La ley vigente de integración socio-urbana, en respuesta a este diagnóstico, estableció herramientas para garantizar la permanencia y avanzar en la regularización, incluyendo la suspensión de desalojos y la posibilidad de expropiar tierras para sanear la situación dominial.

El proyecto de Sturzenegger modifica drásticamente este esquema. Aunque mantiene la regularización en el discurso, elimina o debilita los instrumentos que la hacían posible. Se derogan los artículos que establecen la suspensión de desalojos por 10 años, lo que elimina una estabilidad mínima para las familias. Además, reduce el rol del Estado nacional, trasladando la responsabilidad a provincias y municipios sin asegurar los recursos necesarios. También se elimina la declaración de utilidad pública y expropiación, limitando la capacidad del Estado para intervenir en tierras de barrios populares, y se suprime la obligación de destinar al menos un 25% de las obras a cooperativas y organizaciones de los propios barrios.

Los procedimientos de desalojo se vuelven más rápidos y restrictivos en términos de defensa, dejando a las familias de barrios populares en una posición de mayor vulnerabilidad ante conflictos por la tierra. Esta situación es particularmente preocupante en un contexto donde la regularización ya presentaba avances lentos, y la respuesta del proyecto no es fortalecer los mecanismos existentes, sino aumentar la desprotección. La defensa de la propiedad privada, en este marco, no opera igual para todos, mientras emprendimientos privados avanzan sobre comunidades y áreas protegidas, los barrios populares son señalados como una amenaza.

En Mendoza, la organización Trabajadores Precarizados en Lucha (TPL) ya ha expresado su preocupación, denunciando que el proyecto “elimina las protecciones a los barrios populares”.

Alquileres: la amenaza del desalojo exprés

El último censo revela un crecimiento sostenido de hogares inquilinos, alcanzando un 27% en 2022, mientras los precios de los alquileres superan ampliamente los ingresos. Una parte significativa del salario se destina al pago de la vivienda y servicios, una situación agravada por la modificación de la ley de alquileres y el aumento del desempleo y la precariedad laboral, lo que pone en riesgo la continuidad habitacional de muchas familias.

El proyecto introduce cambios en el Código Civil y Comercial que impactan directamente en los tiempos y condiciones de los desalojos. Se establece un procedimiento sumarísimo, el más breve del Código, y se fija un plazo mínimo de apenas tres días corridos para saldar deudas antes de iniciar el desalojo. Además, se habilita la restitución anticipada del inmueble bajo ciertas condiciones y se incorpora explícitamente la facultad de uso de la fuerza pública, allanamientos y apertura de cerraduras durante la ejecución de los desalojos.

En la práctica, esto significa que situaciones que antes podían resolverse con negociación o tiempo para regularizarse, ahora enfrentarán plazos mucho más acotados, con la posibilidad de desalojos inmediatos por falta de pago o vencimiento de contrato. En un escenario de ingresos inestables y aumento de costos, esta medida podría dejar a más familias sin vivienda en menos tiempo. La problemática no reside en las reglas contractuales, sino en las condiciones materiales en las que se desarrollan, y acelerar los desalojos no resuelve el problema, sino que lo agrava.

¿Ciudades para pocos o para todos?

El proyecto se presenta como una respuesta a un sistema que no funcionó. Es cierto que la regularización de barrios populares ha sido lenta, las políticas de vivienda insuficientes y el acceso al suelo profundamente desigual. Sin embargo, la reforma propuesta no apunta a resolver estas problemáticas estructurales.

Anteriormente, la política reconocía que millones de personas vivían sin título por falta de opciones, buscando garantizar primero la permanencia y luego la regularización. El nuevo proyecto invierte este orden, priorizando el orden jurídico de la propiedad y debilitando la garantía de permanencia. La regularización se mantiene en el discurso, pero sin las herramientas suficientes para llevarla adelante, lo que pone en duda quiénes se beneficiarán de eventuales procesos.

Es fundamental defender la función social de la vivienda y asegurar que todas las personas tengan un techo digno. La existencia de personas viviendo en la calle o con temor a perder su hogar, mientras miles de viviendas permanecen vacías en las ciudades, es una contradicción que debe abordarse. La vivienda es un derecho, no una mercancía. La discusión, en última instancia, no se limita a la propiedad privada, sino a quién tiene el derecho a habitar la ciudad y bajo qué condiciones, requiriendo afectar los intereses de grandes propietarios y especuladores para garantizar un acceso equitativo al suelo y a la vivienda.